Aníbal Fernández, el mismo jefe de Gabinete que fue capaz de llamar “turro y sinvergüenza” a un fiscal muerto y sin posibilidades de defenderse, parece decidido a redoblar la apuesta en su show personal de cada mañana. Esta vez dijo sin sonrojarse que, si por él fuese, hace ochenta días “habría ordenado detener a la madre” de Alberto Nisman.
A estas alturas de las circunstancias, ya nada sorprende. De hecho, poco después de que el fiscal apareciera muerto en su departamento de Puerto Madero, la presidente Cristina Fernández utilizó una red social para sentenciar que se había tratado de un suicidio. Sin embargo, a las horas decidió cambiar su postura y, entonces, afirmó que en realidad lo habían matado.
Si no fuera porque se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, bien podría hablarse de una patética comedia de enredos.
Mientras tanto, la fiscal encargada de investigar cómo murió Nisman aún no ha dado indicios de contar con una hipótesis más o menos firme. En lugar de eso, los últimos meses han transcurrido en medios de marchas y contramarchas, declaraciones y aclaraciones; a lo que deben sumar los enfrentamientos públicos entre la funcionaria y la ex esposa de la víctima.
La mediocridad y la ineficacia de la Justicia se convirtieron en las principales aliadas del cinismo y la hipocresía política. Mientras desde los Tribunales no se logren verdaderos avances en la investigación, continúan ampliándose las posibilidades de que un hombre como Aníbal Fernández aproveche cuanto micrófono tenga enfrente para desviar el foco de atención, con declaraciones altisonantes que sólo buscan distraer a la opinión pública.
En definitiva, la muerte de Nisman parece haber quedado en un segundo plano. En estos momentos el tema de discusión suele pasar por los dichos del jefe de Gabinete. Que Nisman, que Lagomarsino, que su ex esposa, que su madre. Nadie está exento de críticas. Sobre todos y cada uno sobrevuela alguna sospecha. O, al menos, éstas parecen ser las intenciones del gobierno.
Mientras tanto, las posibilidades de que alguna vez se sepa qué fue lo que realmente pasó, quedaron prácticamente sepultadas. Tanto es así que, incluso en el supuesto caso de que la Justicia llegue a alguna conclusión, ya nadie creerá plenamente en ella. Las dudas y las sospechas, prevalecerán de manera indefectible.
Y en este contexto, los mayores beneficiados son los funcionarios que en su momento habían sido denunciados por Nisman. Porque, aunque algunos parecen haberlo olvidado, el fiscal falleció cuando se aprestaba a presentarse en el Congreso Nacional para brindar explicaciones sobre por qué estaba convencido de que Cristina Fernández, su canciller y otros personajes de reparto, habían intentado proteger a los posibles terroristas que hicieron volar la sede de la Amia.
Lo único que parece primar en este contexto, es la sospecha generalizada. Ya no se sabe quiénes son los malos, y dónde están los buenos. El juego se juega sin reglas. O, peor aún, con reglas que cambian de manera continua, según los intereses de los sectores involucrados.
En definitiva, a casi tres meses de la muerte de Nisman, los argentinos son testigos de un escenario macabro y perverso que, tal vez, no sea más que el reflejo de cómo funcionan el país.
