A la hora de analizar las conductas sociales, los números suelen resultar odiosos y hasta antojadizos. Sin embargo, las estadísticas son imprescindibles para marcar tendencias.
Y, si de tendencias se trata, la ciudad de Santa Fe va camino de alcanzar el récord histórico de homicidios registrado en 2007, cuando se produjeron 116 asesinatos en 12 meses, que representaron una muerte violenta en promedio cada tres días y colocaron al área metropolitana entre los lugares más violentos de América Latina.
Cuando promedia julio de 2010, el registro de homicidios habla de al menos 60 víctimas de la violencia, lo que demuestra que, a pesar del recambio de gobierno, las circunstancias no han variado demasiado en esta capital.
La resolución violenta de conflictos personales continúa siendo el gran problema. El año pasado terminó con 92 homicidios, que superaron los 85 registrados a lo largo de 2008. Los asesinatos en 2004 fueron 93; en 2005, 94, y 2006 cerró con 78.
Durante aquel fatídico 2007, cuyas tendencias parecen repetirse, Santa Fe tuvo 24 homicidios cada 100 mil habitantes. Según datos de Naciones Unidas, la tasa de asesinatos por cada 100 mil personas estuvo el año pasado encabezada a nivel mundial por Irak (89), Honduras (57,9), Sierra Leona (50), El Salvador (49,1), Jamaica (49) y Venezuela (48). Por debajo de 20 listaron países como Ecuador (16,9), Paraguay (12,5) o Nicaragua (12).
El asesinato del taxista Diego Lorenzo Paye, ocurrido durante los primeros minutos del último sábado, tuvo una particular repercusión por las protestas que realizaron sus colegas ante el gobierno. La respuesta oficial pasó por asumir el compromiso de que la policía realice controles sorpresivos y en distintos puntos de la ciudad sobre los taxis y remises.
En realidad, se trata de una medida bastante parecida a las que se vienen planteando desde hace años cada vez que un taxista o un remisero es víctima de la violencia extrema.
A principios de 2008, en una entrevista realizada por El Litoral, el actual secretario de Seguridad Comunitaria, Enrique Font, decía que la saturación policial “es una de las medidas más contraproducentes, porque la policía que tenemos no está capacitada para hacerlo correctamente”.
Todos coinciden en el diagnóstico. A esta altura de las circunstancias, ya nadie duda de que la mayor presencia policial ayuda, pero no acaba con un problema que tiene profundas raíces sociales y culturales.
Desde que asumieron las actuales autoridades, hicieron hincapié en la necesidad de poner en práctica mecanismos que tendieran a incluir a vastos sectores excluidos, a organizarlos, comprometerlos y motivarlos detrás de objetivos comunes.
Hasta el momento y, más allá de los esfuerzos que seguramente se realizaron, la realidad indica que la situación no varió demasiado. Dirán que se requiere más tiempo para torcer la historia. Y tal vez esto sea cierto.
De todos modos, la realidad actual no puede ser negada. La violencia en la ciudad de Santa Fe sigue tan instalada, como en sus peores momentos.
