Gendarmes, prefectos y policías federales llegan por fin a la provincia de Santa Fe para participar de manera activa en la lucha contra los delitos complejos. Especialmente, para hacer frente a bandas de narcotraficantes que no sólo asuelan los barrios de las grandes ciudades, provocando continuos derramamientos de sangre, sino que han montado intrincadas estructuras de corrupción y lavado de dinero sucio.
En los últimos días, funcionarios de distintos niveles explicaron que gran parte de los federales realizará tareas de inteligencia. Esto significa que operarán de civil, intentando obtener información valiosa. Es que el vendedor barrial de la esquina es apenas la punta de un iceberg cuya profundidad aparece todavía incierta.
Alcanzar este acuerdo de colaboración entre el gobierno nacional y las autoridades de la provincia de Santa Fe no fue tarea sencilla. En el camino existieron demasiadas chicanas y acusaciones cruzadas. Dichos y aclaraciones. Marchas y contramarchas. Por todo esto y porque la gravedad de la situación lo amerita, el hecho de que al fin hayan alcanzado coincidencias básicas resulta alentador. Es, al menos, un punto de partida para una tarea que deberá prolongarse en el tiempo.
Sin embargo, y a pesar de todo, toda probabilidad de éxito en la lucha contra el narcotráfico se encuentra gravemente amenazada por las inocultables carencias que se manifiestan en las estructuras de la Justicia Federal en la provincia de Santa Fe.
Las dos fiscalías federales que funcionan en la ciudad capital están a cargo de un solo fiscal: Claudio Kishimoto.
Según declaró este fiscal a El Litoral, entre ambos juzgados federales existen en estos momentos un total de 1.800 causas, de las cuales el 80 {e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} están relacionadas con el narcotráfico.
Si de sacar promedios se trata, habrá que decir que trabajando diez horas diarias durante 26 días en el mes, este fiscal tendrá apenas 8,6 minutos mensuales para abocarse a cada uno de los 1.800 casos.
Kishimoto reemplaza en la Fiscalía 2 a Walter Rodríguez, quien en estos momentos se desempeña en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de la Nación. Y en la Fiscalía 1, ocupa el puesto que dejó vacante Griselda Tessio en enero de 2007. Dicho en otros términos: esa fiscalía no cuenta con un fiscal titular desde hace casi una década.
En otras ciudades
La situación no es mejor en Rafaela o Reconquista. Cuando Kishimoto llegó a Santa Fe, dejó vacante el cargo que ocupaba en la Fiscalía federal rafaelina. En su reemplazo, asumió como subrogante quien era su secretario, Federico Grimm. Esto significa que Rafaela tampoco cuenta con un fiscal federal titular.
En Reconquista, Roberto Salum dejó la Fiscalía federal para integrar la Unidad Fiscal Amia en febrero de 2015, luego de la muerte de Alberto Nisman. Lo reemplazó su subsecretaria, Viviana Bruno Campaña. Una vez más, no existe fiscal titular.
Hace apenas algunas semanas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró al gobernador Miguel Lifschitz que desde el Ministerio de Justicia de la Nación se trabaja en la creación de seis nuevos juzgados federales para la provincia de Santa Fe.
Atribuir todas las responsabilidades al actual gobierno sería injusto. Se trata de un reclamo de vieja data por un problema que se agrava con el paso del tiempo. Sólo a modo de ejemplo, el Juzgado Federal de Rafaela, que fue creado por ley en agosto de 2006, recién fue inaugurado ocho años después. A mediados de 2010 se promulgó a través del decreto Nº 1.128 la conformación de un Juzgado Federal en Venado Tuerto, una Fiscalía de primera instancia y una Defensoría Pública. Hasta el momento, no existe siquiera el edificio en el que funcionará el organismo judicial.
El periodista Germán De los Santos recordó en El Litoral hace dos semanas que el último Juzgado Federal en Rosario se creó en 1979 y, desde esa época, nada cambió en las entrañas del Poder Judicial.
“Lo que se modificó fue el resto, la otra realidad que hoy golpea con sangre las disputas cotidianas en torno al narcotráfico. Con una infraestructura similar a la que existía hace casi tres décadas, la Justicia Federal es la encargada de investigar y juzgar un tipo de delito que explotó en los últimos 10 años, y se volvió mucho más complejo”, escribió De los Santos.
En definitiva, la llegada de fuerzas federales y el esfuerzo en materia de inteligencia resultan imprescindibles. El problema radica en quiénes y de qué manera investigarán los posibles nuevos casos, que se sumarán a los que aguardan ser resueltos.
El anuncio de nuevos juzgados y fiscalías federales también es alentador. De todos modos, si de mejorar la situación se trata, la Nación debería avanzar, al menos, en los procesos de nombramientos para ocupar los lugares que hoy están vacantes.
El fiscal Kishimoto acaba de declarar que tiene la “voluntad” de hacer frente al desafío. Sin embargo, con voluntarismo y buenas intenciones no alcanza.
El enemigo es demasiado poderoso.
