Este informe fue publicado por Aire Digital.
La licitación realizada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para la segunda etapa del nuevo edificio de los Tribunales de esta capital, integra la nómina de obras públicas cuestionadas en un relevamiento efectuado por Ruido, una red nacional de comunicadores, especialistas en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles del mayor prestigio en Argentina.
El caso de la construcción de la segunda etapa de los nuevos Tribunales santafesinos fue revelado a través de informes periodísticos publicados por Aire Digital en enero de este año. En seis ocasiones, este medio intentó entrevistar al secretario de Gobierno de la Corte provincial, Eduardo Borda, sin obtener respuestas por parte del funcionario que, desde el lugar que ocupa, tuvo un rol central en el proceso administrativo que derivó en la concesión de esta obra a una UTE integrada por una empresa que fuera denunciada hace dos años ante la Justicia por incumplimientos.
Al menos dos integrantes de la Corte de Santa Fe que fueron consultados en enero por AIRE, pero pidieron mantener sus nombres en reserva, aseguraron no haber estado al tanto de la denuncia que pesa sobre la firma Dinale SA y manifestaron la necesidad de replantear internamente los mecanismos que se utilizan para llevar adelante este tipo de procesos que dependen del máximo tribunal.
En el apartado de Santa Fe, el informe de la Red Ruido dice que “es una de las pocas provincias que permite acceder a información sobre las obras públicas” requerida al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat.
Sin embargo, no sucede lo mismo en el caso de la obra de los Tribunales de la ciudad Capital, licitada desde la Corte Suprema de Justicia de la Provincia: “Con respecto a la obra de ampliación de los Tribunales de la Ciudad de Santa Fe, el caso surgió periodísticamente durante el receso judicial 2022. Los intentos periodísticos por acceder a la voz de responsables de esta licitación resultaron infructuosos”.
“La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe -dice el informe- llamó a licitación para completar la segunda y última etapa de la construcción de los nuevos tribunales de la ciudad capital”.
Y agrega: “La UTE que resultó ganadora hizo un oferta 14% por debajo del presupuesto oficial y, además, está integrada por la empresa Dinale SA de la ciudad de Rosario, a la que en 2020 se le rescindieron tres contratos de obra en el Senado de la Nación por incumplimientos. Desde entonces su propietario se encuentra imputado en la Justicia, junto a la exvicepresidenta Gabriela Michetti, por posibles irregularidades”.
“En la provincia de Santa Fe existe un decreto que prohíbe que una empresa que perdió obras por incumplimientos se presente a licitaciones públicas, pero Dinale nunca fue desplazada del Registro de Licitadores de Santa Fe, ni del registro nacional”, resalta la Red Ruido.
La empresa Dinale nunca fue sancionada
Se trata, nada menos, de la finalización de un edificio de 22.000 metros cuadrados, con un presupuesto oficial de 3.494. 770.503,41 pesos -la UTE ganadora ofertó 3.099.997.757 pesos- según el llamado a licitación publicado en la página del Poder Judicial de Santa Fe a principios de 2021.
En este caso, los antecedentes de Dinale SA, una de estas empresas ganadoras de la licitación, resultaron cuanto menos agitados durante los últimos tiempos: el 26 de febrero de 2020 el Senado de la Nación le quitó al menos tres obras que debía llevar adelante por supuestos incumplimientos, el 26 de octubre del mismo año el Senado rechazó las apelaciones presentadas por la empresa y el caso derivó, incluso, en una causa judicial que tiene como imputado al presidente de la firma, Germán De Vincenzo, y a la exvicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
Esto no representa un dato menor, ya que desde el 23 de enero de 2006, durante el último gobierno de Jorge Obeid, rige en Santa Fe el decreto 195 que prohíbe a cualquier empresa a la que se le haya rescindido un contrato de obra pública por incumplimientos, presentarse durante dos años en licitaciones dentro del territorio santafesino.
El decreto 195 plantea textualmente lo siguiente: “Establécese como requisito de admisibilidad para las empresas que pretendan presentarse como oferentes en licitaciones públicas y privadas, concurso de precios o contrataciones directas de obras públicas; la inexistencia de antecedentes de rescisión de contratos de obra pública por culpa de la empresa, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado o del acto de convocatoria si fuese otra metodología que no contenga publicidad”.
La firma Dinale argumentó, con razón, que nunca fue dada de baja del Registro Nacional de Licitadores. De todos modos, el caso fue debatido entre los integrantes del Registro de Licitadores de la Provincia de Santa Fe.
Aquella reunión no se realizó por falta de quórum. Distintas fuentes consultadas al respecto coincidieron en que algunos de los integrantes de este Registro -conformado por representantes del Ministerio de Infraestructura, de las cámaras empresariales y constructoras de la provincia- estuvieron de vacaciones en enero y no se alcanzó la asistencia necesaria para que este órgano avanzara en el caso.
Finalmente, el encuentro para analizar la situación de esta empresa constructora se realizó en febrero, pero el caso terminó siendo cerrado sin consecuencias para la firma cuestionada.
