Cuando los hombres se sienten impunes, no temen traspasar cualquier límite. Incluso, aquellos que podrían perjudicarlos si imperara la legalidad.
El domingo 30 de octubre, dos grupos mafiosos se amenazaron durante más de dos horas ante las atónitas miradas de miles de testigos directos y de millones de televidentes. Como manadas de animales salvajes, intentaron marcar su territorio que, en estos casos, representa dinero fácil a través de negocios oscuros. El escenario fue el estadio de Boca Juniors, el mismo día en que el equipo enfrentaba a Atlético Rafaela.
De un lado, el actual jefe de la barra brava, Mauro Martín; del otro, el ex jefe de la hinchada, Rafael Di Zeo. El primero cuenta actualmente con el aval de los dirigentes del club para comandar a los hinchas violentos. El otro, gozó del mismo beneficio hasta que fue condenado a prisión por una feroz golpiza propinada a simpatizantes de Chacarita luego de un amistoso jugado en 1999.
Las amenazas del 30 de octubre fueron tan explícitas que la Justicia no pudo mirar hacia otro lado. Un fiscal de la ciudad de Buenos Aires citó a los dos líderes para que dieran explicaciones de lo ocurrido. Pocas horas después, una jueza dictó un fallo por el que se les prohíbe a Martín y Di Zeo ingresar a cualquier cancha de fútbol o acercarse a menos de 500 metros de los estadios de todo el país.
El caso es apenas un eslabón más de la larga cadena de situaciones que reflejan la íntima relación entre grupos mafiosos y los clubes de fútbol. Tanto fue así que, antes del fallo judicial, Di Zeo responsabilizó abiertamente a los dirigentes de Boca por lo que está sucediendo, les reclamó en público entradas gratis y les advirtió que hay un “ejército” -el término utilizado no parece casual- que él comanda y que quiere ingresar a la cancha sin pagar, con garantías de no ser repelido por la facción enemiga.
La capacidad de asombro se desvanece en la Argentina. De hecho, pocos tomaron en cuenta que este episodio representó abiertamente una suerte de institucionalización de las barras bravas. Hace tiempo que dejaron de ser “grupos violentos”, para convertirse en organizaciones reconocidas, con caras visibles de líderes que no necesitan ocultarse porque se saben intocables.
Lo llamativo es que la Justicia no haya citado a los responsables del club para que brinden explicaciones. Si es cierto lo que Di Zeo dice -nadie salió a desmentirlo-, se está reconociendo que los dirigentes de un club de fútbol negocian y llegan a acuerdos con grupos mafiosos, integrados en gran medida por personajes con amplios prontuarios policiales.
También sorprende que desde el gobierno nacional nadie haya planteado su preocupación por lo sucedido, sobre todo porque el dinero de todos está siendo utilizado para sostener a clubes de fútbol que pactan con mafias.
Los delincuentes tienen nombre, apellido y acuerdan con clubes sustentados por el Estado. En este contexto, el próximo hecho de violencia explícita llegará más temprano que tarde pues, en la Argentina, la impunidad está garantizada.