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Mayo de 2012. La policía detiene en el sur de la provincia de Santa Fe al narcotraficante Carlos Andrés Ascaini y le secuestra su automóvil Audi A4, dominio JKX-323, en el que llevaba droga oculta en la guantera. En diciembre de ese mismo año, el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, decide devolverle al narco el mismo vehículo que utilizaba para delinquir.
Junio de 2020. El fiscal federal Walter Rodríguez, de la ciudad de Santa Fe, le pide al juez federal Marcelo Bailaque una urgente orden de allanamiento para que la policía pueda ingresar a un domicilio de calle Crespo al 7951, donde se presume que se encuentra Lorena Guadalupe Melgarejo, una narcotraficante que tiene un prontuario de más de 20 años, sobre quien pesa un pedido de captura nacional e internacional y se sospecha que está relacionada con la aparición de una avioneta con marihuana encontrada en Naré, departamento San Justo. El juez Bailaque deniega el pedido y Melgarejo, todavía hoy, sigue prófuga.
El desempeño del juez federal Marcelo Bailaque está en la mira, aunque hasta el momento las distintas denuncias en su contra fueron desestimadas en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Mientras tanto, este juez que nació en Rosario y que fue magistrado federal en Santa Cruz hasta 2008, concursa para convertirse en camarista federal de Apelaciones y se encuentra primero en el orden de méritos.
En las últimas semanas los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra pusieron el foco sobre la conducta de este juez, luego de que un integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo mencionara durante el juicio contra el narcotraficante Esteban Alvarado que se desarrolla en la ciudad de Rosario.
Estos fiscales volvieron a pedir al Consejo de la Magistratura que evalúe el desempeño de Bailaque. Los fiscales dijeron que es imprescindible investigar a “quienes tenían a cargo aquella causa -la de Alvarado- y que no autorizaron medidas cruciales para el avance de ese trámite”.
En diciembre del año pasado, el Consejo de la Magistratura de la Nación desestimó una denuncia contra Bailaque, presentada por el exministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, en septiembre de 2020. En dicha denuncia se lo acusaba de dificultar la posible detención de la narcotraficante santafesina Lorena Melgarejo, al rechazar la orden de allanamiento para que la policía pudiera ingresar a un domicilio ubicado en calle Crespo 7951 de la ciudad de Santa Fe. También se le reprochaba el hecho de haber devuelto el automóvil secuestrado al narco Carlos Andrés Ascaini.
¿Quién es el juez federal Marcelo Bailaque?
Marcelo Bailaque nació en Rosario, tiene 59 años y en 2008 se convirtió en juez federal de su ciudad natal, luego de desempeñarse como magistrado en la provincia de Santa Cruz durante una década.
En 1987 se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario y dos años después dejó su ciudad. Según los datos que constan en el Poder Judicial de la Nación, los inicios de su carrera fueron como secretario de juzgado en lo Criminal y Correccional entre 1989 y 1994; defensor oficial entre 1994 y 1997; y juez de Instrucción en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, entre 1997 y 2008.
El paso de Bailaque por la Justicia santacruceña se recuerda por las primeras críticas que surgieron en su contra, debido a la forma en que se ordenó y desarrolló el desalojo de una fábrica que había sido tomada por desocupados en Caleta Olivia.
Los sucesos de Caleta Olivia fueron incluidos en un informe del Cels (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre derechos humanos, relacionado con la forma en que el Estado reaccionó ante las protestas sociales entre 2002 y 2007 en todo el país.
En una entrevista publicada el 25 de febrero de 2008 en el diario Rosario12, Bailaque respondía a las preguntas relacionadas con lo sucedido durante aquel desalojo: “Causas difíciles hay en todos lados. Es verdad que ha habido objeciones de determinados grupos. En cualquier rol que uno se desempeñe siempre hay distintas visiones, y cuando uno apoya una visión determinada, no la dice porque cree en lo que está haciendo. Digamos, lo que se proclama muchas veces es la queja, pero el apoyo no se proclama, y uno se siente satisfecho con lo que hace. Yo considero que hay mucha gente que está satisfecha con cosas que se han hecho, pero bueno, no lo van a levantar en andas a uno”.
Cuando Bailaque dejó Santa Cruz y llegó a Rosario, se hizo cargo del Juzgado Federal Nª 4, donde se encontraban radicadas las más resonantes causas vinculadas con el terrorismo de Estado en el sur de la provincia de Santa Fe durante la última dictadura.
A principios de 2020, el Congreso de la Nación comenzó a avanzar en reformas para recortar beneficios jubilatorios para jueces, fiscales y diplomáticos del país. Aquella decisión provocó una serie de jubilaciones anticipadas de magistrados en toda la Argentina. Entre otras, la del entonces juez federal 2 de Santa Fe, Francisco Miño.
A partir de ese momento, el Consejo de la Magistratura designó como subrogante en ese juzgado al rosarino Marcelo Bailaque. Y fue justamente en ese escenario que, el 26 de junio de 2020, se produjo un hecho en la ciudad de Santa Fe que derivó en una de las denuncias en su contra.
El día que no atraparon a la narcotraficante Lorena Melgarejo en Santa Fe
El 18 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández firmaba el decreto 293, y aceptaba la renuncia de Francisco Miño como juez federal de Santa Fe.
Bailaque debió hacerse cargo del Juzgado vacante hasta que, dos meses después, el fiscal federal Walter Rodríguez le solicitó de manera urgente una orden de allanamiento para que la policía pudiera irrumpir en un domicilio de esta capital. Pero la orden nunca llegó.
Según la denuncia presentada contra Bailaque en el Consejo de la Magistratura -que fue desestimada-, el 26 de junio de 2020 la comisario de la Policía de Santa Fe, Zulma Rapela, recibió un llamado de un vecino -que no dio su nombre porque, según sus palabras, temía “a los narcos del lugar”- y denunció que en una casa de Crespo 7951 se encontraba Lorena Guadalupe Melgarejo, sobre quien pesaba un pedido de captura nacional e internacional por narcotráfico.
En ese momento, el fiscal federal Walter Rodríguez venía investigando el caso de una avioneta proveniente de Paraguay y que era utilizada para transportar droga a la Argentina. La aeronave había sido encontrada en una zona rural cercana a Naré, localidad ubicada en el departamento San Justo, apenas a 84 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Y todo indicaba que Melgarejo estaba vinculada con estos vuelos.
Lorena Melgarejo ya contaba con un extenso prontuario. La primera investigación que la tuvo como imputada se produjo el 10 de marzo de 2000, cuando ella apenas tenía 24 años y se la vinculó con venta de drogas en una casa del barrio Cabaña Leiva, de esta ciudad. Durante los años que siguieron, fue detenida, juzgada y condenada en distintas oportunidades, por lo que cumplió penas de cárcel y también prisión domiciliaria por ser madre de dos hijos.
El día del llamado anónimo que alertaba sobre su posible presencia en Crespo al 7951, un patrullero de la Agencia de lnvestigación Criminal venía observando los movimientos de un Ford Focus, patente OVE-985, propiedad de la madre de Melgarejo. Entonces, los policías comenzaron a vigilar el domicilio apuntado. La tarea no era sencilla, ya que se trataba de una zona caliente de la ciudad y esto los obligaba a cambiar reiteradamente de posición.
A las 20.05 de aquel viernes, desde la Agencia de Investigación Criminal les informaron a los policías que el fiscal Walter Rodríguez ya había solicitado al juez Marcelo Bailaque una orden de allanamiento, para que pudieran irrumpir en el domicilio.
Efectivamente, unos minutos antes Rodríguez se había comunicado con Bailaque telefónicamente para ponerlo al tanto de lo que estaba sucediendo y solicitarle de manera urgente la orden para allanar la vivienda. Sin embargo, Bailaque se negó a otorgarle el permiso y puso como condición que el pedido fuera realizado por escrito y que se cargaran todos los datos en el sistema informático del Poder Judicial de la Nación.
Mientras todo esto sucedía y como el lugar donde se suponía que se encontraba Melgarejo era peligroso, los policías que estaban en el patrullero acordaron un punto de encuentro con refuerzos de las Tropas de Operaciones Especiales en la esquina de Blas Parera y Larrea de la ciudad de Santa Fe. Es que, si Melgarejo estaba ahí, no podían descartar que se produjeran enfrentamientos armados.
La orden de allanamiento no llegaba. Entonces, a las 22.25 el fiscal federal interpuso un “pronto despacho” por la demora del juez Marcelo Bailaque para expedirse sobre el pedido de la orden de allanamiento. Para el fiscal Rodríguez, el planteo del juez de presentar un escrito y cargar la solicitud al sistema informático ese viernes por la noche era “irrazonable” por las urgencias del caso.
Los policías se acercaron a la vivienda en diversas oportunidades y, según dejaron constancia en sus informes, escuchaban el constante sonido del agua fluyendo desde el depósito del inodoro del baño de la casa, lo que los hizo sospechar que pudieran estar descartando droga hacia las cloacas.
Los pedidos de autorización para ingresar al domicilio se reiteraron, pero la orden de allanamiento del juez Bailaque jamás llegó.
Cuatro horas después, una abogada se presentó ante los policías en nombre de la familia Melgarejo y les dijo que se los autorizaba a entrar a la vivienda. Cuando al fin pudieron ingresar, no encontraron nada. Hasta el día de hoy, los policías y los integrantes de la Fiscalía federal que intervinieron en este caso están convencidos de que Lorena Melgarejo logró escapar del lugar, después de deshacerse de la droga.
Desde marzo de este año, Marcelo Bailaque dejó de estar a cargo del Juzgado federal 2 de Santa Fe y fue reemplazado por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Ahora, Bailaque se desempeña como subrogante del Juzgado federal de Rafaela, que también está vacante.
Hasta el momento, todas las denuncias contra este juez fueron desestimadas. Sin embargo, las miradas vuelven a posarse sobre su desempeño.
Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra lo dejaron claro: “Nosotros no opinamos sobre Bailaque, vamos a remitir sus actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analice. Todos tenemos que saber qué pasó, porque explica mucho lo que sucede hoy en Rosario. Si la organización de Alvarado se hubiera desarticulado en 2013 o 2015, seguramente no tendríamos los índices de violencia que tenemos hoy”.
