El narcotráfico debe estar festejando: mientras sus garras continúan extendiéndose en una sociedad que durante años se empeñó en obviar la situación, ser cómplice o negar las evidencias, sectores del poder político y mediático parecen dispuesto a jugar el juego de los criminales.
Los aberrantes hechos de las últimas semanas dejaron al desnudo una realidad que explica con absoluta crudeza cómo fue posible que los narcotraficantes lograran extender sus redes en la Argentina. La violencia extrema y la sangre derramada representan apenas la punta del iceberg.
Las raíces de este tipo de delitos complejos son mucho más profundas. La fuerzas de seguridad están gravemente corrompidas. Sólo así fue posible que tres condenados por crímenes aberrantes pudieran abandonar una cárcel de máxima seguridad sin ningún tipo de resistencia y que la policía les haya abierto el camino para que lograran abandonar la provincia de Buenos Aires.
Pero nadie puede hacerse el distraído. No sólo “La Bonaerense” huele a podrido, sino también el resto de las policías provinciales y las fuerzas federales de seguridad.
Lo sucedido hace un par de semanas es una prueba irrefutable. El gobierno nacional y la Justicia aún no explicaron con certeza cómo fue posible que los prófugos lograran escabullirse de supuestos grupos de elite con tanta facilidad. Ni por qué un gendarme resultó baleado cerca de San Carlos, cuando todo indica que los delincuentes ya no se encontraban en el teatro de operaciones.
Sorprende cómo en tan pocos días pudo quedar al descubierto semejante cantidad de torpezas y miserias. Los desaciertos en el desempeño del Ministerio de Seguridad de la Nación durante los momentos de crisis fueron realmente sorprendentes.
Ante la gravedad de la situación que atraviesa el país, resulta inaceptable -y casi insoportable- que el gobierno federal y una provincia -en este caso Santa Fe, pero pudo haber sido cualquier otra- se encuentren inmersos desde hace semanas en una puja discursiva por determinar quién tuvo los mayores méritos en la detención de los prófugos y en qué territorio el narcotráfico tiene mayor injerencia.
La temeraria irresponsabilidad de la diputada Elisa Carrió merece un párrafo aparte. Con pruebas tan endebles como un mensaje de Whatsapp, denunció a un ex gobernador de la provincia de Santa Fe de haber montado un pacto con tres asesinos, con el supuesto objetivo de dejar en ridículo al presidente de la Nación.
Pero eso no fue todo. Comenzó a circular por los medios porteños un video que mostraba cómo policías detenían a los delincuentes y volvían a liberarlos. Lo que nadie esperaba era que, pocas horas después, un par de vecinos de Santa Fe salieran a aclarar que ellos eran los de las imágenes y que todo se había tratado de una fábula.
No sólo las fuerzas de seguridad y la política reflejaron sus torpezas y miserias durante las últimas semanas, sino que también lo hizo parte del periodismo. De hecho, fueron algunos medios -sobre todo de Buenos Aires- los que dieron crédito a videos fabuladores y a denuncias infundadas.
La entrevista realizada por un periodista porteño al prófugo rosarino Ramón Ezequiel Machuca -alias Monchi Cantero- fue el punto culminante en esta verdadera muestra de endeblez profesional. Un entrevistador desinformado, terminó siendo funcional a un delincuente buscado por crímenes gravísimos.
Nada es fruto de la casualidad. Frente a este lastimoso escenario, el narcotráfico tiene para festejar.
