La derogación del delito de desacato y la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público, representaron avances fundamentales en materia de libertad de prensa y de opinión en la Argentina. Sin embargo, en el país acaban de producirse algunos hechos preocupantes, luego de que periodistas fueran denunciados judicialmente a raíz de sus expresiones vertidas y publicadas en contextos laborales.
El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo Echegaray, inició una demanda civil por daños y perjuicios contra los periodistas Matías Longoni y Luis Majul. El funcionario les reclama una indemnización de 1.377.167 pesos.
Longoni investigó el desempeño de Echegaray al frente de la ex ONCCA. Descubrió y denunció una serie de irregularidades que, incluso, derivaron en la publicación de un libro.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) advirtió que estos casos demuestran claramente que las demandas por daños y perjuicios ante la Justicia Civil -como las iniciadas por Echegaray- pueden tener efectos tan inhibitorios como las denuncias penales por calumnias e injurias.
Es verdad que los comunicadores no irán a prisión por sus dichos. También es cierto la demanda de Echegaray difícilmente pueda avanzar en la Justicia pues, según la doctrina de la “real malicia” avalada por la Corte Suprema de la Nación, los funcionarios públicos no sólo deben probar que la información divulgada es falsa, sino que además fue publicada con conocimiento de su falsedad y con intención de dañar.
Sin embargo, el mero reclamo de semejante cantidad de dinero se transforma en una formidable herramienta para inducir a la autocensura de los periodistas.
No resulta casual que el funcionario accionara directamente contra los periodistas, y no contra los medios para los cuales trabajan. Se sabe que, como comunicadores, son el eslabón más débil de la cadena económica. Además, de esta manera la presión se ejerce de manera directa sobre quienes investigan y descubren los datos que desean ser acallados.
Hace pocas semanas, el grupo Clarín denunció judicialmente a periodistas que trabajan en medios cercanos al gobierno, por propagar un discurso oficial supuestamente capaz de incitar a la violencia. Pocas horas después, y ante el rechazo generalizado a lo sucedido, la presentación fue retirada de los Tribunales.
El actual contexto político argentino complica aún más la labor de los periodistas. De hecho, el gobierno se encuentra embarcado en una confrontación a todo o nada contra aquellos medios de comunicación que no le son afines. Y los comunicadores suelen quedar en medio de ese verdadero campo de batalla.
En general, la judicialización del trabajo periodístico sólo busca el silencio y la autocensura. Y éste no es un problema que sólo atañe a comunicadores y medios de comunicación, sino que atenta contra la sociedad en su conjunto.
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Entrevista a Matías Longoni. Periodista demandado por Ricardo Echegaray
