El kirchnerismo tuvo su día soñado. Golpeado en las Paso y en las elecciones generales legislativas del domingo último, con la presidenta Cristina Fernández convaleciente, las reservas en declive, la inflación galopando y la inseguridad en un punto crítico, al gobierno le quedaban pocos motivos por festejar. Sin embargo, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declarar constitucional la Ley de Medios cambió el escenario.
Cuatro de los integrantes del máximo tribunal coincidieron con la postura del Ejecutivo, uno estuvo de acuerdo con el planteo del Grupo Clarín y dos dejaron establecidas sus advertencias sobre la forma en que el gobierno deberá aplicar la norma.
A partir de la decisión de la Corte, comenzarán a regir los cuatro artículos de la ley cuya constitucionalidad estaba en discusión. El fallo, deberá ser respetado. Así corresponde, aunque a Clarín o a otros grupos empresariales o políticos no les guste.
Pensar en un pacto político entre el kirchnerismo y cada uno de los seis integrantes de la Corte que consideraron constitucional a la ley, suena a ficción.
Desde ahora, ningún grupo empresarial podrá tener más de 10 licencias de radio (AM y FM) y TV abierta en todo el país. Clarín es propietario de cuatro canales de TV y siete radios. Además, sólo podrá conservar un canal de cable, cuando en estos momentos posee cinco y participa como socio en otros dos.
Sin embargo, el punto crítico radica en la limitación en la cantidad de empresas que prestan servicio de televisión por cable. La ley establece un tope de 24 cableoperadores en manos de un solo grupo, cuando hoy Cablevisión -que pertenece a Clarín y que en su momento se fusionó con Multicanal gracias a la autorización del ex presidente Néstor Kirchner- tiene 158 licencias (según el Afsca son 264).
El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, acaba de decir que todo fallo es opinable. Y tiene razón. Pero, a partir de ahora, se plantean profundos interrogantes sobre la manera en que el gobierno aplicará la ley.
Según el kirchnerismo, su intención es multiplicar las voces y ampliar el abanico de contenidos culturales. Sin embargo, los antecedentes dicen otra cosa: durante los últimos años, empresarios “amigos” del kirchnerismo se dedicaron a comprar medios independientes, convirtiéndolos de la noche a la mañana en propaladoras del discurso oficial.
Dichos medios se sostienen, en general, gracias a la pauta publicitaria del gobierno -grupo Veintitrés, Uno Medios, Página/12, entre otros-, en detrimento de otros medios que tienen los mayores niveles de audiencias.
Existen fallos judiciales que exigen eliminar estas distorsiones que tienden al control oficial de los contenidos periodísticos en el país y a la asfixia de los medios independientes. Sin embargo, el gobierno desconoció hasta ahora estas órdenes de la Justicia.
Aún más preocupante es la flagrante utilización política de medios del Estado, como ocurre con la Televisión Pública, donde un programa como “6 7 8” -que se sostiene sólo con pauta oficial-, se dedica a denostar a todo aquel que se atreva a criticar al gobierno. O a los centenares de millones destinados a clubes de fútbol a cambio de la propaganda oficial emitida durante las transmisiones de los partidos.
En definitiva, el gobierno tiene por delante una valiosa oportunidad de llevar a la práctica el espírito de la Ley de Medios. Ese espíritu por el que fue aprobada, incluso, por la mayor parte del arco opositor.
Para eso, deberá dejar de utilizar fondos públicos para sostener programas dedicados a agraviar, injuriar y denigrar a todo el que piense diferente. Sólo así se hará realidad el objetivo de ampliar las voces y garantizar un equilibrio en la generación de noticias y de producciones culturales.