Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Diez días antes de que un juez de Rosario ordenara la suspensión total y absoluta de cualquier modalidad de pesca sobre el sistema del río Paraná en todo Santa Fe, el Gobierno de la Provincia estaba advertido de que esto podía suceder si no presentaba algún tipo de plan alternativo que contribuyera a proteger el medio ambiente devastado por la histórica bajante y la depredación comercial del recurso. Sin embargo, desde el Ministerio de la Producción nunca se brindó una respuesta ante el planteo de la Justicia.
Sucedió el 18 de diciembre, poco después de las 11 de la mañana, en una oficina del Juzgado Civil y Comercial de la 11° Nominación de los Tribunales de Rosario. A esa hora y en ese lugar, el juez Luciano Carbajo citó a representantes de las organizaciones ambientalistas “El Paraná no se Toca” e “Identidad Ambiental”, a un representante del diputado provincial Fabián Palo Oliver -que junto a otros legisladores viene planteando la problemática desde principios de 2020- y al Ministerio de la Producción.
Lo primero que llamó la atención fue que desde la Provincia no se enviara a ningún funcionario o a un técnico que conociera a fondo el tema de la pesca. La enviada fue la abogada María Verónica Gañán, quien argumentó que los funcionarios del área se encontraban en ese momento participando de una reunión del Consejo Federal Pesquero.
La abogada planteó que el cupo de exportación de peces de río había sido reducido en la provincia de 22.000 toneladas a 14.000 toneladas. Pero la contraparte explicó, entre otros puntos, que esto no contribuye a reducir los niveles de pesca comercial porque el pescado puede ser acopiado por los frigoríficos hasta que se les autorice la exportación.
El juez dijo en esa reunión que había analizado en profundidad los argumentos presentados por las organizaciones ambientalistas y por legisladores provinciales, y que le daba al Gobierno de Santa Fe hasta el miércoles 23 de diciembre para que presentara alguna medida tendiente a proteger el recurso ictícola del sistema del Paraná. De lo contrario, advirtió, sería él quien tomara una decisión.
Los cinco días de plazo pasaron. Y luego se sumaron otros cinco días. Hasta que el 28 de diciembre el juez Carbajo cumplió con su advertencia y ordenó la prohibición de la pesca deportiva y comercial sobre el Paraná.
El Gobierno reaccionó con aparente sorpresa, como si no hubiese sido advertido de la situación. En Aire de Santa Fe, el ministro Daniel Costamagna adelantó que apelarán esta medida y dijo que la decisión del juez “no tiene demasiado asidero”. Además, declaró: “Tenemos muy claro la defensa del recurso no solo en el río Paraná sino en todos los ríos de la provincia, se estaba trabajando en una propuesta técnica y con fundamentos en cuestiones vinculadas al cupo de exportación, a la fiscalización en puertos y un estudio a fondo de la conservación del recurso”.
Otras señales a lo largo de todo 2020
Lo cierto es que las advertencias al Gobierno de lo que estaba sucediendo se iniciaron desde distintos ámbitos mucho antes que estos diez días.
A principios de 2020, la Cámara de Diputados de la Provincia sancionó distintos proyectos de Comunicación -impulsados, entre otros, por los diputados Oscar Martínez, Clara García, Carlos Del Frade y Fabián Palo Oliver- advirtiendo sobre lo que estaba sucediendo en el Paraná debido a la bajante y a la pesca indiscriminada. Las imágenes de pescadores “cazando” peces en el río se viralizaban a través de las redes sociales, ante el tibio accionar del Estado santafesino.
Las señales de advertencia continuaron: el 19 de abril el diputado Martínez presentó un proyecto de ley para prohibir la pesca durante 180 días en toda la provincia. La Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recibió el 27 de mayo a Jorge Torelli, representante del Ministerio de la Producción. Se le pidió, entre otros datos, el listado oficial de los frigoríficos de pescado autorizados para operar en la provincia de Santa Fe y para la exportación. Pero los asistentes a dicho encuentro coinciden en que esta información no estuvo claramente disponible.
Allí, Torelli dijo que hay más de 5.000 pescadores registrados en la provincia pero que, los que realmente subsisten gracias a esta actividad, con poco más de 2.500. Sin embargo, advirtió que en épocas de pandemia iba a ser muy difícil que pudieran reconvertirse a otro tipo de trabajo. También remarcó la baja en el cupo de exportación, argumento que no convenció a los diputados.
Finalmente, el 20 de mayo se dio media sanción a una ley que prohibía durante 180 días en todo el territorio provincial la actividad pesquera deportiva y comercial. El proyecto había sido elaborado por Martínez y luego se sumaron con algunas modificaciones Palo Oliver y Del Frade.
“Muy pocos empresarios que prácticamente no generan mano de obra, ni necesitan infraestructura, acopian y exportan en dólares pagando miserias en pesos a los pescadores. Son recursos naturales y de todos. No están produciendo nada los dueños de los frigoríficos y los exportadores. Es urgente que se discuta este modelo de comercialización“, dijo Oliver.
El proyecto fue girado a la Cámara de Senadores, donde nunca se trató. Al menos dos fuentes consultadas por Aire Digital coincidieron en que hubo una fuerte presión de algunos senadores para que no avanzara en esta medida. Si bien ambas fuentes prefirieron no dar nombres, dos días después de que el juez Carbajo prohibiera la pesca se produjo una señal en este sentido: el senador José Baucero, del departamento San Javier, dijo públicamente que la medida judicial es “una decisión arbitraria” y pidió la intervención del Gobierno provincial.
Como la bajante se prolongaba y la explotación comercial no se detenía, el 20 de junio la organización “El Paraná no se Toca” presentó en Rosario una medida cautelar ante la Justicia para que ordenara la suspensión de la pesca. Dos días después, el diputado Oliver hizo lo mismo en Santa Fe. Ambas presentaciones se unificaron en los Tribunales rosarinos y seis meses después el juez Luciano Carbajo tomó la medida que ahora causa tanta polémica. El Ministerio de la Producción apelará esta decisión pero, mientras tanto, el Gobierno debe acatar la orden judicial y garantizar que no se pesque
Quienes conocen del tema advierten que no será fácil, ya que Santa Fe tiene cerca de 500 kilómetros de río, 13 puertos de fiscalización y apenas 9 inspectores para realizar esta tarea.
El mejor escenario para una catástrofe
Entre los argumentos que el juez Carbajo analizó para prohibir la pesca, aparece una entrevista realizada al biólogo santafesino Norberto Oldani el pasado 3 de noviembre en el programa Creo, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe
En aquel momento, Oldani hizo fuertes declaraciones advirtiendo sobre una potencial catástrofe ambiental y denunciando un esquema de corrupción histórica en la comercialización de pescados de río.
– ¿Por qué el Estado sigue permitiendo esto?
– “Habrá algunos intereses. Se habla de corrupción. Es lo que escucho que se habla. Esto es lo que se llama saldo ambiental. Vienen los exportadores, se llevan el recurso, dejan la economía de los pescadores destruida y todo queda a cargo del Estado. Este es el saldo ambiental que terminamos pagando entre todos. La exportación de pescado está cruzada por actividades no tan lícitas: contrabando, subfacturaciones. Todo mezclado con una gran cantidad de vivezas que deprimen aún más los réditos para los dueños del recurso, que somos nosotros. Todas estas trampas sostienen la actividad. Para terminar con el problema se necesita una decisión política. Nosotros criticamos a los entrerrianos, pero la mayor cantidad de frigoríficos está en Santa Fe, donde hay 13 ó 14″.
Luego de conocer la medida adoptada por el juez de Rosario, el biólogo Oldani volvió a advertir en las últimas horas: “El río está sobreexplotado, mal manejado y en una situación crítica. Los peces por cuestiones ambientales y por la sobrepesca de los últimos años dejaron de reproducirse masivamente. Acá quieren manejar la biología pesquera con criterios políticos. Hay que limitar la pesca, limitar los frigoríficos. En Santa Fe hay alrededor de 15 frigoríficos que hace 30 años que amenazan con irse, pero nunca se fueron. Parece que les va bastante bien”.
Oldani remarca que, a diferencia de lo que hace un tambero -que invierte en los animales, los cuida, los cría y los alimenta- “los frigoríficos de pescado usan a los pescadores” y les basta con tirar una red al río para tomar un recurso natural, exportarlo en dólares y pagar unos pocos pesos por la mano de obra. En otras provincias, existen criaderos de peces que funcionan y son considerados modelos de producción.
El gobierno santafesino dijo que apelará la medida del juez Carbajo y que ya tenía en carpeta algunas alternativas, pero “nunca vi que que tengan una propuesta. Siempre vienen corriendo detrás de las circunstancias. Ojalá tengan en carpeta alguna propuesta, pero no la imagino, no la veo, no la escuché”.
De cara al futuro, Oldani no es demasiado optimista: “Acá tenemos un problema muy serio. La gallina de los huevos de oro, ya no pone más huevos”.
