La decisión de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal es de sentido común. Lo que establece, básicamente, es que mientras la Justicia determina si es o no inconstitucional el artículo de la Ley de Medios que obliga a los grandes grupos periodísticos a “desinvertir” (vender algunas de sus tantas empresas), se mantiene el compás de espera en la aplicación de ese punto de la norma.
Una vez que la Justicia analice la cuestión de fondo y falle al respecto -respetando cada una de las instancias procesales-, se abrirán dos posibilidades: si concluye que ese artículo de la Ley de Medios no viola la Constitución, Clarín y el resto de los grupos periodísticos tendrán que acatar la decisión, como cualquier hijo de vecino. Y si la Justicia determina que la “desinversión” choca contra principios constitucionales, el gobierno deberá aceptar el fallo judicial.
Así funciona una república. Y punto. Todo lo demás, son fuegos de artificio que sólo buscan distraer y sacar la mirada del verdadero foco del asunto. Lo que importa no es la pelea gobierno-Clarín-medios no adictos. Lo que está en discusión es si un artículo, de una ley determinada, viola la Constitución. Pero el asunto fue tan manoseado, que muchos ni siquiera saben qué es lo que se discute.
Pocas horas antes de la decisión de la Cámara, la Comisión Permanente de Protección de la Independencia Judicial emitió un documento que fue calificado de las más diversas maneras: duro, tajante, terminante, contundente y hasta provocador.
Sin embargo, lo que se dijo en el documento fue simplemente que el Poder Judicial es un poder independiente del resto de los poderes. Ni más. Ni menos.
El problema no es lo que el documento plantea. El problema es, en realidad, que en la Argentina se han perdido la perspectiva y la capacidad de asombro. Por ese motivo, causa sorpresa un hecho tan natural como recordar cuáles son los principios elementales de la Constitución y de la República.