A diferencia de lo que ocurriera en otras oportunidades, esta vez no será posible para el gobierno vituperar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal reclamara formalmente al poder político que se arbitren las medidas necesarias como para enfrentar el avance del narcotráfico en la Argentina.
Es que, después de que la Corte resolviera la constitucionalidad de la Ley de Medios, el oficialismo se quedó sin una de sus armas predilectas durante los últimos tiempos: atacar a la Justicia por el mero hecho de no coincidir con las posturas del Ejecutivo.
El planteo del tribunal supremo no se produjo en un momento cualquiera. Apareció precisamente luego de que el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, asegurara que en lo que va del año las fuerzas federales detuvieron a 5.700 narcotraficantes y responsabilizara a la provincia de Santa Fe por el ataque a balazos contra la casa del gobernador Antonio Bonfatti, al afirmar que los hechos se produjeron por “falta de presencia del Estado” en Rosario.
El contexto político y social se transforma con llamativa rapidez en la Argentina. Por ese motivo, el escenario con el que se encontrará la presidente Cristina Fernández cuando se reintegre a sus funciones a partir de la semana próxima, no será el mismo que dejó el día previo a que sufriera el problema de salud que la llevó a un período de reposo obligado.
A los problemas generados por la inflación, el cepo al dólar, la fuga de reservas del Banco Central y los desafíos políticos que plantean los dos últimos años de gestión, parece habérseles sumado con fuerza un nuevo factor en la agenda pública: el narcotráfico.
Y no es que el tema no estuviera en discusión durante los últimos años. De hecho, hace décadas que se viene hablando del problema en la Argentina. Sin embargo, en apenas cuatro semanas se produjeron algunos acontecimientos que demostraron claramente los riesgos que afronta el país en caso de no adoptar una serie de medidas de fondo a tiempo. Un hecho inédito
Como nunca -y afortunadamente- el tema se ha instalado en el debate nacional. Pocas horas antes de conocerse la postura de la Corte sobre la materia, los obispos del país emitieron un comunicado planteando la misma preocupación. Lo hicieron con cautela, sin levantar el dedo acusador contra nadie, pero dejando claramente planteada la situación y advirtiendo que las medidas tendientes a enfrentar a este flagelo deben transformarse en una verdadera cuestión de Estado, más allá de territorios o banderías políticas.
La Argentina se encuentra peligrosamente cerca de un punto de no retorno. Y no se trata de una lectura antojadiza. De hecho, el país viene recorriendo un derrotero similar al que transitaron en el pasado países como Colombia o México, y que derivaron consecuencias devastadoras que llevaron al surgimiento de verdaderos narcoestados, donde los criminales terminaron imponiendo sus reglas y convirtiéndose en una suerte de institución de gobierno paralela a las autoridades legalmente constituidas.
El problema no sólo afecta a la ciudad de Rosario. En las últimas horas, la Corte Suprema reenvió a los ministerios de Seguridad y Justicia de la Nación sendas notas remitidas por camaristas federales de Salta, también con jurisdicción en Jujuy, y de otros dos jueces federales de Tucumán.
Mientras el Ministerio de Seguridad intenta restar gravedad al problema y algunos funcionarios continúan enfocados en obtener algún miserable rédito político de la situación, las fronteras del país siguen siendo tierra de nadie.
Los puestos aduaneros no funcionan, el espacio aéreo y la hidrovía del Paraná siguen sin control, la Fuerza Aérea está desmantelada, decenas de miles de gendarmes realizan tareas de agentes policiales en el Gran Buenos Aires y la Justicia Federal carece de infraestructura y recursos humanos suficientes. En apenas siete años, se incrementó en el país un 84,64{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} la cantidad de causas penales vinculadas con el narcotráfico.
Como sociedad, la Argentina aún cuenta con la posibilidad de reaccionar con la fuerza que no tuvieron otras naciones cuando las señales de advertencia se hacían evidentes. Dependerá de los medios de comunicación, de las entidades intermedias, de la oposición y también del ciudadano común, que el gobierno y la dirigencia política ya no puedan hacerse los distraídos y asuman el rol que les cabe para encabezar una lucha frontal y decidida contra los narcocriminales.
El destino del país, no tiene por qué estar irremediablemente escrito. Pero si no se hace ahora lo necesario, luego podría ser demasiado tarde.
