A lo largo de 2011, el Registro de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos que funciona en la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe recibió un promedio de dos denuncias por día. En general, los casos surgen a partir de la desaparición de adolescentes mujeres, aunque en la extensa lista aparecen víctimas de ambos sexos y de edades diversas.
Las estadísticas sorprenden. En la mayoría de los casos los menores desaparecidos son encontrados o regresan a sus grupos familiares por sus propios medios. Sin embargo, no todas las denuncias tienen finales felices.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Coutaz, reconoce que existe un porcentaje de casos que están directamente vinculados con el problema de la trata de personas y que, por lo general, éstos se producen en la ciudad de Santa Fe y en el norte de la provincia, donde el flagelo parece haber echado raíces profundas.
La provincia no es la excepción. Miembros de la Iglesia católica de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, acaban de plantear su preocupación por este fenómeno. Hablan, incluso, de un “crecimiento alarmante” de la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral o de robo y venta de órganos.
El documento fue elaborado por 60 obispos y dirigentes laicos, reunidos en el Encuentro de Diócesis de Frontera que se realizó en Gualeguaychú, Entre Ríos.
Según los representantes de la Iglesia Católica, existen “mafias organizadas que recurren, a su vez, a subredes menores, presentes en casi todas nuestras ciudades y pueblos, capitales o del interior”.
En la provincia de Santa Fe; la ciudad capital, el norte y la zona de la costa son consideradas “áreas calientes” en cuanto a la problemática de la trata de personas.
Víctimas de una vulnerabilidad extrema, adolescentes mujeres suelen caer en estas redes. El problema se agrava por una serie de prejuicios fuertemente instalados en amplios sectores de la sociedad. En muchos casos, integrantes de la Justicia, miembros de las fuerzas de seguridad y ciudadanos comunes, suelen reaccionar con cierta indiferencia ante las denuncias, pues suponen que las víctimas eligen libremente este trágico destino.
Cualquier intento aislado por enfrentar esta problemática resultará insuficiente e improductivo. De hecho, se trata de un delito federal, que implica el accionar de la Justicia Federal y de las fuerzas nacionales de seguridad. Sin embargo, la falta de coordinación continúa representando un profundo inconveniente que impide enfrentar la problemática con mayores posibilidades de éxito.
En algunos casos, las investigaciones resultan exitosas. Y allí aparece una nueva pregunta: ¿qué hacer con estas víctimas el día después de ser rescatadas? Una vez que son encontradas por las fuerzas de seguridad, de poco sirve que las jóvenes, adolescentes o niñas, retornen a la situación de extrema vulnerabilidad que sufrían antes de su ingreso a las redes.
El problema de la trata se ha instalado con fuerza durante los últimos años en la agenda de discusión social. Sin embargo, y al menos por ahora, numerosos interrogantes continúan sin respuestas.
