La guerra interna de la Uocra Santa Fe continúa frente a la atónita mirada de una sociedad que no alcanza a comprender cómo es posible que un conflicto como éste pueda prolongarse a lo largo del tiempo, sin que algún estamento del Estado logre controlar la situación.
A esta altura de las circunstancias, resulta cada vez más difícil saber quién dice la verdad. Desde el gobierno provincial se responsabiliza a la Justicia por la falta de respuestas. Sin embargo, los jueces insisten por lo bajo en que el enfrentamiento tiene un fuerte componente político y desde el Colegio de Magistrados contestaron con dureza a las afirmaciones del Ejecutivo.
Mientras tanto, las implicancias provocadas por esta situación no resuelta exceden largamente la mera cuestión sindical.
En primer término, existen fuertes consecuencias económicas. Por cada día de conflicto, las empresas que conforman la UTE que trabaja en la ampliación de la Central Térmica Brigadier López de Sauce Viejo pierden ingentes cantidades de dinero. Seguramente, las demoras repercutirán en el costo final de la obra y las arcas del Estado terminarán sufriendo las secuelas.
Además, otras constructoras, que trabajan en una serie de obras públicas vitales para la región, vienen sufriendo desde hace meses una situación similar a la que terminó haciendo eclosión en Sauce Viejo.
Pero eso no es todo. En un país que atraviesa una profunda crisis energética, resulta prioritario que este tipo de proyectos de infraestructura sean concluidos cuanto antes. Se estima que, en pleno funcionamiento, la central podría alimentar de energía a una ciudad como Santa Fe.
Cuando estas conflictividades se tornan crónicas, se crean condiciones que afectan directamente las posibilidades de inversión futura, en una región que cuenta con nefastos antecedentes en este sentido.
Si de hacer historia se trata, sobre fines de los ‘70 la multinacional Fiat, en el marco de una reestructuración global, decidió abandonar Santa Fe en medio de una continua hostilidad sindical. Centralizó su producción en la provincia de Córdoba y los efectos de aquella decisión se sintieron durante décadas en toda el área metropolitana, donde alrededor de 10 mil familias se vieron perjudicadas porque, directa o indirectamente, estaban vinculadas laboralmente con la automotriz.
La prolongación del conflicto genera, además, una consecuencia con fuertes implicancias sociopolíticas, pues crea la sensación de que el Estado resulta incapaz de resolver este tipo de problemas con eficacia.
Al ciudadano común poco le importa que sea la Justicia o el Poder Ejecutivo el que tome las decisiones. Lo que queda grabado a fuego en el inconsciente colectivo, es la sensación de indefención e impotencia.
Si las instituciones del Estado no son capaces de prevenir o de reaccionar frente a la concreción de delitos flagrantes, con responsables perfectamente identificados y en escenarios definidos, difícilmente esté en condiciones de enfrentar problemas verdaderamente graves y de mayor alcance.
Es que, en definitiva y más allá de la espectacularidad de las noticias que uno y otro bando producen casi a diario, se trata de un mero conflicto entre dos facciones sindicales.
Un conflicto que mantiene como rehenes a ciudadanos comunes, empresas e, incluso, a funcionarios públicos que no encuentran la manera de resolver cuanto antes el problema.
