Esta nota fue publicada en Aire de Santa Fe
No resulta usual que un hombre como Carlos Vaudagna, que se desempeñó como director regional de la Afip durante prácticamente una década, termine declarando como arrepentido en una causa judicial por estar sospechado de delitos tales como violación de secreto fiscal, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (todas estas figuras aparecen el la denuncia original de junio de 2023).
No resulta usual que la Justicia acceda a las conversaciones que ese hombre investigado mantuvo a través de Whatsapp a lo largo de diez años.
No resulta usual que de esas conversaciones se desprendan múltiples causas en distintos puntos del país, que aparezcan nombres de magistrados de la Nación, empresarios, sindicalistas, políticos; muchos de los cuales engrosan ahora las listas de sospechosos.
Entre ellos, diez personas radicadas en la ciudad de Santa Fe: Carlos Nahuel Caputto (director del diario El Litoral de Santa Fe y de otras empresas de diversos rubros); su esposa, Patricia Romanow; el sindicalista Carlos Felice, ligado al Turf; la contadora María Virginia Copello; Diego Raúl Signetti, agente de la exAfip; César Jorge Bsereni, titular del fideicomiso La Plaza; Marcelo Germán Bulacio, agente de la exAfip; Ricardo Mallozzi, empresario de la construcción; Pedro Gómez, abogado y Néstor Javier Bermúdez, agente de la exAfip.
No resulta usual que las causas se multipliquen de tal manera, que entre ocho y diez fiscales federales deban intervenir. Y que a ellos se sumen la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad de la Nación) y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activo).
Tampoco resulta usual que, entre tantos nombres, surja el de un juez federal como Marcelo Bailaque, sobre quien pesa una orden de detención por diversos delitos. Entre ellos, posibles vínculos con narcotraficantes en una ciudad que durante los últimos años estuvo ahogada en sangre, como Rosario.
En este caso -para nada usual por estos motivos y por tantos otros que escapan a esta síntesis-, al menos seis jueces de la Nación pidieron no intervenir en la causa principal, o en las distintas ramificaciones e incidentes que fueron surgiendo con el paso del tiempo.
Los jueces que pidieron no intervenir en el Caso Vaudagna
Todas las causas que surgieron a partir de las conversaciones por Whatsapp realizadas por Vaudagna a través de sus celulares, tuvieron un origen en común: la denuncia que en junio de 2023 formuló la entonces directora interina de la Dirección de Sumarios Administrativos de la Afip de la ciudad de Buenos Aires, Gloria Verónica González, contra el hombre que se había desempeñado como director regional de Santa Fe entre 2013 y 2015, y director regional de Rosario entre 2016 y 2020.
Y, a partir de entonces, se inició el proceso de excusaciones de jueces federales que, por distintos motivos, pidieron no participar de las investigaciones que comenzaron a multiplicarse.
En un fallo reciente, la jueza de Cámara, Silvina Andalaf Casiello, intervino en el incidente caratulado “Legajo de apelación en autos VAUDAGNA, Carlos Andrés; CAPUTTO, Carlos Nahuel; FELICE FIORAVANTI, Carlos Daniel s/ abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos (art. 248)”, e hizo un recuento de los magistrados que se excusaron hasta ahora.
- 1.- Marcelo Bailaque. El primero en excusarse fue el juez federal Nº 4 de la ciudad de Rosario. El tiempo demostró, claramente, que no iba a ser la persona indicada para investigar a Vaudagna, ya que su nombre pasó a ser uno de los más relevantes en los chats de Whatsapp.
En estos momentos existe una orden de prisión domiciliaria contra este juez -el Consejo de la Magistratura de la Nación sigue sin quitarse sus fueros, a pesar de las evidencias que existen en su contra).
A Bailaque se lo investiga por presuntas extorsiones a financistas, supuesta protección judicial al narco Esteban Alvarado y a su esposa, y por el manejo sospechoso de dinero de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín.
- 2.- Carlos Vera Barros. Le siguió el juez federal Nª 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, quien argumentó cuestiones de “decoro y violencia moral”, ya que conoce a Bailaque y con él compartió distintas funciones en el ejercicio de sus cargos.
Entonces, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal Nª 1 de Rosario, a cargo del juez Gastón Salmain -luego se supo que Salmain también aparecía en los chats de Carlos Vaudagna-.
Los fiscales de Santa Fe y Reconquista pidieron a Salmain que les remitiera los casos sobre hechos investigados en estas ciudades. Y el juez accedió.
Las actuaciones quedaron inicialmente radicadas ante el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. Pero ese Juzgado está vacante y subroga Vera Barros, quien ya se había excusado de participar.
- 3.- Reinaldo Rodríguez. La causa pasó a manos del entonces juez federal Nª 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, pero éste también se excusó de intervenir por motivos de “decoro y delicadeza”. Luego, este juez se jubiló. Por ese motivo, en estos momentos ninguno de los dos juzgados federales de Santa Fe tiene juez designado.
Rodríguez designó a Salmain en su lugar, quien aceptó los casos, pero terminó siendo recusado por los fiscales, debido a sus vínculos con Vaudagna.
- 4.- Carlos Villafuerte Ruzo. Como Reinaldo Rodríguez se había jubilado, ese juzgado pasó a ser subrogado por el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo. Pero este magistrado también se excusó de intervenir en la Causa Vaudagna “por motivos de decoro y delicadeza”.
- 5.- Aurelio Cuello Murúa. El 7 de marzo de 2025, la Cámara Federal de Rosario designó al juez de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, que también se excusó de intervenir en la causa por “motivos de decoro y delicadeza”.
La causa pasó a manos de la jueza Sylvia Aramberri, quien aceptó esta designación. Sin embargo, un mes después anunció que se jubilaba y dejaba su cargo.
- 6.- Aldo Alurralde. El 29 de abril pasado, se designó entonces al juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde a tales fines. Pero el 5 de mayo, este magistrado también se excusó de intervenir alegando “motivos de decoro y delicadeza”.
En argumentos, Alurralde planteó que conoce a Bailaque debido a las funciones que ambos desempeñan, y que durante más de veinte años trabajó en la Afip.
Sin embargo, la Cámara Federal de Rosario acaba de confirmar el rechazo a esta excusación por dos motivos: el primero, es que Bailaque no aparece involucrado en el caso que debe seguir Alurralde; el otro, es que el juez de Reconquista trabajó en Afip antes de la llegada de Vaudagna al cargo de director regional.
Caso Vaudagna: ¿por qué tantos jueces se excusan por motivos “de decoro y delicadeza”?
A estas alturas de las circunstancias, la pregunta del millón es: ¿qué significa que un juez de excuse de actuar en una causa, por “motivos de decoro y delicadeza”?
Tanto en el Código Procesal Penal de la Nación, como en el Código Procesal Federal de la Nación, plantean los distintos motivos por los que un juez puede solicitar no intervenir en una causa.
Según se expresa en el Sistema Argentino de Información Jurídica, “el decoro presupone el derecho que tiene el magistrado de apartarse del proceso frente a la existencia de un impedimento moral que lo afecta para juzgar con imparcialidad (…); y en un grado menor se encuentran los motivos de delicadeza, ya que ellos lindan con el escrúpulo que altera seriamente la convicción del juzgador, por una consideración de carácter personal ajena a la causa sometida a su conocimiento”.
Entre otros puntos, el Código Procesal Penal de la Nación plantea que un juez debe inhibirse de actuar en una causa “si tuviere amistad íntima, o enemistad manifiesta con alguno de los interesados”.
Mientras que el Código Procesal Federal de la Nación sostiene que la excusación debe darse -entre otros motivos-, “si antes de iniciado el procedimiento, tuvo amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados; si denunció o acusó a alguno de ellos o fue acusado o denunciado por alguno de ellos, incluso conforme al procedimiento para el desafuero o la destitución, salvo que circunstancias posteriores demuestren armonía entre ambos”. Y también “si mediaren circunstancias que, por su gravedad, afecten su independencia e imparcialidad”.