Los barras siguen imponiendo su ley

La jefatura de la barrabrava de Unión está en plena disputa. Y quienes pelean por el poder, se muestran dispuestos a todo. Incluso, a matar o a morir.

Los enfrentamientos se producen abiertamente. El domingo 17 de este mes, dos facciones antagónicas (una conocida como el grupo de “Los Mellis” y la otra como “Los del Nene”) se enfrentaron en plena tribuna mientras se jugaba un partido entre el equipo local y Atlético Tucumán.

En ese momento, “Los Mellis” lograron desalojar a “Los del Nene” del sitio reservado para los líderes de la barra. Quienes creyeron que la disputa había finalizado se equivocaron, pues la guerra entre ambos grupos mafiosos recién estaba comenzando.

Apenas 24 horas después, las dos facciones se enfrentaron a tiros en inmediaciones del estadio. Fue el lunes cerca de las 20. Los hechos se iniciaron frente al hospital Iturraspe -aparentemente un grupo comenzó a disparar mientras representantes del otro sector se encontraban dentro del club-, pero la pelea se trasladó poco después hasta el parque Garay.

Las autoridades saben perfectamente que el próximo capítulo de este enfrentamiento está por escribirse. Sólo resta dilucidarse dónde y cuándo será el próximo choque.

Por ese motivo, desde el Ministerio de Seguridad se dispuso la prohibición de ingreso al estadio para 44 hinchas de Unión durante el partido que se jugará el viernes frente a Crucero del Norte. Además, se ordenó la clausura de la cabecera del estadio 15 de Abril, donde habitualmente se ubica la barrabrava.

Distintas fuentes consultadas por El Litoral coincidieron en que, luego del primer enfrentamiento producido durante el partido contra Atlético Tucumán, los supuestos nuevos jefes de la barra se presentaron ante las autoridades del club para anunciarles que, a partir de ese momento, eran ellos los depositarios del poder de la hinchada.

La Justicia cuenta con registros fílmicos de los enfrentamientos. Así fue como los investigadores lograron identificar a los 44 barras que el viernes tendrán vedado el ingreso al estadio.

Se sabe quiénes son, dónde viven, cuáles son sus antecedentes. Se conocen sus historias y sus relaciones de poder. Sin embargo, al parecer lo único que el gobierno y la Justicia están en condiciones de hacer, es impedirles ir a la cancha y clausurar un sector de las tribunas.

No parece castigo suficiente para quienes abiertamente infringen las leyes, imponen el terror, amedrentan a dirigentes y dirimen sus diferencias a los tiros en plena ciudad, poniendo en riesgo vidas inocentes.

Cuesta creer que semejante nivel de violencia explícita se produzca sólo por el poder simbólico que representa el hecho de conducir la barrabrava. Obviamente, lo que está en juego es el dinero generado gracias a redes de complicidades y negocios delictivos.

Sorprende el grado de naturalización de esta locura. Dirigentes del fútbol, funcionarios de gobierno y agentes de la Justicia, describen los acontecimientos como si se tratara de hechos corrientes. Reflejan una impotencia que, en última instancia, termina fortaleciendo a los delincuentes.

Son los barras, en definitiva, los que imponen sus códigos. Porque si bien todos saben quiénes son y cómo actúan, nada hace suponer que la situación cambie.