Cuando las heridas causadas por la explosión en el edificio de Salta 2141 de la ciudad de Rosario aún continúan abiertas, llega el momento de indagar en los motivos que provocaron -o potenciaron- la tragedia.
La Justicia investiga lo sucedido y sería demasiado apresurado aventurar conclusiones terminantes. Sin embargo,
como suele ocurrir en estos casos, lo más probable es que una serie de factores se hayan concatenado para desembocar en esta desgracia: falta de controles, mecanismos anticuados, incapacidad y negligencia humana.
En la Cámara de Senadores de la Nación, el santafesino Rubén Giustiniani acaba de presentar un pedido de informes con una serie de interrogantes planteados a la empresa Enargás, organismo nacional encargado de controlar a las concesionarias del servicio en todo el país, como es el caso de Litoral Gas en la provincia de Santa Fe.
Según el legislador, en el pasado también hubo pedidos de informes hacia el Enargás, pero por lo general las respuestas nunca llegaron.
Al mismo tiempo, el diputado nacional Carlos Comi pidió a la presidenta de la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara baja, Rosana Bertone, que cite al Congreso a los directivos del Enargás para que ofrezcan explicaciones sobre lo ocurrido en Rosario.
Resulta por lo menos llamativo que, hasta el momento, ninguna autoridad del organismo de control nacional se haya expresado públicamente al respecto
Los antecedentes de la privatización de la empresa Gas del Estado y la consecuente creación del Enargás para controlar a las firmas concesionarias del servicio, no son los mejores.
A la hora de hacer memoria, vale la pena recordar que aquella ley de privatización se consumó gracias a uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia institucional de la Argentina: fue el 26 de marzo de 1992, cuando el gobierno menemista apeló a un “diputrucho” para alcanzar el quórum en la sesión de la Cámara de Diputados, que por entonces presidía el bonaerense Alberto Pierri.
Se trató de un asesor ad honorem del diputado Julio Samid, quien camuflado de legislador se sentó en una de las bancas vacías para simular un número de ficticio de legisladores presentes. El bloque oficialista era presidido por el pampeano Jorge Matzkin y José Luis Manzano era el ministro del Interior. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, reclamaba con vehemencia la sanción de aquella ley.
Las grandes tragedias ocurridas durante los últimos años en la Argentina tienen un punto en común: la falta de controles adecuados por parte del Estado. En este sentido, se pueden enumerar el choque del tren de la línea Sarmiento en la estación de Once, el mortal incendio en la discoteca Cromañón o el accidente de un avión de Lapa en el Aeroparque porteño.
Es cierto que siempre existe una persona que termina por desencadenar la desgracia. Sin embargo, las posibilidades de que Omar Chabán, el gasista de Rosario, el piloto del avión o el conductor del tren puedan provocar este tipo de tragedias, se reducirían drásticamente si funcionaran los mecanismos de control, se respetaran las leyes o existieran protocolos de actuación adecuados como para reaccionar frente a la emergencia.
