Lo que sucedió en Santo Tomé entre la noche del martes y la madrugada del miércolesde la semana pasada fue un hecho espeluznante.
Un joven de 20 años y un adolescente de 15, ingresaron a una vivienda del barrio Villa Adelina con intención de robo. Sin embargo, fuera de control, abusaron sexualmente de una madre desesperada e impotente, ante la presencia de dos de sus hijas. Cuando comenzaba a amanecer, los agresores ingirieron medicamentos que hallaron en la vivienda y se quedaron dormidos. La víctima, con las pocas fuerzas que aún la mantenían en pie, logró caminar hasta la comisaría para hacer la denuncia.
Con la llegada del día, la noticia se diseminó rápidamente en una ciudad azorada por lo sucedido. Los vecinos del barrio decidieron hacer justicia por mano propia: incendiaron la vivienda de los delincuentes y luego se dirigieron hacia la comisaría, con el objetivo de evitar que el menor quedara en libertad por tener apenas 15 años.
Desde la Justicia de Menores salieron rápidamente a aclarar la situación: la ley impide cualquier tipo de injerencia de los jueces en estos casos. No importa que un chico menor de 16 años cometa los crímenes más horripilantes. Cuando estos hechos suceden, sólo pueden actuar los organismos del Poder Ejecutivo abocados a trabajar en políticas de niñez, adolescencia y familia.
En la Argentina, los menores de 16 años no son punibles porque la ley considera que no tienen aún la capacidad para comprender lo que están haciendo, ni discernir la gravedad de sus actos, por más brutales que puedan ser los delitos.
Incluso en el caso de que un chico de 14 ó 15 años mate a una persona y, a través de pruebas psicológicas se logre demostrar que entendía la criminalidad de sus actos y que tuvo la voluntad de asesinar, la ley no permite que se le aplique sanción alguna.
Por lo general, estos menores son enviados a institutos donde, supuestamente, reciben un tratamiento adecuado a la situación. Sin embargo, en la provincia -como en el resto del país- subsisten enormes falencias en este sentido: en todo el centro-norte de Santa Fe, existen apenas unas 20 plazas para alojar a estos chicos.
Resulta evidente que existe un vacío legal y en materia de infraestructura para actuar frente adolescentes que delinquen dentro de esta franja etárea. El debate no puede, ni debe agotarse en una mera discusión sobre bajar, o no, la edad de imputabilidad de los menores. Tampoco tiene demasiado sentido pensar en enviarlos a cárceles donde difícilmente logren ser reencausados y de las cuales saldrían, probablemente, en peores condiciones.
En el caso concreto de Santo Tomé, el menor de 15 años nunca fue a una escuela. No sabe leer, ni escribir. Y el joven de 20 años, no terminó la primaria y mostró serias dificultades para comprender preguntas elementales realizadas durante la primera audiencia frente a la Justicia.
Mientras estos hechos se reproducen cada vez con mayor frecuencia a lo largo y ancho del país, la clase política argentina prefiere mirar hacia otro lado, en lugar de afrontar los problemas verdaderamente complejos y trascendentes.
Pocos parecen dispuestos a asumir la responsabilidad que les cabe. Quienes están en el gobierno y tienen la verdadera posibilidad de tomar decisiones, evitan afrontar la situación de promover un debate amplio y sensato. Muchos en la oposición asumen la misma actitud.
Al parecer, se sienten más cómodos enfrascados en discusiones pueriles y superficiales que, por lo general, no conducen a nada.
