Lo que en principio apareció como una decisión novedosa y participativa, terminó convirtiéndose en un mero contrapunto entre Miguel Lifschitz y legisladores de la oposición.
Tal como lo había adelantado durante la última campaña electoral, el gobernador intentó abrir el juego a la hora de designar al nuevo jefe de Policía de la provincia. Por ese motivo, en los últimos días firmó un decreto para limitar sus facultades y permitir que la Comisión de Acuerdo de la Legislatura -integrada por diputados y senadores opositores y oficialistas- tuviera la posibilidad de analizar los antecedentes de la persona propuesta por el Ejecutivo. La figura en cuestión es el actual director de la Policía de Investigaciones (PDI), Luis Bruschi, quien en definitiva termina asumiendo sin contar con el aval legislativo.
Sucedió que los opositores no estuvieron de acuerdo con la posibilidad de analizar los antecedentes de la persona propuesta. Adujeron, entre otros argumentos, que el Poder Ejecutivo es el único responsable de llevar adelante las políticas de seguridad y de elegir al encargado de conducir a la Policía.
Incluso, dijeron desde la oposición que si el gobernador consideraba necesario realizar una consulta política, podría haberlo hecho a través de los presidentes de bloques, los partidos o la Comisión de Asesoramiento en materia de Seguridad.
El gobernador reaccionó entre frustrado y ofuscado. Públicamente, consideró que había propuesto una “instancia superadora” y sostuvo que los legisladores que decidieron no participar tienen “una mirada corta, estrecha”, porque en materia de seguridad “se tienen que involucrar los tres Poderes del Estado”.
Este capítulo parece estar cerrado. Sin embargo, de lo sucedido se pueden sacar conclusiones importantes que probablemente contribuyan a lograr avances en el corto o mediano plazo.
Los opositores tienen razón cuando argumentan que no existe disposición constitucional, ni ley alguna que los habilite a participar en la elección del jefe de Policía. Y que, por lo tanto, la opinión que pudieron haber brindado hubiese sido apenas una sugerencia.
Por ese motivo, sería saludable que desde el Poder Ejecutivo o desde los distintos bloques legislativos se comience a trabajar en la elaboración de un marco legal adecuado para que esta participación en la elección del jefe policial termine siendo institucionalizada de manera efectiva.
De todos modos, la actitud asumida por los legisladores de la oposición no parece haber sido la más saludable. Si bien es cierto que las políticas de Seguridad dependen del Ejecutivo y que el gobernador es el encargado de elegir al jefe de Policía; no obstante, podrían haber protagonizado un gesto de participación y compromiso frente a esta problemática tan sensible para la sociedad en general.
La sensación que lamentablemente quedó sobrevolando, es que la oposición no quiso involucrarse de manera alguna en el tema, a fin de no ser responsable en el futuro de cualquier tipo de conducta inadecuada en que pudiera incurrir el nuevo jefe policial.
Frente a este tipo de situaciones deberían dejarse de lado las especulaciones políticas. Se trata de decisiones delicadas y de interés general, razón por la cual cada quien debería comprometerse desde el lugar que le corresponde. De lo contrario, los lamentos futuros aparecerán teñidos de hipocresía.
Luis Bruschi asume como jefe de Policía. Lo importante, en todo caso, será que este contrapunto político haya servido para poner sobre la mesa de discusión un debate necesario.
