Sebastián Creus, juez de la Cámara de Apelaciones Maiquel Torcatt / Aire Digital
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El caso del docente Juan Trigatti fue uno de los más resonantes de los últimos tiempos en la ciudad de Santa Fe. No solo por lo que significó esta denuncia por supuestos abusos sexuales en el jardín de infantes Ceferino Namuncurá —hace poco más de tres años—, sino por el hecho de que un tribunal lo terminó absolviendo de culpa y cargo después de haber permanecido ocho meses en la cárcel.
Al momento de absolverlo, los jueces Pablo Busaniche, Cecilia Labanca y Martín Torres adelantaron que enviarían todos los antecedentes del caso al Ministerio Público de la Acusación, para que este organismo investigue si los fiscales Alejandra Del Río Ayala —apartada de sus funciones en la Unidad Especial de Género antes del juicio— y Matías Broggi cometieron irregularidades en el modo de llevar adelante la causa.
Sin embargo, y más allá de este anuncio por parte de los jueces, el tiempo pasó y las actuaciones nunca fueron remitidas al MPA, por lo que la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich, solicitó formalmente al tribunal que enviara la documentación para iniciar las investigaciones pertinentes sobre el desempeño de los fiscales.
Luego de este pedido, al fin, los antecedentes del caso llegaron al MPA y, en este momento, se encuentran en manos de la Auditoría General del organismo, que evaluará las conductas de Del Río Ayala y Broggi.
En la sentencia de absolución, los jueces consideraron que durante la investigación del caso las niñas involucradas fueron revictimizadas y sus testimonios estuvieron contaminados.
Los magistrados sostuvieron también que, a raíz de la primera denuncia —difundida por redes sociales desde el día previo a que salga a la luz el caso—, se desató una “sugestión colectiva” que llevó a los padres de las menores a influenciar y contaminar el relato de las niñas.
Caso Juan Trigatti: recusan a un camarista
Mientras tanto, los fiscales del caso —Jorgelina Moser Ferro reemplazó a la apartada Del Río Ayala—, y la abogada que representa a las familias de las niñas supuestamente abusadas, Carolina Walker Torres; decidieron apelar la absolución dictada por el tribunal, ya que están convencidos de que el docente cometió delitos de abusos sexuales.
Cuando se supo que los camaristas designados para revisar el fallo iban a ser los jueces Jorge Andrés, como presidente del tribunal, Sebastián Creus y Alejandro Tizón; se produjo otra situación que generó nuevas demoras y planteó un marco de incertidumbre en el corto y mediano plazo.
Es que la abogada Walker Torres recusó a Sebastián Creus, por considerar que este juez no brinda las garantías de ecuanimidad en esta causa.
Por este motivo, la audiencia que estaba prevista para este 27 de diciembre se postergó para el año que viene, sin fecha precisa.
Ahora, se espera la decisión de Sebastián Creus: ¿aceptará el pedido de la abogada y se apartará del caso o sostendrá que no existen elementos como dar un paso al costado?
Fuentes consultadas por AIRE coincidieron en que el escrito de Walker Torres se encuentra en estos momentos en manos de Creus. Cualquiera sea la decisión que adopte este magistrado, deberá ser revisada por Jorge Andrés, Alejandro Tizón y un nuevo camarista designado especialmente para resolver este planteo.
A su vez, si Walker Torres no coincide con la postura de este tribunal, tendrá la posibilidad de interponer un recurso de apelación horizontal para que otros jueces revisen la decisión. Incluso, el tema puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Denuncias en el Colegio de Abogados
Una vez que se conoció la absolución de Trigatti, el profesor y su esposa, Fernanda De Luca, presentaron en el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Santa Fe una denuncia para que se investigue las conductas de Carolina Walker Torres y de su colega, Agustina Taboada, quienes participaron en este caso.
Walker Torres actuó como abogada querellante en esta causa, mientras que su socia en un estudio jurídico, Agustina Taboada, se desempeñaba en el Servicio de Niñez de la Municipalidad de Santa Fe.
En la denuncia inicial, Trigatti y De Luca sostuvieron que “la participación de la Dra. Agustina Taboada, como integrante de un organismo del Estado interviniente en las tres primeras denuncias del caso judicial, y su pertenencia al estudio jurídico que se constituye como querellante en la cuarta denuncia, arroja un manto de sospecha y puede resultar violatorio del Código de Ética Forense, como de los principios de ética profesional”.
“Se acreditó que Agustina Taboada entrevistó a tres niñas y a sus familiares y redactó informes a pedido de la fiscal Alejandra del Río Ayala (…) que fueron utilizados como fundamento para la imputación del profesor Juan Trigatti”, añadieron.
En definitiva, Walter Torres y Taboada eran socias en un estudio jurídico y, a la vez, abogadas personales de la fiscal Del Río Ayala.