Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Se trata de un escándalo institucional de consecuencias inciertas: el jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, es investigado por su posible complicidad con el narcotráfico y el juego clandestino. También se lo investiga al fiscal Gustavo Ponce Asahad. Por ahora son sospechas, pero los indicios de irregularidades se acumulan. Tanto es así, que Serjal optó por presentar su renuncia durante el fin de semana.
Pero eso no es todo. La exdiputada provincial Alicia Gutiérrez aseguró en el programa Creo, que se emite en Aire de Santa Fe, que diputados y senadores de la provincia de Santa Fe confiesan por lo bajo que recibieron “aprietes” para no avanzar con éstas y otras investigaciones.
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El 27 de noviembre de 2019, Alicia Gutiérrez impulsó ante la Comisión de Acuerdo de la Legislatura -integrada por diputados y senadores- la necesidad de que se investigue la conducta del fiscal Serjal. Sin embargo, hubo seis legisladores que se las ingeniaron para no estampar sus firmas para avalar estas investigaciones: los senadores Rubén Pirola (PJ), Rodrigo Borla (UCR) y Joaquín Gramajo (PJ, aunque fue reelecto como candidato del Frente Progresista); y los diputados Julián Galdeano (UCR), Patricia Tepp (UCR) y Alejandra Vucasovich (PRO).
Cuanto antes expliquen por qué no avalaron con sus firmas las investigaciones sobre estos posibles delitos, menor será el impacto sobre su credibilidad.
Estos son los nombres identificables. Pero Gutiérrez asegura que hay otros legisladores que no integraban la comisión y que por lo bajo reconocieron haber sido presionados para no tocar al jefe de los fiscales de Rosario. Nadie dice desde dónde llegaron esas presiones, pero de lo que no hay dudas, es que cualquier senador o diputado amenazado que no hizo la denuncia formal sobre lo que estaba sucediendo, incurrió en un delito.
Todo funcionario público que sea testigo de un delito flagrante en el ejercicio de sus funciones, tiene la obligación legal de denunciarlo donde corresponde. Así lo establece el artículo 263 del Código Procesal Penal de la Nación. En otras palabras, con contar por lo bajo que están siendo “apretados” no alcanza. Por acción u omisión las redes de complicidad se extienden de esta manera.
Un recorrido conocido
Primero fueron los barrios marginales. Luego, le siguieron los policías. Ahora, las garras del dinero sucio comienzan a impactar en la Justicia y en la política.
Lo que sucede en Santa Fe es un reflejo de lo que sucedió en las regiones más vapuleadas por el narcotráfico en Latinoamérica. Sucedió en Colombia y en México. El dinero sucio tiene las posibilidades de generar una suerte de Estado paralelo, de infiltrarse en los pliegues del poder institucional y en los negocios supuestamente legales, donde la plata sucia termina siendo “lavada”.
Desde hace años la Policía de Santa Fe se encuentra atravesada por la corrupción. Cuando se produjo el primer juicio contra la banda de Los Monos en Rosario, en el banquillo de los acusados había más narco-policías que narcos.
Pero el dinero sucio no distingue uniformes. En 2016, una escucha telefónica develó cómo policías de Santa Fe y policías federales trabajaban en la capital de la provincia de manera coordinada para establecer una suerte de sistema de coparticipación de la recaudación ilegal.
Poco después las dudas recayeron sobre tres efectivos de Gendarmería Nacional que se encargaban de advertir a los narcotraficantes cuando se iban a realizar allanamientos e, incluso, asesoraban a los criminales sobre cómo actuar para no ser descubiertos.
A mediados de 2017, las situaciones extrañas y sospechosas continuaron. Ya no quedaban dudas: había policías cubriendo a narcotraficantes o participando directamente de la venta de drogas ilegales. Los narcos usaban uniformes, se movían en autos oficiales, circulaban por los despachos de la Justicia ocultando, tergiversando o aprovechando información. Los integrantes de las últimas cúpulas de la Policía Federal de Santa Fe están en prisión.
El juego clandestino es otra fuente de dinero sucio. Sólo a modo de ejemplo, en octubre de 2019 las agencias oficiales de quiniela de Reconquista facturaron 16 millones de pesos. Pero en noviembre la Justicia comenzó a desarticular organizaciones de juego ilegal y la recaudación del juego oficial en la zona trepó a 29 millones. La facturación de las agencias legales de juego creció 124% entre octubre de 2019 -antes de los operativos de la Justicia- y enero de 2020.
Los supuestos negocios legales utilizados para lavar dinero constituyen la otra pata de este esquema perverso y mafioso. En la ciudad de Rosario, la denominada “Megacausa” por fraude inmobiliario y lavado de activos tiene entre los acusados a reconocidos profesionales, empresarios de alto perfil y prestanombres.
En la ciudad de Santa Fe, las sospechas sobrevuelan desde hace tiempo sobre ciertos “exitosos” empresarios que difícilmente puedan rendir cuentas sobre el origen de los fondos que suelen utilizar para hacer negocios. El miedo y/o la complicidad de quienes deberían denunciar o investigar, impiden descorrer los velos. Sin embargo, nada es eterno.
No es casualidad que la provincia de Santa Fe se encuentre arrasada por un verdadero río de sangre, que la ciudad capital lidere los rankings de homicidios por cantidad de habitantes y que Rosario se haya convertido en un campo de batalla entre mafias desenfrenadas.
La política y la Justicia deberían ser verdadero bastiones para frenar el avance del delito organizado. Pero en estos momentos, quizá como nunca antes en la provincia de Santa Fe, la política y la Justicia están en la mira. El dinero sucio tiene el poder de corromperlo todo. Y las últimas trincheras para frenar el avance, lucen dramáticamente endebles.
