A las 19.40 del 25 de junio de 2011, Amado Boudou vivió su momento de gloria. Nunca en la historia del país, el anuncio del nombre de un candidato a vicepresidente había concitado tamaña atención. A esa hora y en la Quinta de Olivos, Cristina Fernández de Kirchner develaba, por fin, que el entonces ministro de Economía sería su compañero de fórmula. Fue una decisión suya y sólo suya. Ni siquiera los más cercanos colaboradores supieron, hasta ese preciso instante, quién sería el elegido.
Todas las miradas se posaron, entonces, sobre un Amado sonriente y exultante. Atrás habían quedado otros potenciales contendientes en esta carrera por convertirse en vicepresidente de Cristina.
¿Cuáles habían sido los méritos de este hombre, de pasado en el centro-derecha, como para que la presidente decidiera ungirlo con tal reconocimiento?
En términos fácticos, Boudou había sido el gestor de la idea de la reestatización del sistema jubilatorio. Sin embargo, en su discurso, Cristina se encargó de dejar en claro que el máximo mérito de Amado pasaba por su lealtad.
Dos años y medio después, la presidente paga las consecuencias de aquella decisión personalísima y de ese anuncio con ribetes casi cinematográficos: Amado Boudou acaba de convertirse en el primer vicepresidente argentino que será citado por la Justicia en calidad de imputado por un caso de corrupción (la presentación espontánea de la fecha fue una puesta en escena).
Existen pruebas consistentes para suponer que, siendo ministro de Economía, favoreció a la empresa encargada de fabricar billetes, Ciccone Calcográfica, en el preciso momento en que ésta era controlada por una sociedad que integraban personas allegadas a él.
En noviembre de 2010, por ejemplo, Boudou logró que la Afip le otorgara una moratoria a esta empresa, que debía impuestos por unos 239 millones de pesos. El delito que se le imputa se encuadra en la figura de negociaciones incompatibles con la función pública.
No fue sencillo para la Justicia llegar a este punto y solicitar la indagatoria del vicepresidente en calidad de imputado. De hecho, durante estos dos años, Boudou y el gobierno dejaron en claro cuáles podían ser las consecuencias para aquellos que tuvieran la osadía de investigar.
En el camino quedó, por ejemplo, el ex procurador general de la Nación, Esteban Righi, quien por no impedir que los fiscales investigaran al vicepresidente terminó sufriendo la embestida de Boudou y debió renunciar a su cargo.
Nada le importó al gobierno que se tratara de un histórico del peronismo que, incluso, llegó a convertirse en ministro del Interior durante la presidencia de Héctor Cámpora en 1973.
Ahora, frente al pedido de indagatoria del vicepresidente, referentes del kirchnerismo volvieron a incurrir en una muletilla recurrente e inconsistente: acusan a la prensa de presionar sobre jueces y fiscales para perjudicar al gobierno.
Amado Boudou no es un funcionario más. Ante todo, porque llegó a la vicepresidencia por decisión exclusiva de Cristina Fernández. Pero, además, porque es el primero en la línea de sucesión presidencial en caso de que la mandataria dejara su cargo.
Frente a este panorama se impone la necesidad de que el vicepresidente solicite licencia en sus funciones, hasta que la Justicia aclare su situación. Y si él no lo hace, debería ser la presidente quien se lo ordene.
Mientras esto no ocurra, Cristina, y el país, pagan las consecuencias.
