A las 3.30 de la madrugada del sábado, un estruendo seco y penetrante quebró el silencio nocturno en Alto Verde. María Laura Cabrera, de tan sólo 14 años, dormía en su casa del Pasaje 16 de la Manzana 3, cuando su novio, de 15 años, rompió la traba de la puerta, ingresó y le disparó un mortal tiro de escopeta en la cabeza.
Poco después, acompañado por sus padres, el homicida se presentó ante la policía y asumió su responsabilidad en el hecho.
El lunes, apenas 48 horas después de ejecutar a su novia, el adolescente se encontraba en libertad y bajo el cuidado de su familia, que debió se reubicada en otra zona de la ciudad -o de la provincia- para evitar cualquier intento de venganza por parte de los allegados de la víctima.
De hecho, los temores no fueron infundados: durante la tarde del domingo, vecinos y familiares de María Laura, indignados por la situación, quemaron la casa donde el homicida vivió hasta el último fin de semana.
Al ser menor de 16 años, el adolescente no es punible para las leyes argentinas. Por ese motivo, regresó con su familia y a partir de ahora estará bajo acompañamiento y supervisión de equipos interdisciplinarios de la Secretaría de Minoridad de la Provincia.
Desde hace tiempo se ha instalado en el país un debate que parece conducir a un camino sin salida. El planteo, falaz y reduccionista, apunta a debatir si resulta conveniente o desacertado reducir la edad de imputabilidad de los menores.
En realidad, discutir sobre un año más o un año menos no parece tener sentido. ¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre un adolescente de 15 años y 354 días de vida, con uno que acaba de cumplir 16 años?
El problema de fondo es que la Argentina carece de una Ley Penal Juvenil, que establezca modos de actuación y sanciones para chicos cuyas edades podrían oscilar, por ejemplo, entre los 12 y los 16 años.
En el caso del homicidio de Alto Verde, todo parece indicar que el adolescente cuenta con una familia contenedora. Sin embargo, en muchos casos los menores que delinquen provienen de hogares abandónicos y violentos, incapaces de generar la contención necesaria mientras el chico es tratado por especialistas de Minoridad.
Incluso en el caso de que se tratara de un adolescente reincidente en delitos violentos, no podría ser privado de su libertad. En otras palabras, un pibe que mata una y otra vez, a lo sumo podría ser enviado a una institución pública de puertas abiertas. ¿Cuánto tiempo podría pasar antes de que decidiera escapar?
“En el caso de Alto Verde, si el chico hubiera sido mayor de 16 años, seguramente estaría detenido y privado de su libertad”, reconoció el secretario de Minoridad de la provincia, Cristian Allende.
El 8 de julio de 2009, el proyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil recibió media sanción en general en el Senado de la Nación, luego en trabajo arduo y minucioso. Sin embargo, desde entonces el tema quedó paralizado en la Cámara Baja.
La Argentina es una excepción en Latinoamérica, ya que otros países sí cuentan con un régimen penal específico para adolescentes menores de 16 años que cometen delitos graves. En Brasil, por ejemplo, existe desde 1990 un Estatuto de la Niñez y la Adolescencia que establece un sistema de Justicia especial para menores de entre 12 y 17 años.
Otros países, como por ejemplo Honduras, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Ecuador, adaptaron sus legislaciones en este sentido. Si bien en todos los casos el objetivo es promover el desarrollo e integración del adolescente que delinque, existen penalidades vigentes y adaptadas a estas premisas.
En Uruguay, rige el Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece un régimen especial para jóvenes de entre 13 y 18 años. Las sanciones son diferentes a las que se imponen a los mayores, pero existen penas máximas de cinco años para los delitos de mayor gravedad, como por ejemplo el homicidio.
La postura argentina de no legislar al respecto se parece demasiado a una actitud hipócritamente correcta. Bajo el argumento de proteger los derechos de los menores, en realidad se evita el abordaje de una problemática compleja y se terminan creando las condiciones necesarias como para que gran parte de la sociedad reclame livianamente mayores penas o intente hacer Justicia por mano propia.
El caso de Alto Verde es un claro ejemplo de este escenario.
