Luego de la firma del decreto del gobernador Antonio Bonfatti -que puso fin a cuatro días de tensión en la provincia por la rebelión de gran parte de la policía-, llega la hora de sacar algunas conclusiones que pueden resultar esenciales de cara al futuro.
El clima social enrarecido, los magros salarios policiales, los pagos en negro por parte del Estado y los saqueos, no fueron los únicos inconvenientes. Este verdadero cóctel de riesgo, se vio agravado por el hecho de que los policías de la provincia -tal como ocurre en el resto del país- no tienen quién los represente.
Por ese motivo, el reclamo se tornó inorgánico, por momentos casi anárquico. De hecho, durante el tiempo que duró la crisis, el gobierno debió mantener reuniones simultáneas con policías de las ciudades de Santa Fe y Rosario. Y aun así, dichos interlocutores no representaban a la totalidad de los uniformados en rebelión.
Hace años que desde la policía se viene reclamando la posibilidad de contar con un sindicato que los nuclee. Las distintas gestiones provinciales se opusieron a dicha alternativa, con el comprensible argumento de que no se trata de una actividad como cualquier otra, sino que constituye una organización piramidal en la que deben respetarse las cadenas de mando.
Sin embargo, algunos tibios procesos de sindicalización se dieron de hecho. Tanto es así, que en estos momentos los policías que integran estos gremios abonan una cuota sindical de manera voluntaria. Uno de esos sindicatos, incluso, se opuso desde un principio a que los uniformados protestaran de la forma en que lo hicieron, dejando las grandes ciudades a merced de los delincuentes.
La crisis de los últimos días demostró que, lo peor que podría ocurrir, es que no se tomen decisiones en este sentido. Como ocurre en cualquier proceso de negociación, resulta indispensable que existan dos interlocutores claramente identificados. Y esto no será posible mientras no se permita a los integrantes de la fuerza policial organizarse de alguna manera.
El tema debe ser analizado con premura por el Poder Ejecutivo, abriendo el debate y dando participación a la Legislatura provincial.
Una alternativa posible sería, por ejemplo, establecer por ley la autorización de que los policías puedan organizarse en un sindicato, pero con reglas claras, límites precisos y un régimen de sanciones fijado en la misma norma.
En primer lugar, habrá que establecer una clara prohibición de que los integrantes de la fuerza participen de protestas públicas portando sus armas reglamentarias o utilizando los móviles que pertenecen a la provincia.
Pero eso no es todo. En caso de que se avalara el derecho de huelga, los policías deberán estar obligados por dicha ley a garantizar guardias esenciales como para garantizar la seguridad. Esto representaría un esquema similar al que engloba, por ejemplo, a los trabajadores de la salud, quienes deben cumplir con guardias mínimas y atenciones de casos de urgencia.
En el Congreso de la Nación existen algunos proyectos presentados en este sentido. Sin embargo, nunca existió la voluntad política para que sean tratados.
A treinta años de democracia, este tema requiere de un urgente debate pues, la organización y preparación adecuada de las fuerzas policiales, sigue siendo una deuda pendiente.
