El jueves pasado, el ministro Florencio Randazzo habló de congelar los subsidios al transporte y se encendió la alarma. En el gobierno de la provincia esperaban que se tratara de un error de interpretación o que, en el peor de los casos, la Nación cambiara de decisión a tiempo. En la Municipalidad, aguardaban que la medida no superara el rango de anuncio mediático. Sin embargo, la peor noticia se confirmó: en el Boletín Oficial acaban de publicar que se congelan los subsidios nacionales al transporte público de pasajeros.
Los subsidios seguirán existiendo, pero ya no se actualizarán por encima de lo que hasta ahora se distribuyó, a pesar de que en el actual contexto inflacionario indefectiblemente se producirán aumentos en los costos de las empresas de transporte.
El precio de los insumos se incrementa de manera constante. Y todos saben que, en poco tiempo, los choferes afiliados a la Unión Tranviarios Automotor comenzarán a reclamar nuevos aumentos salariales, tal como viene ocurriendo en los últimos años con éste y con el resto de los sindicatos.
En ese momento -cercano, por cierto-, la ecuación de cálculo de la tarifa de colectivos estará quebrada y requerirá de un ajuste obligado para garantizar la prestación del servicio.
Actualmente, en la ciudad de Santa Fe se calcula que el precio del boleto de colectivos tiene un subsidio próximo al 40 por ciento. La situación es similar en el resto de las ciudades del interior del país.
La pregunta inevitable es de dónde saldrá el dinero que evite una brusca suba de la tarifa cuando los costos de las empresas aumenten y los subsidios nacionales continúen en los actuales valores.
Existen varias respuestas ante esta incertidumbre, pero lo primero que vale aclarar es que ninguna de ellas ofrece soluciones mágicas.
La primera alternativa es que el gobierno provincial aporte los fondos necesarios para compensar los subsidios que ya no llegarán desde la Nación. Sin embargo, desde la Secretaría de Servicios Públicos de Santa Fe ya se advirtió que no existe dinero disponible para subsidiar al transporte. Entre otras razones, porque el actual sistema tributario nacional asfixia a las provincias y profundiza la centralización de los recursos en el gobierno central.
La segunda posibilidad es que estos fondos sean aportados por el municipio. Pero ninguna ciudad está en condiciones de afrontar este tipo de erogaciones.
El dinero, de algún lado, tendrá que aparecer. Y al menos hasta ahora, todo indica que serán los usuarios del transporte público quienes deberán afrontar los mayores costos a través de inevitables aumentos en el precio del boleto.
La palabra “ajuste” está literalmente vedada en el discurso del gobierno nacional. Sin embargo, la realidad indica que, aunque disfrazado, el ajuste está en marcha y sus consecuencias comienzan a percibirse de manera inevitable.
