Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Romeo Díaz Duarte es el abogado que representa a la familia del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero de 2020. Martín Durando es el abogado defensor de uno de los detenidos como posible cerebro del crimen. Cada uno de ellos está en veredas opuestas. Sin embargo, coinciden en algo: ambos denuncian que el fiscal de esta causa, Gonzalo Iglesias, dijo que contaba con 600 mensajes o llamadas telefónicas incriminatorias hacia un sospechoso que está detenido, pero nadie sabe dónde están esos 600 mensajes o llamadas telefónicas.
Los dos abogados se preguntan si alguna vez esas evidencias existieron y se perdieron, o si en realidad se trató de información errónea que le suministraron al fiscal desde el Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación.
A tanto llega la confusión, que a estas alturas de las circunstancias los dos abogados se preguntan si alguna vez esas evidencias existieron y se perdieron, o si en realidad se trató de información errónea que le suministraron al fiscal desde el Órgano de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación. De hecho, estas supuestas 600 comunicaciones se tomaron como elemento para imputar y detener a un bioquímico de la ciudad de Santa Fe como supuesto autor ideológico del asalto a Oldani.
En estos momentos, seis personas están detenidas como supuestos integrantes de una banda que planeó el asalto que terminó en homicidio. Ya no quedan dudas de que los cuatro primeros apresados tuvieron responsabilidad en este caso. Sin embargo, hace una semana se detuvo a otras dos personas como sospechosos de haber planeado el golpe y se enumeraron evidencias que hasta el momento siguen sin aparecer.
Tanto Díaz Duarte, como Martín Durando, valoran el trabajo del fiscal de la causa. De todos modos, desde la Fiscalía no se brinda ninguna respuesta que contribuya a esclarecer esta situación.
No se trata del único interrogante que envuelve este caso. En agosto del año pasado, el fiscal regional Carlos Arietti resolvió apartar a la primera fiscal que investigó el homicidio, Cristina Ferraro. Sin embargo, los meses pasaron y jamás se informó desde el Ministerio Público de la Acusación cuáles fueron los motivos de esta medida.
Según el abogado de la familia Oldani, “las supuestas comunicaciones entre los sospechosos de haber planificado el crimen de Oldani no están. No sé si se perdieron o no están. A mí me preocupa. No sabemos si existieron y desaparecieron. El fiscal (Gonzalo Iglesias) está haciendo un buen trabajo, pero a veces los organismos técnicos no responden a la expectativa de los fiscales y del sistema”.
“Lo que pasa es que al fiscal le informaron que había comunicaciones entre los sospechosos. Yo no tengo explicación… Estaban, dejaron de estar o nunca estuvieron, y se informó erróneamente al fiscal. Yo voy a insistir porque las necesitamos como el agua. Sí o sí”, insistió.
Un bioquímico detenido y pruebas que no aparecen
Por su lado, al abogado Martín Durando le toca defender al bioquímico detenido como supuesto cerebro del golpe a Oldani, a quien se lo relaciona con una farmacia porque su esposa es farmacéutica y se trata del negocio familiar.
“Durante la audiencia imputativa el fiscal enumeró las evidencias contra mi cliente. Allí dijo que había registros de llamadas entre mi defendido y algunos de los imputados en la causa. Pero ahora la respuesta que tenemos es que no están, que no existen. Y no existen no existen porque mi defendido no tuvo conexión con nadie, ni siquiera los conoce. Le preguntamos al fiscal. Dijo que creía que el Organismo de Investigación tenía esa evidencia, pero no la tienen“, aseguró con suma preocupación en el programa Creo, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe.
“Los mensajes no están porque sencillamente mi defendido no conoce al resto de los detenidos, no lo conocía a Oldani, nunca fue a esa agencia. Incluso, el día del homicidio mi cliente se encontraba en Ataliva, trabajando”, insistió Durando.
El abogado aseguró que el bioquímico “está detenido por una prueba que no existe. Decían que había otra evidencia contra mi defendido, pero prácticamente ayer con otra declaración quedó descartada. Vamos a pedir la liberación. Aseguro ante la Justicia que mi cliente no tiene nada que ver con este caso y lo voy a acreditar”.
En estos momentos, la farmacia permanece cerrada porque los investigadores se llevaron las computadoras y los celulares necesarios para trabajar.