Con absoluta naturalidad y una buena dosis de desparpajo, el presidente de River Plate pidió públicamente una audiencia con la Presidenta de la Nación para solicitarle que interceda y evite las duras penas deportivas -y seguramente judiciales- que le corresponden al club por los desmanes producidos el pasado domingo en el estadio y sus adyacencias. Ese día la casualidad hizo que no hubiera muertos. Pero millones de personas fueron testigos a través de la televisión de cómo se infringían normas deportivas y se cometían delitos flagrantes.
Daniel Passarella dijo que intentará hablar con Cristina Fernández de Kirchner y reconoció que esto forma parte de su estrategia tendiente a que al club no le resten puntos en el campeonato del Nacional B, no le suspendan el estadio por veinte fechas, ni le apliquen sanciones económicas.
¿Qué tiene que ver la Presidenta con un problema evidentemente deportivo y judicial? ¿Por qué el gobierno debería interceder por River? ¿Acaso no se produjeron situaciones similares en clubes menores y éstos debieron pagar las penas correspondientes?
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, fue el encargado de dar los primeros indicios de respuestas a estos interrogantes. A pesar de que la Justicia Penal y la AFA no dieron aún sus veredictos, el funcionario se mostró abiertamente en desacuerdo con que el club de Núñez reciba una sanción por los disturbios. Dijo que los castigos deberían recaer en los hinchas y dirigentes que fueron responsables, pero no en la institución.
Incluso, Fernández apuntó contra Mauricio Macri, por haber criticado el accionar de la Policía Federal en el operativo de la ciudad. En este caso, el jefe de Gabinete dijo que el jefe de Gobierno porteño tiene “un ojo azul y amarillo”, en obvia referencia a su simpatía por Boca Juniors.
¿Por qué el gobierno se entromete en el asunto y reacciona de esta manera? La respuesta es evidente: existen entre 12 y 14 millones de hinchas de River diseminados por todo el país y el poder político no parece dispuesto a permitir que tanta gente esté malhumorada, sobre todo cuando en poco más de tres meses habrá elecciones presidenciales en la Argentina.
A través de Aníbal Fernández, el gobierno está dando una verdadera cátedra de “populismo explícito”. De poco importan las sanciones aplicadas a otros clubes, las reglas deportivas, los videos que muestran a un dirigente riverplatense abriendo paso a barrabravas para que amenacen de muerte al árbitro del partido o los daños sufridos por vecinos de las adyacencias del estadio.
Lo importante para un gobierno populista pasa por aplicar medidas destinadas a ganar la simpatía de la población, aunque dichas decisiones sean contrarias a las reglas e instituciones de un Estado democrático. Las reglas, las leyes o la Justicia pasan a un segundo plano. Lo fundamental es preservar el poder y la hegemonía política a través de la popularidad entre las masas. Doce o catorce millones de posibles votantes malhumorados representan un problema. Y hay que solucionarlo. No importa cómo.