El presidente de la Corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, dijo que el régimen de licencias judiciales no genera problemas y criticó a los críticos.
Esta nota fue publicada en Aire Digital.
Flanqueado por el resto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y ante la presencia del gobernador Omar Perotti, el presidente del Máximo Tribunal de la provincia, Rafael Gutiérrez, dio por cerrado el caso: frente a la incipiente discusión que se generó públicamente en las últimas semanas sobre el régimen de vacaciones del Poder Judicial, defendió el actual sistema, utilizó el régimen de licencias de la Administración Pública para sostener su posición, habló de “elucubraciones disparatadas” y reclamó “seriedad” en los que “tienen el deber de comunicar a la población”.
En su discurso de apertura del año judicial, Gutiérrez dedicó algo más de nueve minutos para rebatir un planteo que volvió a tomar vigor frente a la ola de homicidios que azotó a las principales ciudades de la provincia de Santa Fe desde el inicio de 2020.
En los primeros días de enero de este año, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, dijo sin vueltas en Aire de Santa Fe: “Hay fiscales que cerraron sus oficinas con llave el 31 de diciembre y no las abren hasta el 1 de febrero”. Se refería a los miembros del Ministerio Público de la Acusación, un organismo que se rige por el mismo régimen de vacaciones y licencias del Poder Judicial.
A partir de esas declaraciones, el 14 de enero publiqué un comentario -pido disculpas por utilizar la primera persona, pero Rafael Gutiérrez hizo expresa referencia a este artículo- en Aire Digital, titulado “La provincia se desangra y la Justicia está de vacaciones”.
Allí planteaba la posibilidad de repensar el sistema de licencias en el Poder Judicial, que establece desde el primer día de trabajo 45 días de vacaciones para todos sus integrantes -enero completo y dos semanas de julio-, más la alternativa de solicitar “licencia extraordinaria” por otros 15 días, más los asuetos y fines de semanas de los que gozan todos los trabajadores, ya sean del sector público y privado, y las correspondientes licencias por enfermedad en caso de que correspondan.
A modo de ejemplo, planteé que si algún integrante del Poder Judicial hiciera uso de los 15 días de “licencia extraordinaria” -más asuetos, feriados, fines de semana y licencias ordinarias-, trabajaría apenas algo más del 50% de los días del año. En caso de enfermarse, su nivel de asistencia podría ser incluso más bajo.
A este cálculo se refería Gutiérrez cuando en su discurso habló de “elucubraciones disparatadas”. El presidente de la Corte dejó en claro que, según su mirada de las cosas, poner en debate el régimen de vacaciones de la Justicia implica “un mecanismo de embate hacia el Poder Judicial”.
El presidente de la Corte dejó en claro que, según su mirada de las cosas, poner en debate el régimen de vacaciones de la Justicia implica “un mecanismo de embate hacia el Poder Judicial”.
“Todos los años, -dijo Gutiérrez- la Corte delibera, evalúa y define cuáles serán los organismos que prestarán funciones en las ferias judiciales, teniendo particularmente en cuenta las necesidades del servicio y la normal prestación del mismo. En dicho camino, se tiene en especial consideración los distintos niveles de litigiosidad, las densidades poblacionales y demográficas, el mapeo de casos delictivos y de las diferentes materias que hacen al quehacer judicial, resguardando un criterio de trabajo uniforme y sustentable”.
El presidente de la Corte hizo hincapié en que “si optáramos por un cronograma que permitiera a cada integrante de la administración hacer uso de su legítimo derecho al descanso en cualquier etapa del año, nos enfrentaríamos a un considerable y preocupante grado de vacantes e integraciones en los distintos órganos jurisdiccionales y administrativos; ya que, habría que contemplar 4.787 períodos vacacionales superpuestos y simultáneos por cada agente”.
Algunas aclaraciones al respecto: en primer lugar, en este párrafo de su discurso Gutiérrez pone el foco en el modo de organizar las licencias, pero no hace referencia a la cantidad de días de vacaciones de los que gozan los agentes judiciales desde el inicio de sus funciones.
Por otro lado, a nadie se le ocurriría plantear que los empleados de la Justicia hagan uso de “su legítimo derecho al descanso en cualquier etapa del año”. Todo trabajador -público o privado- sabe que las vacaciones se organizan de manera tal que afecten lo menos posible el funcionamiento de la organización.
Frente a Omar Perotti
Con el gobernador Perotti sentado a sus espaldas, Gutiérrez no dudó en utilizar la decisión del Ejecutivo de dar asueto a la administración pública durante enero para reforzar su posición: “Pudimos ver que la propia administración central este pasado mes de enero, ha optado por seguir un régimen similar. En esta oportunidad, el señor gobernador optó por declarar asueto durante todo el mes de enero para la Administración Pública, dejando obviamente en funcionamiento guardias mínimas para la prestación de los servicios necesarios de los distintos organismos estatales”.
Gutiérrez fue aún más allá. Se tomó el trabajo de analizar el decreto 1.919/89 que rige las licencias en la administración pública, para advertir que “permite a un agente ingresante gozar de un mínimo de quince días hábiles, los cuales se irán incrementando con el transcurso del tiempo hasta alcanzar un total de treinta días hábiles, que en la realidad de los hechos terminan siendo 45 o más días corridos”.
Finalmente, también defendió el sistema de “licencias extraordinarias”. En este sentido, dijo que “durante todo el año 2019, del total de 4.787 personas que componemos la administración de justicia, el 6,34% hizo uso de este tipo de licencias; estando comprendido en ese conjunto las correspondientes a maternidad y preparto; por lo cual, si restamos dicho tipo, solo el 5,46% de todo el Poder Judicial usufructuó de licencias extraordinarias en el pasado año calendario”.
En su discurso, Gutiérrez se limitó a responder “a los que tienen el deber de informar a la población”. Es decir, a los periodistas y medios que plantearon el debate. Sin embargo, por algún motivo no tuvo en cuenta a ninguno de los otros actores que también se manifestaron recientemente sobre el tema de las vacaciones en el Poder Judicial.
Gutiérrez se limitó a responder “a los que tienen el deber de informar a la población”. Sin embargo, por algún motivo no tuvo en cuenta a ninguno de los otros actores que también se manifestaron.
Sólo a modo de resumen y para recordar a los desprevenidos, a continuación se detallan las voces que se escucharon opinar sobre el tema en Aire de Santa Fe a lo largo del mes de enero:
– El ministro de la Corte, Daniel Erbetta, reconoció que “hay que revisar los controles que se realizan para el otorgamiento de las licencias extraordinarias. En eso tenemos responsabilidad porque la licencia extraordinaria no se puede ordinarizar… Hay una mala costumbre dentro del Poder Judicial, como en otros ámbitos de la administración pública donde estas licencias también existen, y es que algunos toman estas licencias como si fuera un derecho automático, y no lo es”.
– El fiscal general de la Provincia, Jorge Baclini, dijo que “hay que cambiar el sistema de ferias en el Poder Judicial… Se definió hace más de treinta años y ya no es adecuado para la compleja realidad criminal… No es un tema exclusivo del MPA, porque si nosotros mantenemos nuestras investigaciones en un 70% durante la feria, también se necesitan más jueces y más defensores públicos para actuar en esas causas”.
– El ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, declaró: “Nos parece alentador que por primera vez desde los distintos poderes se reconozca una situación que se puede mejorar. Durante muchos años, tradicionalmente el tema de la feria era un tema intocable… Si los fiscales están hablando de la posibilidad de mejorar el servicio y algún ministro de la Corte reconoce que es una situación que se puede someter a estudio, estamos en un camino en el que es cuestión de sentarse a conversar para ver cuál es la forma en que esto se puede mejorar, ya que se trata de un sistema”.
– El diputado provincial Maximiliano Pullaro planteó: “En enero aumenta la cantidad de delitos por una sumatoria de factores. Es inadmisible que justamente ese mes, la Justicia reduzca su actividad al mínimo. La feria judicial es parte de un sistema anacrónico que debemos adaptar al siglo XXI. Los tiempos cambian, la Justicia debe cambiar para combatir el delito con más eficacia…”.
Pullaro presentó en Diputados un proyecto de ley para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que refiere al régimen de vacaciones. Pero el discurso de Gutiérrez dejó en claro que cualquier intento por cambiar el status quo generará el rechazo de la Justicia.
El presidente de la Corte dejó en claro su postura. En la provincia de Santa Fe, algunas cosas no cambian. Y el solo hecho de atreverse a mencionarlas, se parece demasiado a una osadía.
No importa que actores tan relevantes como Erbetta, Borgonovo, Baclini, Sain o Pullaro hayan mostrado ciertos puntos de coincidencias sobre el tema. Frente al panorama planteado por Gutiérrez, la posibilidad de que el proyecto de ley avance en la Legislatura luce, cuanto menos, endeble, ya que no son muchos los que en la provincia de Santa Fe se atreven a “entrometerse” con la Justicia. De hecho, ante el proyecto de Pullaro no se escucharon voces, a favor o en contra, de otros legisladores.
Por algún insondable motivo, en la provincia de Santa Fe el simple hecho de realizar cualquier tipo de observación sobre el funcionamiento del Poder Judicial suena a una opción temeraria. Lo dijo el ministro Borgonovo: “Durante muchos años, el tema de la feria era intocable”.
En su discurso, Gutiérrez dio por cerrado el debate. O, al menos, esa parece haber sido su intención. El presidente de la Corte dejó en claro su postura. En la provincia de Santa Fe, algunas cosas no cambian. Y el solo hecho de atreverse a mencionarlas, se parece demasiado a una osadía.