El caso Oldani, rumbo a convertirse en un escándalo institucional para Santa Fe

Un hombre está preso, pero las supuestas evidencias en su contra se esfumaron. Una fiscal está denunciada y apartada del caso, pero los motivos de su desplazamiento parecen ser un secreto de Estado. En el lugar del crimen había sumas millonarias en pesos y en dólares, pero la primera fiscal que actuó en la causa permitió que se llevaran el dinero. La policía levantó la custodia del lugar pocas horas después del asesinato.

Y como si todo esto no fuera suficiente para generar un clima de sospechas, un fiscal federal sólo recibió respuestas evasivas desde el Ministerio Público de la Acusación cuando solicitó información del caso. A tal punto, que en un hecho inédito se vio obligado a pedir la intermediación del gobernador Omar Perotti para que las pruebas en manos del MPA fueran compartidas.

En estos momentos, un bioquímico de esta ciudad permanece detenido -desde hace diez días- a partir de 564 comunicaciones o llamadas que se plantearon como evidencia, pero que nunca fueron presentadas. A estas alturas de las circunstancias, no queda claro si estos mensajes jamás existieron o si, por el contrario, estuvieron pero se perdieron por alguna razón.

Fuentes del Organismo de Investigación del Ministerio Público de la Acusación confirmaron a Aire Digital que en estos momentos elaboran un informe para explicar lo sucedido y que, apenas esté terminado, lo enviarán al fiscal del caso, al abogado defensor del bioquímico detenido y a los abogados de la familia Oldani. Esto significa que algo pasó y que en estos momentos esa supuesta evidencia no está, no existe. Pero mientras se intentan explicar los hechos a través de este informe, una persona permanece desde hace diez días detenida en el Penal de Las Flores.

Durante la mañana de este viernes, el abogado que representa a la familia del detenido, el Dr. Martín Durando, presentará ante la Justicia las declaraciones de vecinos de la localidad de Ataliva, quienes aseguran que el día del homicidio este bioquímico se encontraba en ese lugar atendiéndolos. Desde hace años, montó un laboratorio en esa localidad y viajaba cada semana.

Hay más: según confirman fuentes cercanas al caso, se realizó una rueda de reconocimiento en la que la persona que, según la Fiscalía, dijo que el bioquímico fue el cerebro del asalto, no pudo reconocerlo.

Pero eso no es todo. Diez días después del allanamiento en la farmacia que pertenece a la esposa del detenido y del secuestro de todos los celulares y computadoras de la familia, tampoco se informó sobre la existencia de alguna otra evidencia que avale las sospechas y sostenga la orden de detención.

El bioquímico fue detenido luego de que uno de los integrantes de la banda que mató a Oldani dijera que un supuesto farmacéutico y un hombre vinculado con la nocturnidad en la ciudad de Santa Fe, eran los verdaderos cerebros de este golpe que se pensó como un asalto, pero derivó en homicidio.

Esta declaración se produjo hace cinco meses, por lo que el Ministerio Público de la Acusación tuvo todo ese tiempo para reunir evidencias. Pero al menos hasta ahora, no fueron presentadas públicamente. En la declaración tampoco se brindan nombres, ni apellido del supuesto farmacéutico que planeó el golpe.

La familia de este bioquímico está destrozada. En declaraciones al programa Creo, que se emite cada primera mañana en Aire de Santa Fe, la esposa y sus hijos relataron cómo fue aquella noche del 29 de diciembre, cuando personal del Ministerio de la Acusación, del Organismo de Investigaciones y de la Policía irrumpieron en su domicilio, esposaron a su esposo y se lo llevaron.

“En un principio pensamos que, como era un error, este calvario terminaría en pocas horas. Pero llevamos diez días y mi marido sigue en Las Flores. Nadie nos da una explicación”, dijo con la voz entrecortada Marina Facino, la esposa del detenido que estaba acompañada por sus tres hijos.

A estas alturas de las circunstancias resulta apresurado confirmar si este bioquímico es o no responsable de los delitos que se le atribuyen desde la Fiscalía a cargo del Dr. Gonzalo Iglesias. Sin embargo, de lo que no hay dudas es que toda persona es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario. Y que esas pruebas nunca existieron o, si estaban, por alguna llamativa razón desaparecieron del MPA.

Una cadena de dudas, sospechas y silencios

No es la primera situación controvertida que surge en esta causa. La primera fiscal a cargo de la investigación, Cristina Ferraro, fue apartada hace cinco meses del caso. Sin embargo, desde el Ministerio Público de la Acusación nunca se brindó información clara sobre los motivos. El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, se negó en reiteradas oportunidades a responder esta pregunta. Y el fiscal regional, Carlos Arietti, ni siquiera permite que se le consulte públicamente sobre cuáles fueron las razones de esta medida.

El caso pasó entonces a manos de Gonzalo Iglesias, quien habló de evidencias que parecen haberse esfumado. Ahora, mientras el bioquímico está detenido y su abogado defensor presenta nuevos testimonios, este fiscal se encuentra de vacaciones. La que debe tomar decisiones, entonces, es la fiscal Ana Laura Gioria.

La actuación de Ferraro quedó bajo la mira luego de que, durante la misma noche del asesinato de Oldani, permitiera que la hija del empresario y su marido se llevaran del lugar de los hechos una cuantiosa suma de dólares y pesos. Según peritajes realizados por la Policía Federal, habrían sido 3.100.000 pesos y 1.050.000 dólares aproximadamente, que aparecieron en fotografías tomadas por los investigadores poco después del homicidio.

¿Qué hacía tamaña cantidad de dinero en una supuesta agencia de turismo?, ¿por qué la fiscal no decidió preservar esa posible evidencia y permitió que se la llevara la familia de Oldani?, ¿por qué al día siguiente del homicidio el lugar ya no estaba custodiado por la policía para cuidar la escena del crimen?

Hasta ahora, ninguno de estos interrogantes tuvo respuesta precisa.

Sobre todo a partir de estos hechos, las sospechas sobre la existencia de una “cueva” financiera en esa oficina se plantearon desde un principio. Cuatro meses después del homicidio y sin que se conocieran avances importantes en la investigación de los fiscales de Delitos Complejos del MPA sobre la supuesta existencia de una “cueva” financiera, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia se presentó una denuncia en la Justicia federal.

El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó en numerosas oportunidades, y de manera infructuosa, acceder a evidencia que se encontraba en manos de estos fiscales provinciales. Ante tantas respuestas evasivas, sucedió un hecho inédito en la provincia de Santa Fe: el fiscal envió una nota al gobernador Omar Perotti, para que intercediera ante el MPA e hiciera todo lo que estuviese a su alcance para que se comparta la información.
Recién entonces el MPA compartió la evidencia con la Justicia federal, quien terminó imputando a diez personas, entre ellas, a la hija de Oldani -la misma que se llevó el dinero con la autorización de la fiscal Ferraro-, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada.