En un llamativo esfuerzo de imaginación, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner comparó a los desaparecidos de la dictadura con los “goles secuestrados” por la empresa TSC (Televisión Satelital Codificada) durante los últimos años en la Argentina.
A esta altura de las circunstancias ni siquiera vale la pena explicar por qué resultó un verdadero bochorno institucional haber colocado en un mismo plano a los muertos y los goles, las balas y la pelota, el país ensangrentado y un estadio futbolero; a la Biblia y el calefón.
Lo que seguramente no tuvo en cuenta la presidenta fue que uno de los “secuestradores” estaba sentado a su lado, mientras que muchos de los cómplices del secuestrador aplaudían a rabiar a pocos metros del escenario. Es que nadie obligó a Grondona y a la dirigencia del fútbol a mantener durante tantos años este acuerdo con el monopolio que manejó la televisación del fútbol casi a su antojo.
No se trata de defender el sistema de transmisión televisiva que acaba de derrumbarse. De hecho, el acuerdo firmado entre la AFA y TSC resultaba prácticamente intolerable. Argentina se había convertido en el único país del mundo en el que los televidentes comunes estaban condenados a observar cómo en las tribunas los hinchas festejaban goles fantasmas.
Pero más allá de los esfuerzos argumentativos de la presidenta, ayer quedó claro que a Grondona y los suyos poco les importaban los “goles secuestrados”. Lo importante para ellos, antes y ahora, pasaba -pasa y pasará- por el dinero: “Ha nacido un nuevo orden dentro del fútbol argentino. Lo podemos hacer porque hemos sido escuchados y porque en ninguna mesa había una calculadora, sino que hubo sensibilidad para llevar el fútbol gratis a cada rincón del país”, dijo el presidente de la AFA.
Lo que Grondona intentó disimular fue justamente que ésta fue una puja de calculadoras. Por un lado, la del monopolio que sólo buscaba incrementar sus ganancias; por el otro, la de los clubes manejados por dirigentes cada vez más ricos a cargo de instituciones cada día más pobres. La ruptura entre la AFA y TSC se produjo porque la calculadora del fútbol indicaba que los clubes necesitan 600 millones de pesos anuales para sobrevivir.
Ahora que el Estado destinará este dinero para sostener a los clubes, el problema va más allá del fútbol, de la AFA o de TSC. Ahora sí es un problema de todos los argentinos, que solventarán a través de sus impuestos a instituciones deportivas absolutamente degradadas, sospechadas de corrupción y hasta de evasión al Fisco.
De lo que no se habló durante la firma del convenio fue del manejo que hasta ahora la dirigencia del fútbol hizo del dinero que recibía de la televisión. No se mencionaron términos repetidos hasta el cansancio durante los últimos años, como violencia, muertos o barrabravas. Nadie recordó que desde el año 2000 murieron 150 personas en hechos violentos relacionados con el fútbol y que pocas veces la dirigencia colaboró para que estos homicidios fueran esclarecidos.
En una entrevista realizada en AM 830 el 24 de abril pasado, el ex juez federal, Mariano Bergés, dijo a partir de su experiencia como magistrado que “el principal responsable” por la violencia en el fútbol “es el Estado, y a partir de allí tenemos que sumar a la Asociación del Fútbol Argentino. Después, dentro de la AFA, los dirigentes de cada uno de los clubes tienen responsabilidades capitales”.
Pero Bergés fue más a fondo: “Existe una gran mayoría de dirigentes que tienen algún tipo de vínculo con los barrabravas. Estoy hablando de vínculos concretos, de apañamiento. En algunos casos también de convivencia o acompañamiento con algún tipo de actividades delictivas que ellos realizan. Considero que básicamente el dirigente tiene una relación conniviente con los barrabravas o por lo menos relación de permiso. Y a partir de allí los barrabravas actúan”.
¿Qué garantiza ahora que el dinero de los contribuyentes no termine en bolsillos de barrabravas o de algunos dirigentes llamativamente enriquecidos?, ¿es que acaso será tan sencillo cortar la ligazón entre cierta dirigencia y los delincuentes?, ¿qué ocurrirá con las cifras millonarias adeudadas por los clubes al Fisco?, ¿los barras irán al próximo Mundial con fondos públicos?
No miente la Presidenta al decir que el fútbol es un inmenso negocio que debería dar ganancias, en lugar de pérdidas. Sin embargo, el gobierno acaba de asumir ahora una enorme responsabilidad que va mucho más allá de la calidad de las imágenes o la cantidad de cámaras instaladas en cada estadio.
Al menos por ahora, los 600 millones de pesos para sostener a los clubes saldrán de quienes pagan sus impuestos. Por eso, el negocio del fútbol en el país deberá mostrar racionalidad, honestidad y transparencia.
Alcanzar lo que hasta hoy parecían metas inalcanzables ya no sólo será tarea de Grondona y los suyos, sino del gobierno argentino. Si lo logra, el país se verá beneficiado. De lo contrario, llegará el momento de rendir cuentas.
