Este año, el gran Santa Fe parece indefectiblemente condenado a superar su propio récord histórico de homicidios. Pero eso no es todo: además, la realidad indica que liderará el ranking de ciudades con mayor cantidad de personas asesinadas por número de habitantes en la Argentina y que ocupará los primeros puestos entre los conglomerados más violentos de Latinoamérica.
El récord anual de asesinatos en la ciudad se registró en 2007, con 116 homicidios. Cuando faltan más de tres meses para que finalice 2014, el registro indica que ya se cometieron más de 100 crímenes con víctimas fatales.
Ya no se puede hablar de una escalada esporádica de violencia, sino de un verdadero problema endémico. El sentido común indica que se trata de un fenómeno multicausal, generado evidentemente por cuestiones culturales, sociales y económicas. A este cóctel se le agrega la masiva tenencia ilegal de armas y la existencia de una fuerza policial corrompida e ineficiente.
Si bien la institución atraviesa en estos momentos un período de transformación profunda, en el mejor de los casos los cambios darán sus frutos en el mediano y largo plazo.
Aquella muletilla repetida por los distintos gobiernos, según la cual en Santa Fe la gente se mata porque elige la violencia para resolver conflictos personales, hace tiempo que dejó de tener sustento. Es que, si bien es cierto que resulta común que dos o más personas resuelvan sus problemas a los tiros, también es verdad que víctimas y victimarios suelen contar con frondosos antecedentes penales previos.
Existe otro elemento que, seguramente, viene contribuyendo desde hace décadas a este proceso de instalación de la violencia: hasta febrero de este año, en la provincia de Santa Fe rigió un sistema procesal penal vetusto, lento e ineficiente, en el marco de un Poder Judicial anquilosado e ineficaz.
Si bien resulta alentadora la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal y la creación de organismos tales como el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa, dichos organismos presentan serios problemas de funcionamiento debido a la escasez de recursos humanos.
Desde febrero, cuando comenzó a operar el nuevo sistema, se produjeron en el departamento La Capital más de 90 homicidios. Todos ellos vienen siendo investigados por apenas dos fiscales abocados específicamente a la materia.
En estos momentos, por cada fiscal en funciones, deberían existir tres fiscales. En otras palabras, el Ministerio Público de la Acusación apenas funciona actualmente con el 33{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} de los fiscales previstos por la ley. Además, se suman las demoras en el nombramiento de empleados que colaboren con las tareas administrativas.
Mientras tanto, los fiscales deben delegar parte de sus funciones en una institución policial de dudosa credibilidad y que, a lo largo de la historia reciente, ha demostrado su escasa eficiencia.
En realidad, el nuevo sistema establece la creación de un órgano de investigaciones, con efectivos que dependerán directamente de los fiscales. El proyecto de ley para la creación de este organismo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Provincia. Sin embargo, el debate no se inició todavía en el Senado.
Es importante que los procesos de selección de los recursos humanos sean meticulosos. Sin embargo, las urgencias plantean la necesidad de que los nombramientos se realicen cuanto antes.
Mientras esto no suceda, de poco servirá contar con el mejor sistema procesal penal. (EDITORIAL PUBLICADO EN EL DIARIO EL LITORAL DE SANTA FE).
