Aclaración (probablemente infructuosa para gran parte de los lectores): esta columna no tiene la intención de que se despida a ningún empleado; ni que se le baje el sueldo, la jubilación, pensión o plan social a nadie.
Dicho esto, todo indica que luego de demasiados anuncios a medias, dudas, marchas y contramarchas, la cuestión del ya famoso bono de fin de año comienza a aclararse: los empleados privados lo cobrarán en dos, o en tres, o en más veces, o a cuenta de futuros aumentos, según el grado de dificultad que atraviese la empresa para la cual trabajan.
Mientras tanto, los empleados públicos nacionales lo cobrarán durante la primera quincena de diciembre, en una cuota, más un 10% de aumento en sus sueldos.
A simple vista, parece un dato más. Sin embargo, lo sucedido en este caso –como en tantos otros- no debería pasar desapercibido.
Aunque parezca una obviedad, habrá que recordar que en términos generales la riqueza genuina de un país no proviene del sector público, sino del sector privado. Y que es el sector privado el que genera los recursos con los que se sostiene al Estado y se pagan los sueldos de los agentes públicos, jubilaciones, pensiones y planes sociales.
El Estado funciona como ordenador y como prestador de servicios esenciales, tales como salud, seguridad, justicia, educación, planificación de infraestructura, de la política económica, social y monetaria, etc. Pero en general –salvo, por ejemplo, empresas con participación estatal o universidades que pueden vender sus productos o servicios- no genera riquezas.
Las arcas del Estado se nutren de recursos por diversas vías (impuestos, endeudamiento o la falsa ilusión que genera la impresión de billetes).
Sin embargo, mientras los trabajadores del sector que produce riqueza real cobrarán el bono en dos, en tres, o en más veces, o a cuenta de futuros aumentos; los trabajadores del sector que no genera recursos lo recibirán en un pago, más un aumento del 10%.
Es cierto que la situación de la economía está plagada de matices, pero nadie puede negar que son tiempos de crisis económica y que la presión tributaria sobre esos sectores privados que generan riqueza genuina se torna por momentos insoportable –lo reconoce el propio gobierno-.
Lo paradójico es que los empleados del sector que no genera riquezas, gozan de mejores perspectivas y mayor estabilidad de aquellos que trabajan en los sectores que sí producen los recursos del país.
Según el Boletín Fiscal del segundo trimestre de 2018, elaborado por el Ministerio de Hacienda de la Nación, 419.706 personas trabajan para el Poder Ejecutivo Nacional, entes del sector público y empresas o sociedades del Estado.
Mientras tanto, según el Ministerio de Trabajo de la Nación, en agosto de 2018 había en la Argentina 8.688.000 trabajadores registrados en el sector privado (6.220.000 de asalariados, 1.589.000 monotributistas, 489.000 en casas particulares, 392.000 autónomos) y 3.165.000 en el sector público, si se suman todas las provincias.
El salario promedio en el sector privado en agosto de 2018 era de $25.354. Mientras que el salario promedio en el sector público en general a fines de 2017 -es decir un año antes- era de $28.500.
La provincia de Santa Fe tenía el año pasado 173.940 empleados públicos, más 101.540 agentes en Educación, 25.802 Policías y 46.120 en otras funciones. En total suman 347.402 personas, con una remuneración promedio de $29.434 que, a fines de 2018, alcanzará un incremento sustancial gracias a la cláusula gatillo que les garantiza no perder un solo peso frente a la inflación.
Mientras tanto, la provincia registra 502.000 trabajadores en el sector privado formal que, en general, no accedieron a este tipo de condiciones ventajosas a la hora de negociar sus paritarias.
Si a los empleados estatales nacionales, provinciales o municipales, se les suman los jubilados, pensionados, personas que reciben planes sociales o planes de empleo, se llega a la conclusión de que alrededor de 21 millones de personas subsisten gracias al Estado.
A estas alturas de las circunstancias, ya no quedan dudas de que el Estado, en cualquiera de sus tres niveles –nacional, provincial o municipal- representa en la Argentina la alternativa más segura y estable para todo aquel que pretenden insertarse en el mercado laboral.
Un país donde lo mejor que le puede ocurrir a cualquier persona es conseguir un empleo público, se encuentra frente a un verdadero problema.
Mientras el empleo estatal represente el mejor de los mundos y no existan incentivos reales como para convencer a la gente de que vale la pena innovar, arriesgar, emprender y trabajar por cuenta propia; la Argentina no tendrá futuro mejor posible.