Las diferencias están a la vista. Desde el día en que el socialismo ganó las elecciones a gobernador, gran parte de los integrantes del Poder Judicial miró a los nuevos gobernantes con desconfianza. Los socialistas lo sabían. Por eso las relaciones fueron frías y apenas diplomáticamente correctas.
El caso Fraticelli produjo un quiebre histórico en el sistema penal santafesino. Antes de la llegada del socialismo al poder y luego de analizar el proceso que había llevado al ex juez y a su esposa a cumplir una pena de cadena perpetua por la muerte de su hija Natalia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que el Código Procesal Penal santafesino violaba la Constitución Nacional.
La reforma y puesta en marcha del nuevo sistema provocó roces que alcanzaron como para encender la mecha. Las diferencias no tardaron en aparecer. El Ejecutivo y los jueces comenzaron a velar sus armas, como lo hacían los caballeros de la Edad Media durante la noche previa a su ordenamiento.
A modo de reproche y con la finalidad de debilitar al contrario, cada uno se empeñó desde entonces en resaltar públicamente las debilidades del otro.
Los jueces dijeron que el Ejecutivo no brinda el presupuesto, ni la infraestructura necesaria como para poner en funcionamiento el nuevo Código Procesal Penal. También reclamaron en reiteradas oportunidades mayor celeridad en el nombramiento de magistrados, pues numerosos juzgados se encuentran vacantes y esto complica la situación de una Justicia que desde hace mucho tiempo está colapsada.
El Ejecutivo respondió. Defendió el nuevo sistema de selección de jueces y recordó que muchos de los que hoy están al frente de juzgados llegaron allí de la mano de intereses políticos. También les recordó a los magistrados que durante décadas hicieron poco para impulsar la reforma que hoy tanto cuesta instrumentar.
Y otra vez aparece Fraticelli. Según el abogado Carlos Edwards, representante del ex juez, a su cliente lo condenaron a las apuradas por presiones de un Poder Ejecutivo -segundo gobierno de Carlos Reutemann- que no quería “una María Soledad en la provincia de Santa Fe”.
Un detalle que no es menor: el defensor de la esposa de Fraticelli fue Héctor Superti, actual ministro de Justicia de la Provincia. El destino hizo que el mismo abogado que se encargó de hacer caer el vetusto Código Procesal Penal, fuera el responsable de ponerlo nuevamente de pie.
Superti conoce cada rincón de este escenario. Sabe de las fortalezas y miserias que están en juego. Cuando su clienta Graciela Dieser -seis años presa y condenada a cadena perpetua- fue absuelta, cargó muy duramente contra la corporación judicial.
En medio de tanta discusión, los Colegios de Abogados de la provincia plantearon lo suyo. Reclamaron al Ejecutivo que se acelere el nombramiento de jueces y le dijeron a los magistrados que muchos de ellos trabajan poco. Sin vueltas. Simple y directo.
Pero fue sin dudas el gobernador Hermes Binner quien tensó la cuerda al límite, cuando a poco de su llegada de Malasia dijo a propósito del caso Fraticelli: “Si yo fuera miembro de la Corte Suprema de Santa Fe, hoy presentaría mi renuncia”.
¿Exabrupto y estrategia? ¿Binner se dejó llevar por su enojo, o sus dichos forman parte de un plan para renovar la Corte Suprema santafesina?
Si fue exabrupto, el gobernador debería saber que a veces las palabras plantean escenarios riesgosos de los que luego resulta muy difícil regresar.
Si es estrategia, el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Arturo Araujo, puso en palabras lo que muchos piensan: “Si Binner tiene pruebas, que ponga en funcionamiento los mecanismos legales constitucionales”. Es decir, que impulse el juicio político tendiente a destituir a quienes considera poco aptos para el cargo que ocupan. (Audio TODO PASA).
Aunque a los jueces les moleste, el gobierno tiene mucho de razón en sus reproches.
Aunque al gobierno le incomode, los jueces dicen mucho de cierto en sus reclamos.
Aunque a los jueces y al gobierno los exaspere, los abogados reflejan la realidad cuando les piden reacción y responsabilidad institucional.
La cuerda no se romperá, pues el sistema está por sobre las personas que hoy ocupan cargos públicos.
Sin embargo, unos y otros están sufriendo un desgaste profundo que nada bien le hace al sistema que tanto dicen defender.
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