Esta nota fue publicada en AIRE DIGITAL.
Fueron dos años y ocho meses difíciles en materia de seguridad para la gestión de Omar Perotti. Mientras la cantidad de homicidios en el Gran Santa Fe descendió con relación a los peores momentos de la historia reciente; la ciudad de Rosario profundizó su marca de violencia para convertirse en verdadero baño de sangre.
Tan grave es la situación que Andrés Felipe Tobón Villada, exsecretario de Seguridad de la ciudad de Medellín, Colombia -la ciudad más violenta del planeta en la década de los noventa-, acaba de decir en AIRE que el fenómeno criminal en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, se sigue con atención a niveles internacionales.
Hasta el momento, ninguna de las políticas adoptadas por el Gobierno de Santa Fe dio los resultados esperados. Mientras tanto, la ausencia del Estado nacional para hacer frente al narcotráfico y al crimen organizado en el Gran Rosario resulta evidente, incomprensible e intolerable. Los gendarmes comprometidos aún no llegan y, para perseguir a los narcos y a los lavadores de dinero, apenas hay dos jueces federales en esa ciudad. Así, la derrota frente a las mafias está asegurada.
Un ministro que impulsa una nueva mirada del manejo policial
En este complejo escenario y a dos años y ocho meses del comienzo de esta gestión, el Gobierno de Santa Fe acaba de dar señales de claras de la decisión de encarar un cambio de 180 grados en el esquema de manejo, funcionamiento y toma de decisiones en la Policía de la Provincia.
No se trata de interpretaciones, sino de datos irrefutables. Durante 2020 y 2021 -gestión del exministro de Seguridad, Marcelo Sain-, este gobierno avanzó en un esquema de descentralización policial. Lo hizo por decretos. Y como para que no quedaran dudas, envió a la Legislatura de Santa Fe tres leyes para profundizar el rumbo.
Luego llegó la gestión el exministro Jorge Lagna, que mantuvo el esquema descentralizado de conducción de la Policía de Santa Fe.
Sin embargo, las primeras declaraciones del nuevo ministro del Seguridad, Rubén Rimoldi -que además es un policía retirado-, expresan -sin dar lugar a interpretaciones- la decisión de dar un giro en este sentido, en busca de los resultados que no aparecieron hasta el momento.
“La Policía está desguazada… Esta Policía se fue desarmando, desgranando. Está desarmada en sus comandos. Llegamos a tener un montón de mandos… En algún momento la Policía funcionó. Funcionó estructuralmente y nos brindaba mucha seguridad. Tenemos que adecuar lo que antes funcionaba a las nuevas políticas. Necesitamos que haya un mando único, un jefe de Policía que verdaderamente imponga las formas de trabajo”, dijo Rimoldi en el programa Creo, que se emite cada mañana en Aire de Santa Fe.
“En toda institución que tiene armas debe haber disciplina y estar formado un solo mando. No estamos inventando nada. Todas las fuerzas armadas y de seguridad funcionan de esa manera. Cuando la actual Agencia de Investigación Criminal era la Agrupación de Unidades Especiales, todos se sentaban en la misma mesa con el jefe. Pero hoy no tienen contacto”, insistió.
El manejo de la Policía desde el inicio de la gestión Perotti
Hasta este momento, la gestión de Omar Perotti había avanzado en el sentido opuesto a lo que plantea el nuevo ministro.
A través de distintos decretos, se crearon tres áreas claramente definidas:
– La Policía de Seguridad Preventiva, con un jefe a cargo y jefes en cada una de las Unidades Regionales.
– La Agencia de Investigación Criminal (la exPolicía de Investigaciones -PDI-, creada por el socialismo en 2014), a cargo de investigar los delitos y colaborar con la Justicia.
– La Agencia de Control Policial (exAsuntos Internos), encargada de controlar el desempeño de la Policía, sin depender del jefe de Provincia o del responsable de la AIC, sino con dependencia directa con un área específica del Ministerio de Seguridad.
En este esquema, el jefe de Policía de la Provincia de Santa Fe solo conduce -al menos hasta ahora- a la Policía de Seguridad Preventiva, pero no tiene injerencia directa sobre lo que hacen la AIC, las Tropas de Operaciones Especiales o la Agencia de Control Policial.
El objetivo de este esquema fue que existiera independencia entre cada una de estas áreas, bajo la coordinación del Ministerio de Seguridad. Ahora, el nuevo ministro adelantó que se avanzará en la unificación de “un solo mando”. Y para que no queden dudas, recordó que antes “todos se sentaban en la misma mesa con el jefe”.
Si bien la división del funcionamiento policial en tres áreas se realizó por decreto, el Poder Ejecutivo tenía pensado profundizar este rumbo, ya que en su momento se enviaron a la Legislatura tres proyectos de ley en este sentido. Los proyectos nunca fueron tratados y, luego del impulso inicial, el gobierno dejó de sostener -al menos públicamente- el debate sobre la necesidad de esta reforma.
Se puede estar a favor o en contra de la mirada del nuevo ministro de Seguridad. De lo que no quedan dudas, es que dejó claramente planteado su desacuerdo con la manera que se hicieron las cosas desde el inicio de esta gestión: “La Policía está desguazada”, respondió sin vueltas en su primera entrevista periodística.
Hasta el momento, las políticas encaradas en materia de Seguridad desde el Gobierno de Santa Fe no arrojaron los resultados esperados y, desde el Estado nacional, las autoridades no parecen tomar dimensión de la gravedad del problema.
Rosario se convirtió en un verdadero río de sangre con al menos 175 homicidios en lo que va del año, mafias que enfrentan abiertamente a los poderes del Estado, delincuentes que amenazan a quienes se atreven a enfrentarlos, lavadores de dinero que realizan grandes negocios, corrupción en cada uno de los pliegues sociales y una comunidad agobiada por el miedo y el dolor de las vidas perdidas.
El nuevo ministro de Seguridad de Santa Fe, Rubén Rimoldi, acaba de anunciar un fuerte cambio en el modo de gestionar la problemática desde el manejo de la Policía de la Provincia. Si en la práctica no logra plasmar su pensamiento, significará que existen dudas o divergencia de miradas dentro del mismo gobierno.
Ante un panorama desolador y frente a los riesgos crecientes, solo resta esperar que se adopten las decisiones adecuadas. De lo contrario, las experiencias demuestran claramente que la situación aún puede empeorar: en los noventa, Medellín llegó a tener un índice de 381 homicidios cada 100 mil habitantes.