Esta nota fue publicada en www.airedesantafe.com.ar
Mientras las investigaciones de la Justicia Federal por contaminación generada desde nueve empresas del Parque Industrial de Sauce Viejo continúa demorándose por distintos planteos interpuestos por las firmas, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia ordenó la clausura de una de estas plantas: se trata de Espro SA, una fábrica de alimentos concentrados.
En diciembre del año pasado y a pedido del fiscal Walter Rodríguez, el juez federal Marcelo Bailaque ordenó que de manera urgente se frenara la contaminación detectada en efluentes de estas empresas. Pero la orden jamás se cumplió porque las firmas se opusieron y apelaron la medida.
Ahora, y a pesar de que la orden judicial sigue sin aplicarse porque se aguarda la respuesta de la Cámara Federal de Apelaciones, el Gobierno de la Provincia intervino y dispuso la clausura de una de estas empresas.
Según se informó desde el Ministerio, “durante el fin de semana, incluso, se había producido un incendio dentro del establecimiento de Espro SA. La clausura prevé un cese total del proceso productivo y se desarrolló en el marco de las estrategias planteadas desde la Secretaría de Políticas Ambientales”.
Cinco años de investigación
El proceso judicial sobre la contaminación ambiental en el Parque Industrial refleja demoras y postergaciones que impiden mayores avances. Desde 2016 la Justicia Federal investiga, luego de que se detectaran en aguas del río Coronda materiales altamente contaminantes, como cromo y plomo.
La contaminación del río Coronda afecta a toda la comunidad que vive en cercanías del Parque Industrial (se estima que hay entre 250 y 600 personas, si se suma la gente que viene los fines de semana) y a una región mucho más amplia por la proximidad de la toma de agua potable de Desvío Arijón.
En diciembre de 2020, el fiscal Rodríguez llamó a indagatorias a 26 personas vinculadas con estas nueve empresas. Sin embargo, hasta el momento tampoco pudo completarse esta ronda de indagatorias porque los abogados representantes de estas firmas vienen presentando planteos relacionados con la pandemia de coronavirus. Con este argumento, las declaraciones se postergan y, en algunos casos, ya fueron reprogramadas para los meses de septiembre u octubre, lo que representa una virtual paralización en el avance de la causa.
Pero estos no son los únicos planteos interpuestos por las empresas: en marzo de este año, ocho de las nueve firmas investigadas solicitaron de manera conjunta que la causa deje de ser investigada por la Justicia Federal y pase a manos de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, que depende de la Provincia de Santa Fe.
La única empresa que no se sumó a este planteo es PB Leiner, fabricante de gelatinas y con una particularidad: no es santafesina, ya que se trata de una multinacional con su casa matriz en Bélgica. Incluso, fuentes consultadas por Aire Digital aseguran que esta firma realizó inversiones importantes para no afectar el ambiente.
Fuentes consultadas por Aire Digital aseguraron que es inminente la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en este sentido y que pronto se sabrá si el caso continúa en manos de la Justicia Federal o si, como pretenden las empresas, pasa a manos de fiscales y jueces santafesinos.
Mientras esto sucede, las medidas cautelares siguen sin cumplirse. Y apenas algunas de las 26 personas investigadas por este caso se presentaron a declarar como imputadas ante la Justicia.
