La Argentina vive momentos de extrema turbulencia en los que debe primar la cautela, pues resultaría temerario sacar conclusiones apresuradas sobre quién pudo haber apretado el gatillo que acabó con la vida de Alberto Nisman.
Sin embargo, existe una realidad insoslayable: la bala que impactó en el cuerpo de este hombre de 51 años no sólo acabó con la vida de un fiscal, sino que desangró a la República e hirió de gravedad al gobierno nacional.
Es que, desde hace una semana, Nisman ya no sólo era el jefe de los investigadores de la causa Amia, sino que se había convertido en el fiscal que denunció a Cristina Fernández; al canciller Héctor Timerman y a otros tres personajes de reparto de la política argentina, como presuntos encubridores de los supuestos asesinos iraníes.
Los titulares de los medios internacionales así lo demuestran: “Muere el fiscal que acusó a Cristina Fernández de encubrir a Irán” (Diario El País, de Madrid), “Hallan muerto a Alberto Nisman, el fiscal que denunció a la presidente de Argentina” (El Mundo, Madrid), “Procurador que denunció a Cristina Kirchner es encontrado muerto en Buenos Aires” (O Globo, Brasil), “Procurador que acusó a presidente de proteger a Irán en atentado a la Amia fue hallado muerto” (The Jerusalem Post, Israel), “Hallan muerto al fiscal que denunció a la presidenta Kirchner por encubrir a Irán” (ABC, Madrid). Los ejemplos siguen.
Resulta difícil creer que Nisman pudiera haberse suicidado, sobre todo si se analizan con detenimiento sus últimas declaraciones públicas. También parece improbable que el gobierno nacional decidiera acabar con su vida pues, como lo reflejan los titulares periodísticos del planeta, con esta muerte la imagen de Cristina Fernández acaba de ser literalmente pulverizada.
Aun así, todo es posible. Ninguna hipótesis puede ser desechada, ante un escenario en el que, por acción u omisión, el gobierno enfrenta gravísimas consecuencias y los cimientos de la República se resquebrajan.
Es que, en lugar de atacar al fiscal -como lo hizo, por ejemplo, el canciller Timerman el viernes último-, el gobierno debió asegurarse de proteger la vida de Nisman. En definitiva, si sus acusaciones eran erróneas, no había nada que temer, pues todo se resolvería en la Justicia.
“Me gustaría equivocarme por la institucionalización del país, pero creo que no‘, dijo Nisman en los últimos días. Y advirtió: “Yo puedo salir muerto de esto”.
Cuando las piezas encajan
Hace apenas una semana -pocas horas después de los atentados de Al Qaeda en París-, el fiscal sorprendió a todos: dijo que contaba con elementos de prueba que le hacían sospechar que el gobierno argentino había impulsado un acuerdo con Irán según el cual recibiría petróleo, a cambio de granos y del compromiso de solicitar a Interpol que borrara a los sospechosos del atentado a la Amia de las Circulares Rojas emitidas el 7 de noviembre de 2007. Por eso Nisman denunció a Cristina Fernández y a sus colaboradores por encubrimiento.
El principal problema no fue que el fiscal realizara esta denuncia. Lo más grave fue, en realidad, que sus dichos resultaron creíbles. Sólo algunos de los más encumbrados representantes del kirchnerismo se atrevieron a calificarlos de “delirantes”. Para gran parte de la sociedad, en cambio, no pareció descabellado pensar que el gobierno fuese capaz de encubrir a los asesinos de la Amia.
¿Cómo fue posible que se planteara un escenario semejante?
El 26 de marzo de 2011, el recientemente fallecido periodista Pepe Eliachev publicó en Perfil un artículo titulado “Argentina negocia con Irán dejar de lado la investigación de los atentados‘. Según la nota, el entonces canciller iraní, Alí Akbar, había entregado un documento a su presidente, Majmud Ajmadineyad, en el que se afirmaba que el gobierno argentino estaba dispuesto a suspender la investigación de los ataques terroristas…, a cambio de mejorar sus relaciones económicas con Irán”.
El canciller Timerman negó las acusaciones, tildó a Eliachev de “pseudoperiodista” y lo acusó de trabajar para los servicios secretos israelíes.
Sin embargo, el 27 de febrero 2013 la Cámara de Diputados de la Nación le dio sanción definitiva a un controvertido Memorándum de Entendimiento con el gobierno iraní. Los argumentos esgrimidos por el kirchnerismo fueron rayanos al delirio: para dar con los asesinos de la Amia, era necesario sacrificar la jurisdicción de la Justicia argentina; trasladando las investigaciones al país sospechado que, por otra parte, acusaba al gobierno israelí de haber realizado un autoatentado.
Por aquel entonces, la Argentina sufría las graves consecuencias de una crisis energética que ponía en jaque las reservas del Banco Central. En 2011, cuando Eliachev publicó su nota, la economía crecía y el país carecía de la energía necesaria como apuntalar dicho crecimiento.
De hecho, durante ese año el barril de crudo superó los 100 dólares y el Estado debió erogar 9.000 millones de dólares para importar energía. La sangría de divisas era tal, que en octubre el gobierno puso en vigencia el cepo cambiario. En diciembre, el kirchnerismo comenzó a instalar el debate sobre la reestatización de YPF, hecho que se produjo cuatro meses después.
Conseguir petróleo era prioritario para sostener la economía y para frenar la sangría de dólares. Y en ese contexto, Irán -al igual que Venezuela- aparecía como un aliado ideal. Incluso, por entonces se llegó a hablar del eje Caracas – Buenos Aires – Teherán.
La cadena de acontecimientos se completa con otro eslabón: los comprobados viajes que por entonces realizaba Luis D’Elía a Irán.
“Cuando se empezó a armar el rompecabezas, realmente nos metía frío”, dijo Nisman en una de sus última apariciones públicas.
Prima facie, a partir de esta suma de acontecimientos -todos ellos irrefutables- el rompecabezas planteado por Nisman cerraba a la perfección, aun sin que se conocieran públicamente las pruebas que el fiscal aseguraba tener en su poder.
Lo que acaba de ocurrir es el hecho de mayor gravedad para la República desde el retorno de la democracia a la Argentina. Y si bien resulta temerario acusar al gobierno por la muerte del fiscal Nisman, es evidente que, durante los últimos años, se fueron creando las condiciones propicias como para que este desenlace fuera posible y para que hoy, mal que le pese al país, nadie esté exento de sospechas.