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La auditora general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, pidió dos meses de suspensión en sus funciones para la fiscal de Homicidios de Santa Fe, Cristina Ferraro, por su irregular accionar en la investigación vinculada con el asesinato del empresario Hugo Oldani, ocurrido el 11 de febrero de 2020 en pleno centro de la ciudad capital.
Mientras Vranicich pide dos meses de suspensión para Ferraro -la primera fiscal que actuó luego del asesinato-, en la Cámara de Diputados existe un pedido formal para que la Comisión de Asuntos Constitucionales cite a declarar por este mismo caso al fiscal regional, Carlos Arietti, y a la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, quien en un detallado informe describió el dudoso accionar de Ferraro en esta causa.
Además, el fiscal federal Walter Rodríguez inició una investigación judicial sobre Ferraro, al considerarla sospechosa del delito de encubrimiento de un supuesto negocio de intermediaciones financieras ilegales que se habría realizado en la oficina de Oldani. Es que según el testimonio de los involucrados, esta fiscal no sólo permitió que los familiares de Hugo Oldani retiraran de la empresa -la misma noche del homicidio- sumas millonarias en pesos y en dólares, sino que ocultó información a su colega Mariela Jiménez cuando ésta le consultó a Ferraro sobre el destino de ese dinero “desaparecido”.
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En agosto pasado, cuando la situación de Ferraro en el caso Oldani se convirtió en insostenible, el fiscal regional Arietti resolvió apartarla de la causa. En su lugar, comenzó a investigar el fiscal Gonzalo Iglesias, cuya conducta también está siendo evaluada porque el 29 de diciembre pasado ordenó la detención de un bioquímico de Santa Fe aduciendo que contaba con pruebas -alrededor de 600 llamadas telefónicas y mensajes- que jamás existieron.
Ferraro ante un tribunal
A partir del pedido de Vradicich, deberá conformarse un Tribunal de Disciplina para evaluar la conducta de Ferraro en la causa Oldani. Dicho Tribunal estará integrado por un senador -Armando Traferri, sospechado desde el MPA de haber mantenido vínculos con redes de juego clandestino-; una diputada -Lionella Cattalini, del socialismo-; un abogado, un fiscal regional y el fiscal general, Jorge Baclini. Ante este Tribunal, Vradicich acusará a Ferraro, mientras que la fiscal esgrimirá su defensa acompañada por su abogado.
El sistema plantea que la auditora general está en condiciones de pedir penas hasta un máximo de 60 días de suspensión. Si considerara que el caso amerita una pena mayor, entonces debería dar intervención a la Comisión Bicameral de Acuerdos en la Legislatura. Esta comisión actúa como acusadora, la fiscal se defiende y la comisión decide una sanción que, posteriormente, debe ser avalada por la Asamblea Legislativa.
Mientras avanza el procedimiento administrativo contra Ferraro y ante los datos que Aire Digital viene revelando sobre el caso Oldani y la participación de miembros del MPA, el diputado Carlos Del Frade pidió formalmente que el fiscal regional, Carlos Arietti, y la fiscal de Delitos Complejos, Mariela Jiménez, se presenten la Cámara baja para explicar lo sucedido en esta causa.
Las sospechas recaen sobre la participación en este caso de la fiscal de Homicidio, Cristina Ferraro; sobre policías de la Provincia y sobre el propio Arietti, quien a pesar de haber recibido informes sobre lo que estaba sucediendo nunca brindó explicaciones públicas de los hechos. Si bien apartó a Ferraro del caso Oldani, lo hizo un mes después de recibir esta información que se había mantenido en reserva por el Ministerio Público de la Acusación.
Del Frade explicó a Aire Digital que este pedido todavía no fue resuelto por los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Pablo Farías. Del Frade considera que, frente a la gravedad de los hechos planteados, Arietti y Jiménez deberían presentarse ante una comisión ampliada y con la participación de todos los presidentes de bloques.
Una sucesión de hechos irregulares
Apenas habían pasado unas horas del asesinato de Hugo Oldani, cuando la fiscal Ferraro y miembros de la familia del empresario llegaron a las oficinas de turismo ubicadas en la Galería Rivadavia, del centro santafesino.
Según revelan las primeras imágenes obtenidas por la Policía dentro de la empresa de Oldani, había más de 1.000.000 de dólares y 3.000.000 de pesos; además de una caja fuerte cerrada.
Según explica Jiménez en ese informe, la fiscal Cristina Ferraro le aseguró desde un principio que “desconocía qué había pasado -con el dinero- y que no había autorizado a los familiares de Oldani a retirar ningún elemento del local”. Sin embargo, luego fueron aparecieron evidencias que terminaron contradiciendo estas afirmaciones.
El primer desafío para Jiménez era descubrir qué había sucedido con esos pesos y esos dólares, más aun cuando todos los policías que habían actuado aseguraban que al retirarse de la oficina de Oldani habían dejado la puerta con una faja de seguridad.
Lo primero que hizo fue pedirle verbalmente a Cristina Ferraro el acceso a la cámaras de seguridad que se encontraban en la galería Rivadavia, “cuyo DVR había sido secuestrado por Homicidios”. Ferraro le respondió que las grabaciones estaba en manos del Organismo de Investigaciones del MPA.
“Me comuniqué telefónicamente con Rolando Galfrascoli, jefe de Inteligencia del Organismo de Investigaciones, quien me informa que el DVR secuestrado lo tenía la Agencia de Investigación por disposición de la Dra. Ferraro”, relata Jiménez a Arietti en su escrito.
Hasta el 11 de mayo de 2020 -tres meses después del homicidio- la fiscal Jiménez intentó por diversos medios acceder al contenido de las cámaras, pero finalmente ordenó el secuestro de estas imágenes que estaban en el domicilio particular de un policía que vive en San José del Rincón.
Una vez que accedió a las imágenes, la fiscal Jiménez sacó las siguientes conclusiones y se las informó a Arietti:
– El homicidio “podía ser visto con más claridad con la cámara identificada con el número 8. Pero hasta ese momento Agencia de Investigación Criminal sólo había extraído copia de la cámara 7, donde una columna que se encuentra en Ia galería, obstaculizaba la vista de lo ocurrido en el interior del local. A raíz de este hallazgo, en fecha 18/5/20 le envío un correo a la Dra. Ferraro acompañando Ia filmación de Ia cámara 8, y le remito también a usted dicha filmación”.
– La cámara 6 que toma el pasillo de la galería que desemboca en el hall que se encuentra frente al local de Oldani, dejó de funcionar a las 21.59 del día del homicidio. Desde la cámara 5 que se encuentra en Ia cochera se observa a tres efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. Uno de ellos “se agacha en el lugar donde se encontraría el DVR y en ese momento deja de funcionar Ia cámara 6″.
– La cámara 6 se conectó nuevamente a las 9.17 del día siguiente. Otra vez, desde la cámara 5 se observa a personal policial manipulando el DVR. Ese día, los policías les pidieron a los encargados de la Galería tener acceso a la oficina del DVR.
¿Quiénes se llevaron el dinero?
En el escrito presentado a Arietti, la fiscal Jiménez explicó que a las 23.56 del día del crimen “ingresa a la galería Rivadavia, por calle La Rioja, personal de la AIC junto con la Dra. Cristina Ferraro. En el lugar también se distingue a Virginia Oldani -hija de Hugo Oldani- , su esposo José Luis Hernández y otras personas cuya identidad se desconoce”.
Una vez terminadas las pericias, “con Ia cámara 8 se observa que a las 0.57, cuando todo el personal policial y civil se encontraba fuera del local comercial y cuando uno de los policías apoyado al lado de una columna levanta un papel, vuelven a ingresar con extrema premura a la oficina. En primer lugar José Luis Hernández, luego Virginia Oldani y por último una mujer cuya identidad se desconoce, mientras el resto del personal policial y Ia Dra. Ferraro permanecen en el hall”.
Jiménez cuenta que “Hernández, Oldani y la mujer mencionada, ingresan sin ningún bolso ni caja al lugar y que, posteriormente, a la 1.04, salen las tres personas del local cargando la mujer un bolso, Hernández una caja azul y una mochila y Virginia Oldani, un bolso. Luego se observa que un policía de AIC se acerca a la puerta del local y coloca la faja de seguridad”.
Luego, todos se retiran. Los funcionarios policiales y Ia fiscal Ferraro salen por calle La Rioja… Hernández, Virginia Oldani y la mujer cuya identidad se desconoce, junto a un hombre con camisa con logo de Ia empresa Shell y otra mujer, se retiran por el pasillo hacia la cochera con salida a calle Rivadavia. Con Ia cámara 1 se observa a los familiares de Oldani trasladando los bolsos.
Al observar estas imágenes, la fiscal Jiménez consultó a los policías sobre el dinero que se encontraba en el local: “Con mucha reticencia me dijeron que el dinero había sido retirado por los familiares luego del relevamiento pericial y con la autorización de Ia Dra. Ferraro”.
“Luego de obtener este informe y sin que comunicara yo lo que sabía a la Dra. Ferraro, al día siguiente ella me llamó a su oficina y me entregó copias simples de las declaraciones recibidas el 18 de febrero a Virginia Oldani, José Luis Hernández y Graciela Guadarrama (viuda de Oldani) en AIC Homicidios. En dichas declaraciones Virginia Oldani y Hernández manifiestan que esa misma noche retiraron el dinero en una mochila y dos portafolios con la autorización de Cristina Ferraro. Dijeron haberse llevado mencionando 500.000 dólares y 300.000 pesos”, explica Jiménez a Arietti.
Pero estas declaraciones no habían sido entregadas en un primer momento a Jiménez por parte de Ferraro, a pesar de que ella sabía lo que su colega estaba investigando.
¿Qué pasó con las computadoras de Turismo Oldani?
En el marco de sus investigaciones sobre posible lavado de dinero, Jiménez resolvió allanar el 22 de junio el local de Turismo Oldani. Cuando personal del Organismo de Investigaciones llegó a la oficina, sólo se encontró con tres de las cuatro computadoras que allí se utilizaban.
Entonces, consultó al Departamento de Análisis Digital Forense del Organismo de Investigaciones para saber si esa computadora estaba en manos de la fiscal Ferraro. Las respuestas fueron las siguientes:
– El 17 de febrero de 2020 Ferraro ordenó clonar los discos rígidos de las cuatro PC de escritorio. Sólo se clonaron dos por una cuestión de tiempo y se secuestraron las otras dos computadoras.
– El 21 de febrero “se produjo un borrado accidental de la clonación realizada sobre la PC 4”. Se consultó telefónicamente a Ferraro y ella ordenó que se realice una nueva clonación.
– El 26 de febrero personal de Agencia de Investigación Criminal (Homicidios) y de Análisis Digital Forense fue al local comercial junto a Virginia Oldani y clonó la PC 4.
– El 28 de febrero, la fiscal Ferraro ordenó a personal de la Agencia de Investigación Criminal que fuera al local Turismo Oldani “a fin de realizar comprobación de la conexión a Internet, ya que Virginia Oldani no podía conectarse en forma remota al local”. La policía cumplió la orden.
En la nota enviada a Carlos Arietti el 3 de julio de 2020, la fiscal Jiménez le recuerda que “procedí a poner en su conocimiento lo mencionado, ya que entendía que la investigación excedía el objeto procesal propio del lavado al considerar sospechosa la conducta de Ia Dra. Ferraro”.
“De la misma manera le manifesté que desde el inicio Ia Dra. Ferraro ante mi consulta sobre la faltante del dinero, me dijo que desconocía qué había pasado y que no había autorizado a los familiares de Oldani a retirar ningún elemento del local. Incluso luego de entregarme las declaraciones de Virginia Oldani, Graciela Guadarrama y José Luis Hernández, la Dra. Ferraro siguió negando haber autorizado Ia entrega del dinero, reconociendo sólo haber visto a Hernández con una caja azul en sus manos”, agregó Jiménez.
Finalmente, la fiscal le dice a su jefe Arietti: “Pero la situación se agravó aún más al tomar conocimiento que no sólo la familia había retirado el dinero, sino que también se le ordenó a personal policial constituirse en el lugar a fin de supervisar la conexión a internet para que Oldani pueda ingresar a Ia PC. Y esto último nunca me fue comunicado por parte de la Dra Ferraro, pese a que la misma sabía que me encontraba investigando el presunto lavado de activosy que la información que se podía encontrar en las PCs podía ser valiosa para la investigación”.
