El debate sobre el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en la Argentina es necesario. Sin embargo, nace plagado de consignas superfluas y verdades a medias.
Las grietas no parecen haber dejado demasiado espacio para el pensamiento crítico. Cuanto menos se piense, mejor. Y a estas alturas de las circunstancias, ya no quedan dudas de que la lógica binaria no es para nada casual, sino que viene siendo temerariamente estimulada por cada uno de los sectores que, a su turno, ven en ella una apuesta redituable.
Nos han hecho creer que las únicas alternativas viables en este país son matar o morir, ser amigo o enemigo, estar a favor o en contra del Macri, ser pro o anti kirchnerista, eliminar vidas por nacer o condenar a mujeres al abandono, formar parte de los buenos o integrar las hordas del mal.
Dentro de esta misma lógica, ahora se debate entre convivir con fuerzas de seguridad que lucen apenas como una caricatura degradada de lo que debería ser la autoridad del Estado; o fuerzas policiales habilitadas a disparar balas de plomo sin siquiera dar la voz de alto.
Para algunos, la resolución 956/2018 sobre el uso que las fuerzas federales de seguridad podrán hacer de sus armas de fuego es inconstitucional. Para otros reconocidos juristas, en ningún momento esta resolución viola el Código Penal o la Constitución.
Pero más allá de lo que, en definitiva, resuelva la Justicia; lo cierto es que en medio de este debate se están proclamando demasiadas verdades a medias. Y las medias verdades suelen ser más peligrosas que las mentiras evidentes.
No es cierto que las fuerzas de seguridad representen la personificación del mal o que el término “represión” deba ser indefectiblemente relacionado con el accionar del Estado por fuera de la ley.
Es verdad que la última dictadura dejó demasiadas heridas. Pero habrá que insistir en que han pasado más de 35 años y que los que hoy integran las fuerzas de seguridad ni siquiera habían nacido durante aquel período de sangre y fuego.
Las armas no pueden ser sólo utilizadas por delincuentes. Alguna decisión hay que tomar en este sentido. Las imágenes de policías agazapados frente al Congreso de la Nación hace exactamente un año mientras eran atacados violentamente por hordas de manifestantes, resultan insostenibles.
Pero si de verdades a medias se trata, habrá que advertir también que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lanzó en los últimos días una serie de consignas engañosas.
Según Bullrich, ahora “la sociedad va a tener claro dónde está el bien y dónde el mal”.
Habrá que recordarle a la ministra que discernir entre el bien el mal no resultará tan sencillo. De hecho, la delincuencia también actúa con uniforme policial. La corrupción ha calado profundamente en las fuerza de seguridad. Las bandas mixtas azuelan el conurbano. La mitad de los condenados en el primer juicio a la Banda de los Monos en Rosario, son policías. Y estos son sólo algunos ejemplos.
La ministra también dijo que “el 99% de la gente que muere por armas de fuego en Argentina lo hace a manos de un delincuente que la asesina”.
Frente a estas afirmaciones, hay que recordar que una enorme proporción de muertes con armas de fuego se produce en enfrentamientos entre bandas de delincuentes. Los ajustes de cuentas y las guerras por territorios para el narcotráfico, generan gran parte de los homicidios. Otra vez, es falso que siempre se trate de una lucha entre buenos y malos.
Las fuerzas de seguridad argentinas no sólo se encuentran atravesadas por la corrupción. Además, han dado probadas muestras de incapacidad y falta de formación.
A la familia Pomar se la buscó durante 24 días, y estaba junto a la ruta en una curva pero la policía no fue capaz de encontrarla. Un puñado de barras de River aguardaba con botellas y elementos contundentes el paso del colectivo con el plantel de Boca, pero los efectivos de seguridad que se encontraban a centímetros de estos delincuentes no se percataron del riesgo. ¿Están en condiciones reales estos policías de discernir entre matar o no hacerlo?
Se dice que las fuerzas federales y de la ciudad de Buenos Aires dieron muestras de profesionalismo durante el G20. Esto es cierto. Pero también es verdad que el operativo funcionó porque hubo planificación y prevención. La decisión entre disparar o no una bala de plomo se da cuando la prevención ha fracasado. Los escenarios, entonces, son distintos.
En la provincia de Santa Fe y luego de años de negociaciones, al fin se logró que fuerzas federales y policías locales trabajen de forma coordinada en operativos contra el delito.
El gobernador Miguel Lifschitz se manifestó en contra de la resolución del gobierno nacional. Y a partir de esta postura, cabe preguntar cómo podrán actuar juntas en el territorio las fuerzas federales y las provinciales. ¿Es que acaso unas podrán disparar en determinadas circunstancias, mientras las otras no podrán hacerlo? ¿Los policías provinciales se limitarán a observar cómo sus pares federales disparan?
Los intereses políticos aparecen claramente en este debate. Gran parte de los argentinos está a favor de la resolución del gobierno nacional.
Pero cuidado. En un país tan corrompido no sería de extrañar que estas mismas disposiciones puedan ser aprovechadas en algún momento por sectores interesados en entorpecer el accionar del gobierno.
Eduardo Duhalde, el político de mayor peso en la Argentina de principios de este siglo, debió abandonar la Presidencia porque la policía mató a Kosteki y Santillán en el puente Avellaneda.
En definitiva, una sociedad madura no puede verse condenada a estos debates superfluos y plagados de consignas vacías. El problema de la inseguridad es demasiado complejo como insistir en el mismo error.
