Ninguna de las dos partes podía seguir tensando la cuerda. Luego de semanas en las que prevalecieron los enfrentamientos y un desgastante empecinamiento por medir fuerzas en público, el gobierno nacional y la Provincia de Santa Fe asumieron el compromiso de trabajar juntos en contra del delito.
La falta de acuerdos y las mezquindades políticas generaron un cóctel insostenible. Y si alguien pensó en algún momento que podía sacar algún rédito de este juego, estaba equivocado.
Hace años que el gobierno santafesino viene advirtiendo de su imposibilidad de enfrentar con éxito al delito organizado. Mucho menos, con una policía ineficaz y carcomida por corrosivos niveles de corrupción. A pesar de los reiterados anuncios de cambio y de las buenas intenciones que pudieron haber existido, quienes gobernaron la provincia no pudieron -y no supieron- torcer el rumbo. No aceptar el fracaso sería de necios.
Para el gobierno federal, esta escalada de muertes en ciudades como Rosario y Santa Fe tampoco resulta gratuita. Luego de la multitudinaria marcha donde los rosarinos reclamaron seguridad, quedó en claro que la gente no estaba dispuesta a tolerar la falta de acuerdo entre quienes tienen la obligación de gestionar desde el Estado nacional y provincial.
A estas alturas de las circunstancias, al ciudadano común poco le importa si quienes gobiernan son macristas, radicales, socialistas, peronistas o integrantes de un minúsculo partido vecinal. Tampoco le interesa el color de los uniformes. Lo importante, en todo caso, es que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. La sangre, no puede seguir siendo derramada.
Es verdad que el acuerdo alcanzado no garantiza el éxito. Sin embargo, y luego de tanto tiempo malgastado, el hecho de que ambas partes hayan anunciado desde una misma mesa este compromiso, es un paso alentador y que debe ser valorado en su justa medida.
Siempre es bueno mantener una cuota saludable de escepticismo. Desde esta mirada, los más pesimistas advierten que las mismas fuerzas de seguridad federales que llegarán a Santa Fe, son las que demuestran inconcebibles y sospechosas falencias en la protección de las fronteras y de los ríos que atraviesan el país; o las que no supieron cómo dar con los Lanatta y Schilaci mientras se ocultaron en territorio santafesino.
Todo eso es cierto. Sin embargo, limitarse a esta lectura superficial significaría aceptar por adelantado una irremediable condena al fracaso. El compromiso anunciado entre la Nación y la Provincia representa mucho más que el mero hecho de desplegar gendarmes, prefectos o policías federales.
Avances significativos
En primer lugar, significa que habrá controles cruzados entre las distintas fuerzas. Así como Gendarmería tendrá acceso a las comunicaciones que se realizan entre policías provinciales, las fuerzas locales podrán acceder a información referida a los movimientos de las fuerzas federales. El ministro de Gobierno de Santa Fe, Pablo Farías, aseguró que estas condiciones forman parte del acuerdo alcanzado entre Miguel Lifschitz, Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich. Ya no será tan sencillo ocultar los trapos sucios.
Desde el punto de vista político el acuerdo también representa un avance significativo. Es que, desde ahora, nadie podrá alegar ignorancia, limitarse a buscar culpas ajenas o mirar el problema de costado.
A partir del anuncio, el gobierno nacional aceptó hacerse co-responsable del problema de la inseguridad en la provincia de Santa Fe. Específicamente, en lo referido a delitos complejos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o tráfico de armas.
Es cierto que se trata de delitos federales, pero también es verdad que hasta ahora las distintas administraciones nacionales no hicieron lo necesario para enfrentarlos. En el acuerdo se estableció que estas causas quedarán bajo supervisión y directivas de Gendarmería Nacional.
No parece poco. Sobre todo, cuando gran parte de los homicidios que se producen en los barrios más violentos de Santa Fe y Rosario tienen relación directa o indirecta con este tipo de delitos.
Para enfrentar dichas causas complejas no alcanza con el policía, el gendarme o el prefecto de la esquina. Se requiere, sobre todo, de un verdadero trabajo de inteligencia. En este sentido y a pesar de falencias que son inocultables, el Estado nacional cuenta con mejores herramientas que cualquier gobierno de provincia para investigar.
Existe un tercer aspecto del acuerdo que merece ser destacado: el convenio tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Quizá pueda parecer un dato menor. Pero no lo es.
El año que viene habrá elecciones legislativas en el país. Y la provincia de Santa Fe, seguramente se convertirá en un verdadero campo de batalla en materia política.
La participación conjunta entre Nación y Provincia en los operativos de seguridad, inhibirá a ambas partes de caer en la tentación de utilizar el flagelo del delito con fines electorales. Es cierto que el peronismo está fuera de este acuerdo. Pero también es verdad que la ciudadanía ha dado señales claras de que no está dispuesta a tolerar miserias políticas en un tema tan sensible.
El problema de la inseguridad es verdaderamente grave y las soluciones de fondo no llegarán de la noche a la mañana. Sin embargo, mientras no se toma la decisión de dar el primer paso, los objetivos siempre parecen inalcanzables. El éxito no está garantizado. Pero la sangre derramada merece el intento.
