Finalmente, a los 97 años y después de soportar los impiadosos embates del kirchnerismo para que abandonara su cargo, Carlos Fayt dejará el puesto que desde 1983 ocupa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde donde logró convertirse en uno de los juristas más respetados de la Argentina.
Y no se irá de cualquier manera. Lo hará el mismo día en que Cristina Fernández de Kichner deje de ser presidenta, luego de completar su segundo mandato al frente del gobierno nacional
Carlos Fayt y Cristina Fernández se irán juntos. Y no es casualidad que así suceda. Es que, más allá de que decisión de continuar ejerciendo funciones a pesar de su edad pueda ser discutida, Carlos Fayt optó por no permitir que la Justicia fuese avasallada por un gobierno que, públicamente, reconoció su decisión de ir por todo.
Es probable que, a su edad, durante los últimos tiempos Fayt no haya estado en las mejores condiciones como para ejercer una función tan delicada. Tal vez, debió dar un paso al costado en su debido momento, ya que la Constitución de 1994 fija como edad límite los 75 años para los magistrados.
Sin embargo, resultó absolutamente evidente que el principal problema para el gobierno cuando intentó desplazarlo no radicaba en la edad o en sus condiciones de salud; sino en la necesidad política de avanzar sobre la Corte ante los planteos judiciales que funcionarios del oficialismo deberán enfrentar, seguramente, a partir de este fin de ciclo.
Antes de embestir contra Fayt, el kirchnerismo intentó incorporar en el máximo tribunal del país al jurista Roberto Carlés. Sin embargo, no logró el imprescindible aval de las dos terceras parte del Senado de la Nación.
Los intentos del kirchnerismo por controlar al Poder Judicial no nacieron partir de este año, sino desde 2011. Con la reelección de Cristina Fernández con el 54 por ciento de los votos, el oficialismo echó a volar sus sueños de poder absoluto.
La primera víctima notoria fue el ex procurador de la Corte, Esteban Righi, quien debió dejar su cargo a raíz de las presiones políticas generadas por el caso Ciccone y las denuncias contra el vicepresidente, Amado Boudou.
En 2013 se produjo un fuerte intento del kirchnerismo por controlar al Poder Judicial, a través de los proyectos de ley que se conocieron como Democratización de la Justicia. El gobierno proponía que los partidos políticos postularan, en listas sábana, a los candidatos a integrar el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de elegir, sancionar o destituir a los jueces de la Nación.
Afortunadamente para la República, la Justicia declaró inconstitucionales aquellas leyes, que nunca llegaron a implementarse.
Luego se aprobaron en el Congreso otros proyectos que apuntaron al mismo objetivo y que permitieron, entre otras cosas, que el Consejo de la Magistratura -bajo control kirchnerista- tuviera la posibilidad de remover y nombrar jueces subrogantes.
No importa quién gobierne el país a partir del 11 de diciembre próximo. La partida de Carlos Fayt y de Cristina Fernández, representa el final de un ciclo y el comienzo de otro.
La República y la democracia argentinas necesitan, de una vez por todas, que el respeto por la división de poderes se convierta en un valor sagrado. Y en este sentido, sobre el nuevo gobierno recaerá una responsabilidad institucional trascendente. El futuro, ya comenzó a ser escrito.