Resulta verdaderamente llamativo hasta qué punto una discusión puede repetirse una y otra vez, como si no existieran antecedentes o normas que determinen cuál es el camino a seguir. Los cortes de rutas, avenidas troncales y calles de alto tránsito, derivan invariablemente hacia un eterno retorno al punto de partida.
Cada vez que se producen los piquetes, las discusiones se reiteran: que si es problema político, que ya es tarde para actuar, que la policía debería contar con indicaciones precisas, que si corresponde a la Justicia provincial, que si se trata de un problema de la Justicia federal, que si el corte es total o parcial, que si queman cubiertas, que si no las queman.
Por enésima vez en los últimos meses, afiliados a la Uocra provocaron un verdadero caos en el centro de la ciudad de Santa Fe, al interrumpir el tránsito en Av. 27 de Febrero y Mendoza, un punto neurálgico por tratarse, además, de una ruta nacional por la que circula todo tipo de vehículos, entre ellos camiones y colectivos de larga distancia.
Pero eso no fue todo. Desoyendo las reiteradas advertencias del municipio, los obreros quemaron cubiertas y tornaron prácticamente irrespirable el aire de un amplio sector. Algunas oficinas públicas y el Correo debieron ser evacuados.
En este caso, el conflicto se generó entre un sector del gremio y la empresa constructora que lleva adelante los trabajos del Cemafe. La firma despidió a 54 trabajadores. El gobierno provincial asegura que no existen deudas de su parte, por lo que se trata de un problema laboral entre la constructora y sus empleados.
Pero mientras este conflicto se resuelve, la Uocra vuelve a apelar al uso de la fuerza. Desde finales del año pasado, integrantes de este gremio provocaron enormes inconvenientes por distintos motivos. En primer término, por una interna que no termina de solucionarse y que derivó, incluso, en enfrentamientos y disparos de armas de fuego en pleno centro de la ciudad.
Luego de varios días de piquetes en Av. 27 de Febrero, el intendente José Corral tomó la decisión política de salir a los medios para reclamar públicamente alguna decisión de la Justicia y el accionar de las fuerzas policiales al mando del Ministerio de Seguridad.
Recién entonces, comenzaron a surgir -al principio tímidamente- las respuestas. Es que el conflicto laboral y la interna de la Uocra estaban tornando prácticamente inmanejable un sector neurálgico de la ciudad.
¿Era necesario que el intendente debiera clamar respuestas públicamente?, ¿acaso los jueces o fiscales no están en condiciones de actuar frente a un delito flagrante?, ¿qué pensaban hacer con las denuncias que ya había presentado el municipio?, ¿es que resulta tan difícil para la policía prevenir estos cortes de calles sin que su accionar derive en represión y enfrentamiento?
La experiencia demostró claramente que, luego de la orden judicial, las fuerzas de seguridad pudieron evitar sin mayores inconvenientes que el piquete se realizara sobre una ruta nacional de alto tránsito.
Un fiscal federal acaba de plantear la necesidad de que existan protocolos de actuación frente a este tipo de situaciones. Esto parece ser una obviedad.
Cada uno de los sectores involucrados debería saber qué tiene que hacer y en qué momento actuar, de manera tal que se eviten las dilaciones desgastantes para todos. Sin embargo, lo más importante no son las leyes o los protocolos. Lo fundamental es que, llegado el caso, los actores involucrados en el problema estén dispuestos a cumplirlos.
