El nombre de Priscila Soria, una chica de apenas 16 años de esta ciudad, no sólo quedará grabado en la memoria colectiva por haberse sumado a la extensa lista de víctimas de homicidios en Santa Fe, sino porque su muerte provocó una verdadera reacción popular en barrio Santa Lucía.
El martes 31 de julio pasado, un día después de producido el fallecimiento de esta adolescente, vecinos de Monseñor Zazpe al 4100 decidieron quemar la casa del supuesto homicida y otras cuatro viviendas en las que habitaban familiares del sospechoso.
Apenas habían pasado siete días de aquel suceso, cuando la historia se repitió. Esta vez, el escenario fue una casa abandonada en Formosa al 7400, donde dos hombres habían abusado sexualmente de una menor de apenas 14 años. Los vecinos, enfurecidos y hastiados, quemaron la vivienda donde el ultraje se había cometido.
El fuego no logrará borrar la muerte de Priscila, ni desvanecer el dolor de la menor abusada. Sin embargo, no parece mera coincidencia que vecinos de dos barrios distintos del cordón oeste de la ciudad, hayan resuelto hacer justicia por mano propia.
Si bien estas reacciones populares no deben ser avaladas, ni mucho menos promovidas, habrá que analizar por qué desde hace tiempo el Estado dejó de representar la ley y el orden para gran parte de las barriadas más populosas de Santa Fe.
Más allá del esfuerzo de quienes se esfuerzan día a día por actuar con decencia y profesionalidad, las imágenes de la policía y de la Justicia están absolutamente devaluadas. Para miles de vecinos, ambas instituciones no cumplen función alguna y, entonces, existen sólo dos alternativas: que los delincuentes impongan sus reglas, o que la gente honesta imponga las suyas.
El fenómeno refleja una involución social y cultural profunda. La fuerza se impone por sobre la razón y las leyes. Los principios más elementales de la convivencia y del Derecho moderno se resquebrajan. Para muchos, la acción personal, inmediata y violenta, representa el único camino viable para encontrar justicia.
De hecho, más del 80 por ciento de los homicidios que se producen en la ciudad, están motivados en la resolución violenta de conflictos personales. Por ese motivo, las autoridades políticas insisten desde hace décadas en que las elevadas cifras de asesinatos en Santa Fe no están vinculadas con un problema de inseguridad, sino que representan una cuestión de relaciones humanas.
Sin embargo, se trata de un argumento falaz. Primero, porque muchos de esos “conflictos personales” son, en realidad, ajustes de cuentas entre verdaderos delincuentes. Y segundo, porque el hecho de que tantos vecinos descrean de las instituciones del Estado y resuelvan hacer justicia por mano propia, representa un obstáculo infranqueable para cualquier intento por construir una ciudad más segura.
Para muchos, incluso, la policía es sinónimo de complicidad con el delito, y la Justicia equivale a ineficacia e indiferencia.
