Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Seis años después de iniciadas las investigaciones por posible contaminación en efluentes arrojados al río Coronda por siete importantes empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo, la causa está virtualmente paralizada luego de que el juez federal, Marcelo Bailaque, considerara que no existen pruebas suficientes para sostener las acusaciones que pesan sobre 18 personas que representan a las firmas en la mira.
De hecho, cuando se realizaron los primeros allanamientos y tomas de muestras de los residuos arrojados por estas empresas hacia el canal pluvial que desemboca en el río Coronda, estas firmas ni siquiera contaban con autorización de volcamiento, lo que refleja “el marco de absoluta e injustificada informalidad” en que veían operando.
La investigación por este caso se inició en 2016, luego de una denuncia en la que se hizo alusión al vertido de distintos productos químicos en el río Coronda, provenientes del Parque Industrial. Poco antes, vecinos del Barrio Jorge Newbery comenzaron a manifestar su preocupación por lo que estaba sucediendo, por la existencia de fuertes olores y el deterioro de los techos de sus casas provocado por sustancias arrojadas al desagüe que se encuentra sobre el lateral norte, dentro del Parque, que desemboca en el río.
Tanto es así que, en marzo de 2021, el mismo juez Bailaque ordenó que de manera urgente se tomaran medidas para frenar la contaminación detectada en efluentes de estas empresas. Sin embargo, estas firmas jamás cumplieron con aquella medida cautelar, por lo que no tomaron ningún tipo de medida para mejorar sus niveles de seguridad ambiental.
La única empresa que decidió acatar la orden del juez fue PB Leiner, fabricante de gelatinas y con una particularidad: no es santafesina, ya que se trata de una multinacional con su casa matriz en Bélgica. Incluso, fuentes consultadas por AIRE confirmaron que esta firma realizó inversiones importantes para no afectar el ambiente. Por ese motivo, la empresa fue inmediatamente retirada de la lista de sospechosos por contaminación.
En cambio, el resto de las empresas optó por sostener su posición y defender sus posturas a través de las vías legales. Incluso, intentaron que esta causa dejara de estar en manos de la Justicia Federal y pasara a los Tribunales provinciales, lo que fue rechazado.
Contaminación en el Parque Industrial Sauce Viejo: ¿qué dice la Fiscalía?
El fiscal Walter Rodríguez solicitó se revierta un fallo de primera instancia que dicta la falta de mérito para los 18 empresarios que representan a las 7 firmas investigadas. Y se espera que en poco tiempo se conozca la respuesta de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Según dice el fiscal en su apelación, el juez de primera instancia desplegó “un análisis genérico en varios pasajes de su decisión, cuando estaba obligado a realizar una valoración singular de cada punto de la acusación y el descargo individual de los imputados, máxime cuando nos encontramos frente a un desconocimiento alarmante del contexto real en que ocurrieron los hechos”.
Rodríguez señaló que la postura del juzgado “implica relegar la realidad de que las muestras de efluentes obtenidas no solo superaron los niveles considerados aceptables según la normativa, sino que además son peligrosos para la salud”.
Para el fiscal, en la decisión de primera instancia no se discriminó “cada situación específica en que se encontraban las personas jurídicas a las que se encuentran ligados los imputados”.
Rodríguez remarcó que el cuadro de situación de estas empresas se mantuvo sin modificaciones desde el informe preliminar que motivó los llamados a indagatoria de 18 personas, a lo que luego se sumaron las conclusiones de los peritos tanto oficiales como de parte. Indicó que el juez se inclinó a favor de estos últimos sin especificar los motivos de su decisión. De acuerdo al fiscal, la interpretación centrada en los informes de los peritos de parte “omite considerar que el vuelco inmediato de los efluentes provenientes de las plantas industriales se produce de forma directa al canal o zanjón norte que recorre la extensión del parque”.
En el recurso, el fiscal también manifestó que los comportamientos atribuidos a los imputados “se insertan en un marco de absoluta e injustificada informalidad, teniendo en cuenta que al momento de producirse los allanamientos y las tomas de muestras de los residuos arrojados por las empresas hacia el canal pluvial y a través del mismo hacia el Río Coronda, ninguna de las empresas contaba con autorización de volcamiento”.
