La violación de una joven empleada de comercio en pleno microcentro santafesino en horas del mediodía produjo un impacto profundo en la ciudad. La presunción generalizada de que nadie está a salvo de la delincuencia, más allá de las medidas de seguridad que se adopten, se convirtió en cruda certeza en cuestión de minutos.
Sin embargo, este lamentable caso no sólo dejó al descubierto la vulnerabilidad del ciudadano común frente a criminales de estas características. Lo ocurrido el miércoles 11 de abril demostró, además, que la supuesta inviolabilidad de las imágenes registradas por el sistema de cámaras de seguridad instaladas en el microcentro es apenas un mito cuando en organismos dependientes del Estado merodean la inoperancia o la corrupción.
Pocas horas después de que el sospechoso fuera detenido por la policía gracias al material aportado desde el Centro de Control y Monitoreo que funciona en el edificio de la Municipalidad, las imágenes llegaron a manos de un periodista que trabaja en una productora de televisión local.
El video fue emitido en uno de los programas realizados en dicha productora. Afortunadamente, en este caso, tanto el periodista en cuestión como los responsables de la empresa supieron utilizar dicho material con responsabilidad, pues en ningún momento difundieron primeros planos que permitieran la identificación del sospechoso.
Si esto ocurría, hubiera dificultado el proceso de recolección de pruebas y testimonios -entre ellos la rueda de reconocimiento- que finalmente permitió que el supuesto violador fuera procesado.
La filtración del material registrado por estas cámaras no sólo puede entorpecer y hasta jaquear una investigación judicial; sino que representa una preocupante amenaza a la intimidad de las personas que transitan por las zonas monitoreadas y, además, deja abierta la posibilidad de que estas imágenes sean utilizadas con fines delictivos.
¿Qué hubiese sucedido si, en lugar de llegar a manos de un periodista, las imágenes terminaban en poder de chantajistas, ladrones o secuestradores? De haber ocurrido, personas que supuestamente deben sentirse protegidas por estas cámaras, se hubieran convertido en potenciales víctimas de la delincuencia.
Protocolos
El 11 setiembre 2009, cuando comenzó a funcionar este sistema en el microcentro de la ciudad, desde el sitio oficial de la Municipalidad de Santa Fe se aseguró que “toda la información que se registre será manejada con normas y procedimientos muy estrictos que establecen los criterios de seguridad e inviolabilidad de los derechos de privacidad” y se aclaró que “las imágenes obtenidas pueden utilizarse como prueba judicial en caso de presentarse un delito”. También se insistió en que el sistema funcionaría mediante “protocolos muy específicos para ver qué se hace con la información”.
Es verdad que estos protocolos existen. El sistema sólo permite la extracción del material grabado a través de una clave que, a su vez, registra en qué momento las filmaciones son retiradas y quién es el autor de dicha operación. Más aún, una cámara extra instalada en el Centro de Monitoreo, registra en todo momento lo que sucede en esta sala donde trabajan tres operadores y un agente de la Policía de la Provincia conectado directamente al 911.
Las disposiciones también indican que ningún particular debería tener acceso a esas filmaciones. El material sólo está al alcance del municipio y puede ser requerido por la Justicia o las fuerzas de seguridad para investigar un posible delito.
Sin embargo, lo ocurrido con las filmaciones del supuesto violador devela claramente que de poco sirven los protocolos o la más avanzada tecnología frente a la estupidez o la corrupción.
En este caso, el abanico de posibles explicaciones a lo sucedido es bastante acotado: la filtración del material sólo pudo haberse producido a través de policías, empleados judiciales o municipales.
Lo sucedido con estas filmaciones representa un duro golpe a la credibilidad del sistema y no debería convertirse con el tiempo en una simple anécdota.
El juez a cargo de las investigaciones, los responsables del Ministerio de Seguridad de la Provincia y las máximas autoridades de la Municipalidad de Santa Fe, tienen ahora en sus manos la delicada y urgente responsabilidad de esclarecer lo ocurrido y determinar quién -o quiénes- fue el responsable de esta grave violación a las normas.
Mientras la situación no sea resuelta, la credibilidad en el sistema continuará envuelta en un halo de dudas y sospechas.
Y una vez más, el Estado estará en deuda con el ciudadano honesto.
