Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Cuando pocos minutos antes de las 18 del 11 de febrero de 2020 el asesino del empresario Hugo Oldani jaló el gatillo de su arma, nadie sospechó que ese homicidio terminaría originando una cadena de silencios, errores y sospechas, que dejaron al desnudo de qué manera funcionan en la provincia de Santa Fe algunas de las instituciones que deberían buscar Justicia y velar por la seguridad de los ciudadanos.
Dos fiscales investigados, una fiscal apartada de la causa -aunque sigue siendo fiscal-, un jefe de fiscales que se refugia en el silencio para no rendir cuentas de sus decisiones, el jefe máximo de los fiscales de Santa Fe que abiertamente se niega a responder sobre hechos cruciales que afectan a la institución a su cargo, policías que apagan cámaras de seguridad, millones de pesos y de dólares que desaparecen ante la mirada de todos y, como si esto no fuera suficiente, un ciudadano que es detenido y encarcelado a partir de pruebas que jamás existieron.
En cualquier sociedad democrática, republicana y evolucionada, este cóctel debería ser suficiente para generar un escándalo institucional de proporciones. Sin embargo, en Santa Fe nada de esto sucedió hasta el momento: la política recién comienza a dar tibias respuestas luego de un año del homicidio, la Justicia actúa como si nada de esto estuviera sucediendo, para algunos medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe el caso no parece tener trascendencia, gran parte de la sociedad está demasiado agobiada en la lucha diaria por cubrir sus necesidades básicas y ciertos sectores influyentes cuentan ansiosamente las horas para que este caso se diluya lo antes posible.
La pregunta clave frente a tales circunstancias es si el caso Oldani es apenas un desafortunado hecho aislado o, en realidad, este tipo de irregularidades flagrantes se repiten en otras investigaciones de menor impacto sin que la opinión pública lo sepa.
La primera situación extraña
El primer signo de irregularidades se produjo cuando apenas habían pasado minutos desde la confirmación de la muerte de Oldani. La fiscal de Homicidios Cristina Ferraro, llegó esa noche a la escena del crimen acompañada por policías y por familiares del empresario. Por pedido de la familia, la misma fiscal impidió a los policías que abrieran una caja fuerte que se encontraba en la oficina. Luego, se apagaron cámaras de seguridad que apuntan hacia Oldani Turismo. Durante el tiempo que duró ese verdadero “agujero negro”, los familiares ingresaron con las manos vacías al local y salieron del lugar portando bolsos, una caja y una mochila.
En esa oficina había al menos un millón de dólares y tres millones de pesos que quedaron registrados en una fotografía tomada por la policía -nunca se sabrá qué había dentro de la caja fuerte que la familia Oldani impidió abrir-, sumas llamativas para una agencia de turismo. Pero al día siguiente, el dinero ya no estaba. Durante la mañana del 12 de febrero, la escena del crimen ni siquiera se encontraba custodiada. El primero en advertir sobre la gravedad de esta situación fue el ministro de Seguridad, Marcelo Sain, en una entrevista con Aire de Santa Fe. Fue también el primer funcionario público en hablar abiertamente sobre la posibilidad de que en esa agencia de turismo funcionara una “cueva” financiera. Hoy, la Justicia federal investiga.
Cuando la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, comenzó a investigar si efectivamente en esa empresa se realizaban actividades ilícitas, le consultó a la fiscal Ferraro qué sabía del dinero desaparecido. La respuesta fue que no tenía información y que jamás había autorizado a nadie a que se lo llevara. Tiempo después, Ferraro -que sigue siendo fiscal- terminó reconociendo a Jiménez que no le había dicho toda la verdad.
El primero en conocer esta situación fue el fiscal regional Carlos Arietti, quien recibió un informe detallado de Mariela Jiménez. Arietti apartó entonces a Ferraro de la causa, pero jamás explicó públicamente las circunstancias por las que había tomado la decisión. En otras palabras, Arietti no rindió cuentas de sus actos y, con su silencio, protegió a la misma fiscal que permitió que se llevaran un dinero que hubiese sido clave como evidencia, que se encontraba presente mientras las cámaras de seguridad se apagaban misteriosamente y que le había mentido a su colega Jiménez.
¿Por qué Carlos Arietti no dijo públicamente lo que estaba sucediendo y por qué sostuvo a Ferraro en su cargo de fiscal? Mientras el fiscal regional continúe oculto detrás de su silencio, las sombras de la sospecha también recaen, indefectiblemente, sobre él.
Pero no sólo Arietti se refugió en el silencio en este caso de evidente interés público. El 5 de agosto del año pasado, durante una entrevista realizada en el programa Creo, por Aire de Santa Fe, el jefe de los fiscales de la provincia, Jorge Baclini, se negó en siete oportunidades a responder a la pregunta clave: ¿por qué apartaron a la fiscal Ferraro del caso Oldani?
Silencios que alimentan sospechas
Con su silencio, Baclini terminó consolidando este verdadero paraguas de ocultamiento para resguardar la conducta de la fiscal Ferraro. A estas alturas de las circunstancias, cabe preguntar si no hay otros nombres que están siendo protegidos por la actitud de estos funcionarios cuya función esencial es buscar Justicia de manera transparente y eficiente. Es sólo una pregunta que surge a partir de sus actitudes.
Cinco meses después de aquella entrevista sin respuestas en Creo, una investigación de Aire Digital terminó revelando lo que tanto Arietti, como Baclini, se esmeraron en esconder. Las irregularidades de Cristina Ferraro salieron a la luz.
Ahora, el diputado provincial Carlos Del Frade pedirá que Arietti se presente en la Legislatura para rendir cuentas de sus actos y de los actos de Cristina Ferraro. Los legisladores son los encargados de controlar el trabajo de los integrantes del Ministerio Público de la Acusación. Aunque en este contexto de profunda crisis institucional, habrá que recordar que la Legislatura también está conformada por los mismos senadores que decidieron sostener los fueros del sanlorencino Armando Traferri, impidiendo que fuera investigado ante las sospechas de que integró una red de juego ilegal que operaba en toda la provincia durante los últimos años.
Cuando parecía que ya nada podría sorprender en la investigación del caso Oldani, surgió otro hecho insólito: cerca de las 20 del 29 de diciembre pasado, decenas de policías con armas largas y chalecos antibalas irrumpieron en el domicilio particular de un bioquímico de Santa Fe. Lo esposaron, le leyeron sus derechos y se lo llevaron detenido a la cárcel de Las Flores.
El bioquímico pensó que se trataba de un error, pero pronto se encontró en una celda de aislamiento, a oscuras -llegaron cerca de las 23- y sin tener idea de por qué había sido encarcelado. Aquellas horas se transformaron en un verdadero infierno.
Pasaron dos días hasta que su abogado le explicó que lo habían detenido porque era un sospechoso clave de haber planificado el asalto que terminó con la muerte de Oldani. Poco después, ante un juez, el fiscal Gonzalo Iglesias -reemplazó a Cristina Ferraro-, dijo que contaba con más de 560 llamadas y mensajes incriminatorio contra este vecino de la ciudad y explicó que, según un testigo, se encontraba cerca del lugar del asesinato aquella tarde fatídica.
Pero la verdad es que ese día el bioquímico ni siquiera estaba en Santa Fe y que esas 560 llamadas y mensajes nunca existieron. Se trató de un error del Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. Después de pedir la detención de este hombre a partir de pruebas inexistentes, Iglesias se fue de vacaciones y otra fiscal debió hacerse cargo de la situación. Diez días después el bioquímico fue liberado, el juez le dijo que “debería estar agradecido” por la decisión y 40 días después de aquel terrorífico 29 de diciembre sigue esperando que le devuelvan las computadoras, los celulares de la familia y los ahorros en dólares que la policía se llevó durante el allanamiento.
En las últimas horas, Aire Digital reveló que el fiscal general Jorge Baclini ordenó a la actual auditora general del Ministerio Público de la Acusación, Cecilia Vranicich, que investigue el accionar del fiscal Iglesias, quien se convirtió en el segundo fiscal en el caso Oldani que termina siendo investigado por su desempeño.
En cualquier sociedad democrática, republicana y evolucionada, este cóctel debería ser suficiente para generar un escándalo institucional de proporciones. Sin embargo, en Santa Fe nada de esto sucedió hasta el momento.
Así, quienes deberían rendir cuentas de sus actos seguirán amparándose en el silencio, los velos cómplices difícilmente caigan, y el pedido de Justicia y decencia continuará sonando a un grito estéril.
El caso Oldani parece haberse convertido en la suma de todos los males. Y frente a tantos desaciertos, cabe preguntar si se trata apenas de una excepción desafortunada o, simplemente, de un penoso ejemplo de cómo funciona el sistema judicial de la provincia de Santa Fe.
