Apenas veinticinco días después de que desconocidos descargaran una ráfaga de tiros contra la vivienda particular del gobernador Antonio Bonfatti, se produjo otra señal de alarma: esta vez, ingresaron a la casa de la secretaria de Delitos Complejos, Ana Viglione, en la ciudad de Santo Tomé.
No fueron delincuentes comunes. Realizaron un trabajo selectivo y sólo se llevaron todos aquellos dispositivos electrónicos donde la funcionaria pudiera tener información almacenada.
El principal sospechoso por el ataque a Bonfatti es un tal Brian González, integrante de la barra brava de Rosario Central. Aparentemente, se trata de un sicario dispuesto a matar a cambio de dinero. Si esta pista es correcta, la pregunta es quién lo contrató para disparar contra el gobernador de la provincia.
Frente al robo a la casa de Viglione, las miradas vuelven a recaer sobre el narcotráfico y sobre bandas de policías corrompidos por el negocio de la droga.
No se trata de una conclusión antojadiza. A principios de junio pasado, las Tropas de Operaciones Especiales detuvieron a un comisario inspector -colaborador de Viglione-, en las oficinas de la Secretaría de Delitos Complejos. Igual suerte corrió un sargento, perteneciente a la misma repartición.
Las detenciones se produjeron por orden del juez rosarino Juan Carlos Vienna, quien los imputó de posible delito de “asociación ilícita” por el supuesto vínculo con la tristemente conocida Banda de Los Monos.
Viglione fue convocada a la Legislatura para que diera explicaciones sobre cómo fue posible que se cometiera semejante error al confiar en estos policías. La funcionaria negó que hubiesen sido personas “de absoluta confianza” y explicó que “integraban un grupo que se dedicaba a la recolección de datos”.
El problema fue que, al parecer, trabajaban en connivencia con los mismos narcotraficantes que debían investigar. Y lo hacían desde la Secretaría de Estado creada específicamente para perseguir a este tipo de delincuentes.
Todo indica que estos policías eran “topos”. Infiltrados del mundo de la criminalidad, dentro de la organización policial.
Es que, evidentemente, los límites entre ambos mundos se tornan cada día más difusos.
Determinar quiénes son los buenos y dónde están los malos, no parece tarea sencilla. La posibilidad de confusión se presenta a cada paso, frente a cada decisión.
Ante los legisladores, Viglione reconoció hace sólo cuatro meses que podía haber “más policías y civiles presos por la investigación, dentro y fuera de la Secretaría de Delitos Complejos‘.
Frente al ataque a la casa del gobernador y al robo a la casa de Viglione pueden hacerse, por lo menos, dos lecturas.
La primera es que, gracias a la decisión política del gobierno provincial y al trabajo de la Justicia, los grupos narcos y sus cómplices policías están siendo acorralados. Entonces, intentan defenderse desesperadamente para no perder su poder y sus negocios.
Pero existe otra posible mirada y es que, a pesar de los esfuerzos realizados desde el Estado, estos grupos narcopoliciales conservan el poder suficiente como para atreverse a atacar al gobernador, amenazar a jueces y funcionarios, o ingresar al domicilio particular de quien los está investigando.
No queda del todo claro dónde se ubica el péndulo en estos momentos. Pero frente a una realidad tan vertiginosa, seguramente sabremos pronto hacia dónde se inclina la balanza.
