A los once años, Candela Sol Rodríguez se convirtió en un show mediático. Decirlo de esta manera puede sonar temerario y hasta brutal, pero refleja de manera explícita lo que sucedió con este caso que concitó -y concita- la atención de tanta gente.
Da la sensación de que gran parte de la prensa -sobre todo los canales de televisión de Capital Federal- no se detuvo un minuto para analizar de qué manera el tratamiento del tema podía incidir sobre la vida de la niña en cautiverio. Hablar del periodismo de Buenos Aires no significa ver sólo la paja en el ojo ajeno. De hecho, una situación similar pudo haberse producido con la prensa de cualquier otro punto del país.
Es cierto que Candela desnudó a todos y no sólo al periodismo. Es verdad que este caso dejó al descubierto las miserias de algunos políticos y la ineficacia de las fuerzas de seguridad; que numerosos familiares de la pequeña están directamente vinculados con el mundo del hampa y que pudieron haber ocultado información clave; que la Justicia no estuvo a la altura de las circunstancias y que los mismos investigadores se encargaron de hacer trascender datos de la causa que debieron manejarse con sigilo profesional (ver: El desempeño…).
Cada uno de estos protagonistas del caso merece un análisis en particular. Pero éste es un buen momento para profundizar sobre el desempeño de periodistas y medios de comunicación, generalmente reacios a la autocrítica.
Correr desesperadamente detrás de una primicia puede ser la mejor forma de caer en el ridículo y olvidar lo que realmente importa, que es la búsqueda de la verdad. Y en la búsqueda de esa supuesta verdad no todo vale, especialmente cuando se ponen en riesgo otros valores, incluso más trascendentales, como la vida misma.
¿Qué sentido tiene transmitir en vivo y en directo durante la mayor parte del día el relato de un periodista que ya nada tiene para decir?, ¿cuál es el objetivo de mostrar durante horas un lugar donde ya nada queda para mostrar?, ¿por qué asumir los riesgos de reproducir cualquier dato sin confirmar?, ¿es necesario dejarse utilizar de esta manera por políticos o fuerzas de seguridad, suplicando migajas de información que en muchos casos es malintencionada?, ¿alguien pensó que semejante despliegue podría aterrorizar a los delincuentes y presionarlos a eliminar a la niña?
Candela no merecía convertirse en un show mediático, pero lo fue. Es que su caso se transformó en material de debate en todo tipo de formatos: se habló de ella en los diarios, en las radios, en las redes sociales, en programas televisivos de opinión, en noticieros y hasta en segmentos de chimentos faranduleros, donde de manera canallesca e irresponsable llegaron a referirse a los supuestos antecedentes sexuales de una nena de once años.
Se dijeron tantas cosas que ya no queda claro a quién creerle. En realidad, da la sensación de que lo más sano es no creer en nada, hasta que la polvareda mediático-político-policial se aplaque.
“La dimensión ética de la información debería ser la base de la tarea de informar, considerando la importancia que tiene para los ciudadanos. Hasta que los medios y sus periodistas no asumamos ese desafío será muy difícil que comprendamos y nos concienticemos sobre la responsabilidad social que implica el manejo de la información como bien social”, expresó en un comunicado el Foro de Periodismo Argentino, asociación profesional que nuclea a periodistas de todo el país.
Un día antes de la confirmación de la muerte de Candela, Nora Shulman, presidenta del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ya había advertido: “Hay que cuidar los derechos de esa niña. Si está en una red de trata o ha sido robada por un abusador, la ponemos en riesgo. En cuanto se conoce tanto y se habla tanto del tema, se encuentra bajo más riesgo”. Su temor se confirmó pocas horas después.
Para Marcela D’Ángelo, subsecretaria de los Derechos de la Niñez, los Adolescentes y la Familia de la Provincia, en situaciones como éstas “se debería pensar siempre primero en quién es más vulnerable. En este caso, Candela”.
“No debe ser simple establecer límites -reconoció-. Pero quienes trabajamos con la infancia creemos que se debe ser terriblemente cuidadoso porque con lo que se informa también se interviene, aunque sea con la mejor intención. Se crea determinada conciencia sobre el problema. Mucho de lo que trasciende puede presionar o revelar los pasos de los investigadores”.
Fotos que condenan antes de tiempo
Durante la tarde del último jueves, algunos importantes portales web de noticias de Buenos Aires publicaban las fotos (de frente y perfil) de un hombre peruano que vive cerca de la casa de la niña asesinada. “Este es el acusado de matar a Candela Rodríguez”, decía el título. Y no mentía. Este hombre es, apenas, el acusado. Es decir, el sospechoso. Nada más que eso.
El viernes por la mañana, las mismas fotografías eran reproducidas, al menos, por un canal de cable de noticias que tiene alcance nacional. En este caso el título era: “¿El asesino?”.
Resulta difícil comprender cómo se puede dar a conocer el rostro de una persona que no está condenada y ni siquiera fue procesada por el homicidio de Candela. Más aún, cuando no se trata de una persona pública y, por lo tanto, su intimidad debe ser preservada hasta tanto la Justicia determine que, efectivamente, es el asesino o, al menos, lo procese al considerar que existen pruebas contundentes en su contra.
¿Qué ocurrirá en el caso de que no sea el homicida?, ¿quién le devolverá a este hombre su vida, luego de que su rostro fuera divulgado a lo largo y ancho del país como sospechoso de semejante crimen?
Otro dato a tener en cuenta es que no se trató de una vieja foto familiar, sino que los medios publicaron la imagen del sospechoso de frente y de perfil. Es decir que fueron las fotos del prontuario policial. Nuevamente, la Policía o la Justicia aparecen suministrando datos clave a la prensa, con el único objetivo de calmar los reclamos de una sociedad que pide el inmediato esclarecimiento del caso.
Garantizar la libertad de prensa implica que ningún órgano externo a los medios establezca qué pueden informar y qué deben callar los periodistas. La autorregulación profesional es el único mecanismo de defensa de las libertades. Los lectores, oyentes o televidentes son, en definitiva, quienes eligen seguir a un medio o a otro. Así funciona el sistema. Así debe funcionar en una sociedad libre y democrática.
Resulta bastante sencillo para la prensa referirse a los factores externos que atentan contra las libertad de informar; como por ejemplo el poder político, los poderes económicos, el manejo discrecional de la publicidad, las persecuciones judiciales, las amenazas o aprietes de quienes prefieren convivir con un periodismo acólito y evitar la mirada de un periodismo crítico.
También es relativamente fácil hablar de las amenazas que representan para los medios tradicionales las apariciones de Internet, de las redes sociales, Wikileaks y otros avances tecnológicos.
Pero el tratamiento que se le dio al caso Candela demuestra que los medios y sus periodistas siguen siendo los únicos capaces de infligirse semejantes daños a sí mismos. Las amenazas no siempre son exógenas, sino que suelen estar en el interior mismo de esta lógica informativa.
La credibilidad se ve jaqueada cuando un punto más de rating vale más que la vida de una nena de once años, cuando se reproduce información basura, cuando no se contrastan las fuentes, cuando los fines justifican los medios.
Cuando el periodismo descuartiza a Candela, descuartiza su propia credibilidad y se debilita.
Y un periodismo débil y desprestigiado no es sólo problema de los medios, sino de la sociedad toda.
EL DESEMPEÑO DE LA JUSTICIA
Desconocimiento y falta de formación profesional, escasa confianza en los poderes públicos y la instalación de la protesta social como modo de dilucidar los casos judiciales. Estos son algunos de los factores que inciden negativamente en situaciones como las del caso Candela, según el Dr. Sebastián Creus, camarista penal en Santa Fe y uno de los autores del nuevo Código Procesal en la provincia.
“Una regla de oro en casos de secuestros extorsivos en todo el mundo es que los captores no tienen que saber que está interviniendo la autoridad pública. Esto es para favorecer medidas que permitan ubicarlos y para no poner en peligro a la víctima, porque el captor acorralado probablemente decidirá matarla. Pero primero hay que tener en claro que se trata de un secuestro extorsivo”, explicó.
Creus sostuvo que “nunca se podrá saber qué hubiese pasado si los familiares, el fiscal y los medios no hubieran actuado como lo hicieron. Es imposible saberlo, pero hay que decir que lo sucedido no se corresponde con las reglas de oro de un secuestro”.
“La decisión de hacer o no público el caso debería adoptarla la autoridad. Pero los familiares no son ajenos y ellos pueden tomar una actitud distinta. Ninguna autoridad pública puede obligar a la familia a no aparecer en los medios. Sobre todo en este país, donde la protesta popular es el mecanismo instalado para reaccionar frente a problemas que se judicializan. Habrá que explicarle a la gente que la protesta y el reclamo difícilmente puedan servir para mejorar las investigaciones, porque todo depende de las pruebas que se puedan colectar”, añadió.
Durante los primeros días del caso, el fiscal apareció constantemente en los medios brindando todo tipo de información. Para Creus, “éste no es un problema nuevo. Nosotros hemos tenido ejemplos en Santa Fe. Tuvimos jueces mediáticos, pero sus actuaciones nunca fueron eficaces, porque cuando uno se interesa demasiado en aparecer en los medios gasta energía que debería volcarse a la investigación”.
“Hemos tenido -insistió- grandes procedimientos masivos en algunos barrios, que atentaban contra reglas constitucionales porque violaban los domicilios particulares. Pero todo el mundo aplaudía. Habrá que decir que aquello ni siquiera era útil, porque la investigación pasa por otro lado”.
El huevo y la gallina
Creus sostuvo que “la escena del levantamiento del cadáver de Candela fue aterradora. No sólo estaban los periodistas, sino una enorme cantidad de gente pisoteando el lugar. Fue la contrariedad de las técnicas más básicas de cómo actuar en la escena de un crimen. Estaban el gobernador (Daniel Scioli) y alrededor de 40 personas más. Yo entiendo la necesidad de publicitar los actos de gobierno, pero debe haber un límite que no entorpezca la investigación”.
“Es verdad que la gente espera información de los periodistas, porque no confía en los organismos públicos. Los gobernantes, los jueces y la policía no resultan confiables. Pero es la historia del huevo y la gallina: una salida es comenzar a trabajar de manera profesional y eficiente desde los organismos públicos para recuperar esa confianza; o esperar que la confianza sea recuperada para empezar a trabajar de manera profesional y eficiente”, sostuvo.
“Yo creo que lo primero que debemos hacer, es trabajar de manera eficiente y profesional para descubrir la verdad de los casos, aunque eso signifique manejar de otra manera la información. Además, deberíamos explicar a la opinión pública en general y a muchos periodistas qué es lo que corresponde hacer en situaciones como éstas”, finalizó.
¿CÓMO TRATAR ESTE TIPO DE CASOS?
Frente a lo ocurrido con la cobertura del caso Candela, el Foro de Periodismo Argentino emitió un comunicado autocrítico en el que expresa una serie de recomendaciones a tener en cuenta:
/ Ninguna noticia justifica poner en riesgo una vida. En las coberturas periodísticas de tomas de rehenes, el periodista no obstaculizará la tarea policial y judicial, y dejará que exclusivamente los funcionarios públicos se ocupen de resolver la situación.
/ Los periodistas no aplican métodos propios de los servicios de inteligencia para obtener información. El uso de procedimientos no convencionales para lograr datos u obtener testimonios puede ser considerado sólo cuando se viera involucrado un bien o valor público. Nunca debe afectarse con ese fin la intimidad de las personas.
/ Nunca priorizar la primicia a la vida de una persona.
/ El periodista debe respetar la privacidad de las personas. Sólo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona, puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de un particular.
/ No adelantar los pasos judiciales de manera que se pudiera poner sobre aviso a los delincuentes que intervienen en el hecho.
/ En toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. Los pronunciamientos de las fuentes policiales no son suficientes para determinar culpas, ni siquiera cuando tienen la forma de comunicados oficiales.
/ En el caso de que víctimas de tragedias o incidentes, o sus familiares y allegados, prefirieran no exponerse a la prensa, debe respetarse su posición y evitar difundir imágenes o sonidos del momento en el que rehúsan la requisitoria periodística.
/ No deben publicarse los nombres de víctimas de delitos sexuales, a menos que se cuente con su consentimiento explícito.
/ Conociendo los antecedentes en la cobertura de temas vinculados al delito donde las fuerzas policiales dieron versiones erróneas o distorsionadas sobre el hecho investigado, intentar diversificar las fuentes de información y priorizar las fuentes judiciales.
/ No dar difusión a informaciones que no puedan ser chequeadas al menos por dos fuentes independientes entre sí y tratar de minimizar la utilización de fuentes que no puedan ser identificadas.
/ Consultar a las autoridades pertinentes y a los organismos responsables de la búsqueda de niños y/o adolescentes sobre si es recomendable en el caso específico dar difusión a la imagen de la víctima.
/ Consultar a especialistas idóneos y no al primero que aparezca con intención de hablar públicamente de un hecho que desconoce en manera directa. Es común que en el fragor de encontrar especialistas dispuestos a hablar, aparezcan en los medios peritos, abogados o ex policías con un largo prontuario de irregularidades. Eso suele dañar la rigurosidad de la información que se requiere en hechos tan graves y de semejante sensibilidad pública.
/ En ningún caso deben consignarse los nombres e imágenes de niños o adolescentes involucrados en actos criminales, ni siquiera por su nombre de pila, alias o apodo.
/ Facilitar los canales de información adecuados para volcar cualquier tipo de dato que pueda colaborar con la investigación judicial del caso.
/ Y, sobre todo, entender siempre que las víctimas son víctimas y los victimarios, victimarios. Con toda la responsabilidad que eso significa a la hora de informar a la ciudadanía y de no re-victimizar a quienes han sufrido un hecho de estas características