Esta nota fue publicada en www.airedesantafe.com.ar
Apenas poco más de una década. Ese fue el tiempo que logró sobrevivir, a duras penas, el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe pensado como una organización independiente y descentralizada del poder político.
Hace tres años y de manera prácticamente unánime, el poder político cerró filas y aprobó una ley que otorga a los legisladores de Santa Fe la potestad de evaluar las conductas de cada uno de los fiscales y miembros del MPA, con la posibilidad de sancionarlos o, incluso, destituirlos. En otras palabras, los políticos cuentan desde entonces con todas las herramientas para controlar a los fiscales que, eventualmente, deberían investigar a integrantes de la corporación política.
Pero cualquiera que intente plantear una mirada maniquea sobre lo que sucede en Santa Fe se equivoca. Suponer que “la política” es la única responsable de este escenario representa un claro error. El virtual aniquilamiento del MPA como un órgano en condiciones de investigar al poder sólo fue posible gracias a la expresa colaboración, anuencia o complicidad de actores clave del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Judicial de esta Provincia.
Este martes, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, con voto dividido, resolvió que esta ley de control político sobre el Ministerio Público de la Acusación no viola la Constitución y puede ser aplicada.
La verdad es que el fallo no sorprendió. Como tampoco fue una sorpresa la forma en que votó cada uno de los miembros del Máximo Tribunal de Santa Fe: a favor de la ley, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuller y Roberto Falistocco. Mientras que Mario Netri y Daniel Erbetta se expresaron en contra. Antes, el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, también había planteado su rechazo.
Antecedentes cercanos
Las evidencias de la necesaria colaboración de actores judiciales y del MPA en este proceso de condicionamiento sobre la labor de los fiscales santafesinos son contundentes.
La Asociación de Fiscales y Funcionarios de Rosario emitió esta semana un duro comunicado, denunciando la manera en que desde la Legislatura se intenta “disciplinar” a los integrantes de organismos como el MPA. Los fiscales hablan de una “lógica signada por el cinismo, moldeada en la más voraz realpolitik, y orientada hacia el aseguramiento de la impunidad de ciertos sectores de la sociedad de la provincia”.
Los fiscales de Rosario advierten que este pronunciamiento está motivado por la manera en que se lleva adelante el proceso disciplinario sobre el exministro de Seguridad y actual director del Organismo de Investigaciones (OI), Marcelo Sain, quien en las próximas horas será suspendido por la Legislatura de sus funciones dentro del MPA.
Si bien aclaran que no tienen ningún tipo de simpatía con Sain -quien en todo caso deberá responder por sus actos a nivel administrativo o judicial si correspondiera-, los fiscales advierten que “las acciones que están teniendo lugar en su contra son ilegítimas, incorrectas y dañinas para el MPA y para la sanidad de esta institución”.
Lo que no dicen los fiscales rosarinos es que hubo referentes del MPA que se acoplaron complacidos a estas “acciones ilegítimas, incorrectas y dañinas” con el objetivo de que la Legislatura expulsara cuanto antes a Sain de su cargo. El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti; el fiscal de Reconquista, Rubén Martínez; el fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo; y el fiscal general Jorge Baclini, hicieron todo lo posible para aceitar el funcionamiento de esta “lógica signada por el cinismo” de control del poder político sobre los integrantes del MPA.
La premura, la decisión y el ímpetu reflejados por Carlos Arietti para alejar al molesto Marcelo Sain de su área de competencia contrasta con lentitud y sombría manera de tomar decisiones frente a ciertas causas criminales de resonancia, como por ejemplo el conocido “Caso Oldani”.
Este Arietti dinámico y expedito es el mismo que durante meses resguardó con sus actitudes, sus silencios y su pasividad a una fiscal que permitió que desaparecieran de la escena del homicidio de Oldani millones de pesos y de dólares que pudieron haber representado evidencia de delitos federales. Y es el mismo que, a pesar de haber recibido un informe preciso de esta situación, lo mantuvo oculto -con la anuencia de Jorge Baclini- hasta que fue revelado por Aire Digital.
Una imagen que lo dijo todo
Pero estas no son las únicas evidencias de suspicaces actitudes de integrantes de la Justicia y del MPA con referentes del poder político.
Mientras dos fiscales de Rosario intentan de manera infructuosa investigar al senador provincial Armando Traferri por supuestos vínculos con el juego clandestino en la provincia, el presidente de la Corte Suprema, Roberto Falistocco, y el fiscal general, Jorge Baclini, se fotografiaron con este legislador el pasado 1 de junio cuando inauguraron una nueva sede del MPA en la ciudad de Roldán.
El mensaje de aquella foto resultó atronador y planteó un adelanto de lo que estaba por venir. No sólo Traferri nunca fue investigado, sino que a partir de ahora se convertirá en el investigador y evaluador del director del Órgano de Investigaciones de Santa Fe. Parece un trabalenguas y hasta podría resultar risueño si no representara un dramático golpe a la transparencia de las instituciones de esta Provincia.
Mientras una expresidenta de la Nación, como Cristina Fernández, debe rendir cuentas de sus actos ante los jueces de Comodoro Py en Buenos Aires; los diputados y senadores de Santa Fe ni siquiera permiten ser investigados. Pero según resolvió la Corte Suprema santafesina este martes; los diputados y senadores de Santa Fe sí están autorizados a investigar a cada uno de los fiscales y miembros del MPA.
“Es un escándalo, pero sobre todo una tristeza, que personas que deberían estar fortaleciendo al Ministerio Público lo entreguen a quienes están siendo investigados por delitos, y a quienes los protegen”, dijo el especialista en Derecho Procesal, Alberto Blinder, al periodista Hernán Lascano en una entrevista publicada esta semana por el diario La Capital de Rosario.
Una frase que lo resume todo con precisión. El poder real, el que necesita perpetuar sus garantías de impunidad, es transversal y va más allá de la política. Ningún sistema, por bueno que sea, puede funcionar si los actores que lo integran están decididos a boicotearlo.
