En algún cajón del edificio de los Tribunales de Santa Fe existe un expediente vinculado con una empresa y con un nombre que retumban con fuerza por estos días en la Argentina: la firma es Austral Construcciones; y el personaje en cuestión, Lázaro Báez.
El caso está archivado desde 2011 porque, según la Justicia, no se encontraron elementos que pudieran representar delito. Sin embargo, en su momento ocupó grandes espacios en los medios locales, mereció reproches del Tribunal de Cuentas de la Provincia y provocó fuertes discusiones en ámbitos políticos. Es que las sospechas de corrupción, de irregularidades o de tráfico de influencias, siempre sobrevolaron la sorprendente compra de 140 motoniveladoras chinas marca Dinsheng Tiangong que, a mediados de 2005, realizó el gobierno de Jorge Obeid a la firma del empresario vinculado con Néstor Kirchner, por entonces presidente de la Nación.
Según información oficial de la Dirección Provincial de Vialidad, en estos momentos 24 de aquellas máquinas están totalmente paradas, a la espera de reparaciones mayores vinculadas con el motor de las unidades, la transmisión o el sistema hidráulico.
Sin embargo, estos datos son parciales, pues durante los últimos ocho años las motoniveladoras requirieron de constantes reparaciones. Además, sólo cinco de aquellos equipos están operando actualmente en Vialidad. El resto se encuentra en manos de municipios y comunas, que se encargaron -y lo siguen haciendo- de los arreglos menores que no aparecen en los registros de la Dirección.
Hay secretos a voces que jamás pueden ser comprobados. Existen irregularidades que difícilmente logren ser encuadradas en alguna figura delictiva. Incluso cuando alguno de sus protagonistas, por lo bajo, reconozca los hechos.
En el caso de la compra de las motoniveladoras chinas -la mayor operación de estas características realizadas en la historia de la provincia de Santa Fe- el secreto nunca reconocido -e imposible de probar- indica que se trató de un pedido -¿una orden?- surgido desde el Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido, al gobierno provincial.
Los primeros pasos
El 9 de mayo de 2005, el Boletín Oficial de Santa Fe publicó un llamado a licitación para comprar cien motoniveladoras, por un valor de 38.000.000 de pesos y que debían ser entregadas el 15 de setiembre de ese mismo año.
Se presentaron dos firmas. Una de ellas, Macrosa del Plata SA, que ofrecía máquinas marca Caterpillar, de origen norteamericano y de reconocida calidad internacional. La otra, Austral Construcciones (de Santa Cruz), que se presentaba como representante de la marcha china Dinsheng Tiangong.
La oferta de los santacruceños estuvo un 3{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} por debajo del presupuesto oficial. El 17 de junio del mismo año, el administrador provincial de Vialidad, Antonio Grbavac, firmó la resolución 1.145 y adjudicó la transacción a Austral Construcciones.
Como el precio ofertado por la empresa de Lázaro Báez era menor al presupuesto oficial, se resolvió incrementar la compra a 140 motoniveladoras, en lugar de las 100 iniciales.
Sin embargo, desde un principio el proceso estuvo teñido de datos sorprendentes y sospechosos que, incluso, motivaron observaciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
En primer lugar, Austral Construcciones ni siquiera estaba inscripta en el Registro Oficial de Proveedores de Santa Fe, requisito establecido en el pliego de bases y condiciones de la operación.
Pero eso no es lo más llamativo. En aquel momento, Austral Construcciones era, justamente, una constructora. En el objeto social de la firma, no aparecía la posibilidad de compraventa, comercialización o intermediación de maquinarias, ni repuestos. Tampoco la importación o exportación de producto alguno. ¿Qué hacía, entonces, vendiendo motoniveladoras chinas?
Recién tres meses después de realizada la operación con la provincia de Santa Fe, Austral Construcciones readecuó su Estatuto Social para estar en condiciones de realizar este tipo de operaciones.
Otro punto en discusión fue la calidad de las máquinas. Para ello, se creó una comisión ad hoc encargada de verificar los antecedentes mecánicos de las motoniveladoras. Dicha comisión se limitó a viajar a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, que por entonces contaba con dos máquinas chinas.
En los expedientes de la transacción no figuraba ningún certificado de verificación técnica. Sólo aparecían algunas fotos de las máquinas que operaban en Uruguay que, por otro lado, ni siquiera eran del mismo modelo que Santa Fe estaba a punto de comprar. Las motoniveladoras fotografiadas eran modelo PY160C, que ya había dejado de fabricarse. Las que compró Santa Fe eran PY160F.
Más aún, en Fray Bentos, el mantenimiento de los equipos estaba a cargo de la Municipalidad, porque Austral Construcciones no se hacía cargo.
Las multas que no existieron
En los pliegos de bases y condiciones se advertía que, en caso de demora en la entrega de las máquinas, la provincia de Santa Fe estaba habilitada a cobrar a la adjudicataria una multa correspondiente al 0,10{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} por cada día atraso. Esto equivalía al 3{e84dbf34bf94b527a2b9d4f4b2386b0b1ec6773608311b4886e2c3656cb6cc8c} mensual.
La multa se cobraría de una manera muy simple: descontando automáticamente el monto en el momento de abonarse la facturación.
Las máquinas debían ser entregadas el 15 de setiembre de 2005. Sin embargo, las entregas se realizaron con posterioridad a la fecha pautada.
En su momento, los entonces diputados Hugo Marcucci, Raúl Lamberto y Alicia Gutiérrez -quienes investigaron el caso en profundidad- denunciaron que la penalización jamás fue aplicada y que esto representó un beneficio para Austral Construcciones -o un perjuicio para la provincia- de aproximadamente 1 millón de pesos.
Según el ex director de Vialidad, Jorge Placenzotti, durante la gestión de Hermes Binner se intentó cobrar las multas, ejecutar las garantías y que el taller indicado por la empresa se hiciera responsable del mantenimiento de las maquinarias. “Pero los responsables no aparecían. Los papeles venían de vuelta. Impulsamos todo lo que debíamos impulsar, sin éxito”, insistió ante la consulta de El Litoral.
En definitiva, la provincia de Santa Fe terminó realizando aquella compra por un total de 51.143.820 millones de pesos (16.498.006 millones de dólares a la cotización de entonces U$S 1 = $ 3.10). Por cada máquina se pagaron 365.313 pesos (U$S 117.842), aunque en los despachos de aduana el valor de cada motoniveladora fue de $ 284.638 (U$S 91.818). Se calcula que la empresa Austral Construcciones ganó $ 80.000 (U$S 26.000 por la venta de cada una de las 140 máquinas -lo que implicó un rédito global de $11.200.000 (U$S 3.600.00).
Según la denuncia presentada por los legisladores Marcucci, Lamberto y Gutiérrez, la provincia de Santa Fe se pudo haber ahorrado el costo de la intermediación porque la empresa de origen chino contaba con una oficina en la ciudad de Buenos Aires habilitada para negociar directamente en todo el país.
Un dato más: el nombre de Lázaro Báez nunca apareció en aquella controvertida transacción entre Austral Construcciones y la provincia de Santa Fe. Como presidente de empresa figuraba un tal Enrique Mendoza quien, en el momento de la operación, ni siquiera figuraba en el Registro de la Inspección General de Personas Jurídicas.
