Romina Torres (15 años) concurría a Escuela Nacional José Hernández y era una chica plagada de sueños.
Laura Muñoz (27 años) se encontraba aquel día junto a su hermano y su mamá.
Leonardo Solleveld (32 años) vivía con su familia en barrio Cerino.
Elena Rivas (52 años) tomó su bicicleta y se dirigía hacia la casa de un amigo para saber si él y su familia se encontraban bien.
Aldo Aguirre (25 años) cortaba el pasto cerca de la terminal de colectivos.
Hoder Dalmasso (52 años) era docente de una escuela técnica.
José Varela (51 años) trabajaba en la Fábrica Militar.
Todos ellos murieron por culpa de una serie de explosiones que se sucedieron el 3 de noviembre de 1995 en la ciudad cordobesa de Río Tercero. Todos ellos sumaron sus nombres inocentes a la horrorosa lista de víctimas de la corrupción y la desvergüenza que asuelan desde hace demasiado tiempo a la Argentina.
El desastre no fue producto de la casualidad. Aquel día, media ciudad de Río Tercero fue literalmente bombardeada por las esquirlas que volaban en todas direcciones a raíz de estas explosiones planificadas para borrar las huellas del tráfico de armas a Ecuador y Croacia.
Una causa que, con el paso del tiempo, se convirtió en el mayor símbolo de la corrupción menemista.
El delito estuvo perfectamente organizado e involucró a las máximas autoridades de entonces. Tanto es así, que el expresidente Carlos Menem fue condenado a 7 años de cárcel en junio del año pasado.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia y ordenó que el caso volviera a Casación.
Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal terminó absolviendo a aquel riojano que llegó al poder prometiendo una revolución productiva, pero quedará grabado en la historia como un verdadero emblema del delito orquestado y pergeñado desde el poder político.
Jamás se hizo Justicia. Simple y llanamente porque la Justicia y lo más rancio del poder político argentino se encargaron de que esto no sucediera. Luego de 23 años, los jueces llegaron a la conclusión de que no se cumplió con “el principio del plazo razonable” para dictar una sentencia definitiva. En otras palabras, la causa está prescripta.
Parecen ser las dos caras siniestras de una misma moneda: mientras los muertos de Río Tercero jamás tendrán Justicia; la injusticia permitirá que Carlos Menem acabe sus días sin haber pagado sus culpas.
Seguramente habrá explicaciones técnicas y jurídicas que ayudarán a limpiar conciencias cínicas y lavar culpas de quienes protegieron –y protegen- a Menem. Sin embargo, ninguno de ellos está en condiciones de mirar a los ojos a los deudos de las víctimas, porque no existen argumentos creíbles que avalen estos niveles de impunidad.
Para guarecerse de la posibilidad de cualquier intento de Justicia, desde 2005 Carlos Menem encontró refugio en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Vaya adjetivo, para un recinto que parece haberse transformado en una verdadera trinchera para los máximos corruptos de la historia nacional.
La absolución de Menem se produce en el preciso momento en que se discute la situación de otra expresidente, Cristina Fernández de Kirchner.
Pronto se iniciarán diversos juicios en su contra. También por corrupción. Y (¿casualmente?) los procesos también la encontrarán ocupando una banca en el Senado de la Nación.
De manera trágica habrá que advertirlo: en un país que se empeña en caminar en círculos, nada garantiza que la historia no se repita. Los que no tienen vergüenza, son demasiados.
